Esta semana se hizo la primera reunión del comité técnico conformado por funcionarios de la Dian y representantes de la industria para revisar cómo mejorar la eficiencia de los trámites.
Al Pipe 2.0, esa nueva versión del Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo lanzado la semana pasada por el Gobierno Nacional, le faltó la x para que respondiera completamente a la estrategia de choque propuesta por la Asociación Colombiana de Minería, ACM, en su congreso hace un par de meses, a la que llamaron Pipex (Plan de Impulso para la Industria Extractiva).
Dice el presidente del gremio, Santiago Ángel Urdinola, que las medidas anunciadas en el mencionado plan satisfacen al sector, pero quedaron algunos aspectos estructurales y otros puntuales por fuera.
La noticia es que esta semana empezó a sesionar una mesa técnica conformada por funcionarios de la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales (Dian), empresarios y la ACM, para revisar qué ajustes se pueden hacer a las retenciones y devoluciones de los impuestos de renta y la contribución para la equidad (Cree) que le están quitando el sueño a los mineros.
La creación de este comité nació de una reunión entre Ángel Urdinola y Santiago Rojas Arroyo, presidente de la Dian, en abril.
La queja de las mineras es que las tarifas de retención para estas empresas es alta y que las devoluciones son engorrosas.
“Las retenciones de la industria minera y de la industria petrolera son las más altas de todas las industrias del país. Esto ha generado históricamente grandes saldos a favor de la industria, esta es plata que está en la Dian, mediante un procedimiento administrativo a los 50 días la plata me la tienen que devolver, pero esto tiene muchas trabas y demoras”, explica el dirigente gremial.
El dinero retenido puede llegar hasta los 100.000 millones de pesos para las mineras grandes y hasta 30.000 millones para las medianas.
Lo que buscan estas reuniones es que se logre, por ejemplo, reducir los tiempos de los trámites. “Si las empresas logran justificar la devolución en 20 días, no hay necesidad de que se demoren los 50 días, por ejemplo”, explica Ángel Urdinola.
El otro caballito de batalla de la ACM es el decreto 2418 de diciembre del 2013, que le añadió una retención del 1 por ciento a los ingresos por exportaciones de productos mineros. La petición es que se derogue este decreto, pues argumentan que es una sobrerretención que perjudica la caja de las empresas.
Por último, las compañías están pidiéndole a la Dian una reducción en los impuestos a los explosivos que hoy en día es del 23 por ciento sobre el valor y que le cuesta al año a las empresas unos 46 mil millones de pesos.
“Es como un impuesto parafiscal a la industria minera, porque son recursos que van para el Fosyga, porque la industria minera representa el 80 por ciento de la venta de lo explosivos”, dice el presidente de la ACM.
Estas peticiones se suman a otras relacionadas con eliminación del impuesto a la riqueza, modificaciones en los impuestos a los dividendos y el Cree que no están siendo analizados en el comité minero, pues hacen parte de la agenda del comité de expertos para la reforma estructural.
‘TRIBUTACIÓN DE MINERAS IMPULSADA POR ESTAMPILLAS’
El cambio en la distribución de las regalías que se dio con la Ley 1530 de 2012 ha traído un efecto colateral que preocupa a las empresas mineras.
De acuerdo con Santiago Ángel Urdinola, este cambio en la estructura ha llevado a que los municipios productores que vieron reducidos sus ingresos por el cambio suplieran el hueco generado con la creación de otro tipo de tributos locales.
“A raíz del cambio en la estructura de regalías se dispararon los impuestos territoriales, hay zonas en las que nos toca pagar hasta seis distintas estampillas, pro-niño, pro-hospital, pro-carretera, pro-agua limpia, y a esto se le suman los incrementos en impuestos prediales y de vehículos”, señaló.
Este tema estaría siendo analizado también en el comité de expertos de la reforma estructural.
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