El Gobierno colombiano anunció hoy una ofensiva para combatir la minería ilegal en el país que incluye un paquete de medidas legales y la creación de un grupo especializado en las Fuerzas Armadas y la Policía.
Los ministros de Minas, Tomás González; de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gabriel Vallejo; de Justicia, Yesid Reyes, y de Defensa, Luis Carlos Villegas, explicaron en una rueda de prensa que estas medidas incluyen el fortalecimiento de las penas contra quienes cometan ese delito.
Reyes aseguró que dentro del paquete de medidas “se ha ampliado la conducta delictiva” ya que ahora solo se penaba explorar y explotar “de manera contraria a la ley”.
Ahora los delitos se amplían a actividades como beneficios, transformación, transporte y almacenamiento de minerales. Además, se incluye la minería ilegal como una de las actividades que permiten el lavado de activos y “la configuración de un delito más amplio como es la financiación del terrorismo y delincuencia organizada”.
Reyes dijo que las mafias que operan en el país “suelen mutar con el paso del tiempo sus actividades al margen de la ley” por lo que han pasado de comerciar con marihuana a la cocaína y la heroína y ahora han puesto sus ojos en la minería ilegal.
Actualmente se considera que la minería ilegal, particularmente la explotación del oro, está reemplazando el narcotráfico como una de las principales actividades del crimen organizado y fuentes de financiación de las guerrillas en Colombia.
El Gobierno estima que las mafias de la minería ilegal recaudan aproximadamente 7 billones de pesos año (unos 2,450 millones de dólares).
Actualmente, 233 municipios en departamentos como Antioquia, Bolívar, Córdoba, Cauca, Chocó y Nariño tienen minas ilegales, según el Gobierno.
Por su parte, Villegas subrayó que aún van “a discutir cuál va a ser la estructura” con la que contarán las unidades de Policía y Ejército que se van a conformar para combatir la minería ilegal.
“Lo que pueden ver es una decisión renovada del Gobierno de luchar contra el crimen organizado, esta expresión de minería ilegal es una de las nuevas modalidades que han mutado en el crimen organizado en Colombia para financiar la violencia”, explicó.
El ministro de Minas y Energía, Tomás González, destacó que cuando se habla de la minería legal en Colombia se refieren a aquellos que tienen un título de explotación.
Según destacó, ante la nueva coyuntura quienes no tengan ese título tendrán tres posibilidades: la formalización, cambiar de actividad o el “castigo y la fuerza pública”.
Quienes se reintegren en la legalidad deben de hacerlo conforme a la ley, respetando elmedio ambiente, pagando las regalías oportunas y actuando en la legalidad para garantizar la seguridad de los empleados.
“Si no está dispuesto a hacerlo o cambia de actividad o va a tener el peso de la ley”, subrayó González.
Otro de los puntos que preocupan al Gobierno colombiano es el impacto ambiental que estas explotaciones tienen, ya que se estima que cuatro de los ocho núcleos de deforestación de Colombia coinciden con zonas de extracción ilícita de minerales.
Además, se cree que en 2013 se liberaron al ambiente 170 toneladas de mercurio, lo que generó graves impactos sobre la salud y los ecosistemas y más del 60 por ciento de las 41 zonas hidrográficas del país están siendo intervenidas por la extracción ilícita de minerales.
Por ello, Vallejo explicó que el nuevo sistema incluirá un plan ambiental para garantizar que estas explotaciones no causen daños en los ecosistemas.
“Tenemos la convicción que con esta ley y sanción del decreto damos un avance, un paso más en la continuación de esa lucha frontal para proteger nuestros ecosistemas”, concluyó
