El año pasado al menos tres compañías elevaron un recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para frenar el cobro del Impuesto Inmobiliario Minero, por entender que va en contra de la Ley de Inversiones Mineras sancionada a principios de los ‘90 y que les brindaba estabilidad fiscal por 30 años.

En septiembre de 2013, el Impuesto Inmobiliario Minero salió por votación resistida en la Cámara de Diputados santacruceña, pero sus detractores argumentan que el tributo vaya contra las reservas y no contra la renta, por lo que fueron varias las empresas que en aquel entonces amenazaron con parar sus planes de inversión, aunque no lo hicieron quizás, porque su margen de ganancia era aún en este contexto favorable.

Hasta hace algunos meses el Gobierno resistía al menos en declaraciones mediáticas, pero nunca se hizo público que haya ido a la Justicia con una contraofensiva por el incumplimiento de la ley.
En octubre de 2014 el legislador Martín Paiva (PJ) presentó un proyecto de ley que promueve acuerdos con las empresas mineras como alternativa al Impuesto Inmobiliario Minero del año 2013 y pretendía que los ingresos que se obtengan por los acuerdos sean destinados en un 50 por ciento al sostenimiento de la Caja de Previsión y la otra mitad, para fortalecer el presupuesto de Salud, “especialmente a los hospitales”.

Una salida en conjunto

Ante la judicialización del asunto y por la premura de generar recursos, el Gobierno envió al secretario de Estado de Ingresos Públicos, Favio Vásquez a la Cámara de Diputados, donde se reunió con Leonardo Alvarez, Rubén Contreras, Roberto Fernández, Silvio Suárez, Darío Galbán, Martín Sotomayor y el propio Paiva para buscar una salida en conjunto.
Lejos de la diatriba taxativa, los términos de ayer evidencian cómo se le bajó el tono a la confrontación con las mineras y ahora se busca
-pese las que se trata de recursos santacruceños- “generar condiciones para que las empresas mineras que operan en nuestra provincia quieran hacer el aporte que está necesitando nuestro pueblo”.

Ya la semana pasada el diputado Roberto Fernández rechazó el rol de Minera Triton en Gobernador Gregores, y advirtió a sus pares de Chubut “que sean cuidadosos al momento de entregarles la licencia social a Panamerican Silver”.

En ese marco, el Legislador del FPV adelantó que “estamos muy cerca de consensuar con el Ejecutivo provincial y la propia industria, una ley de acuerdos voluntarios que reemplace o suspenda el gravamen anterior” reconociendo que esta vez se hará “sin violar la estabilidad fiscal” y para “recaudar una suma importante en millones de pesos que debería volcarse a salud y educación”.

Vale recordar que actualmente, como lo establece la Ley Nacional de Inversiones Mineras, se paga hasta un 3% por el llamado “valor boca de mina”, equivalente al valor del mineral bruto menos los costos de producción.

Lo que pretende el acuerdo voluntario con la anuencia del Ejecutivo, es que las compañías paguen la diferencia hasta alcanzar el 3% del valor de comercialización del mineral refinado, un monto sustancialmente mayor, incluyendo tablas que elevaban gradualmente el porcentaje de contribución que deberán abonar las operadoras, que va desde el 0.25% al 1.50% más. Así, cuando el valor de mercado de la plata y el oro otorgue a las mineras una renta extraordinaria, la provincia percibirá un ingreso que podría elevarse hasta el 4.5%

Al margen, vale mencionar que el Gobierno santacruceño es de la idea de que el futuro Congreso Nacional modifique el Código Minero. Santa Cruz no tiene una empresa provincial minera, pero sí grandes corporaciones que explotan sus recursos naturales como Cerro Vanguardia, (AngloGold Ashanti), Triton (Pan American Silver), Minera Santa Cruz (Hochschild), Minera Andes y Goldcorp, todas en contra del Impuesto Inmobiliario.

Tiempo Sur

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