Luego de las protestas que realizaron hace una semana en una asamblea sindical algunos de los trabajadores mineros de la empresa Buenavista del Cobre, en Cananea, dicha firma negoció la liquidación económica de 30 de ellos, para acabar con la inconformidad por el tema del reparto de utilidades.

El líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Sonora, Javier Villarreal Gámez, agrupación a la cual está afiliado el sindicato minero que actualmente tiene el contrato colectivo de trabajo en la mina de Grupo México en Cananea, dijo que el reparto de utilidades que se entregó a los trabajadores el pasado 4 de mayo osciló entre 180 mil a 220 mil pesos por cada obrero.

Villarreal consideró que volvió la tranquilidad laboral a la principal productora de cobre en el país con el reparto de utilidades a los poco más de mil 400 trabajadores sindicalizados, así como la negociación de salida voluntaria de 30 personas inconformes.

Se dieron algunas inquietudes porque hubo una situación que provocó gente ajena a la planta, que promovían la peregrina idea de que les iban a tocar 500 mil pesos libres (de reparto de utilidades), pero eso era imposible, porque hubo una reducción en el precio internacional del cobre, de 25 a 30 por ciento, y eso afectó las utilidades, dijo Javier Villarreal.

Señaló que de parte de los trabajadores inconformes hubo intenciones de destituir al comité local del sindicato minero de la CTM, en Cananea, pero aseguró que esas inquietudes se desvanecieron al demostrarse, consideró, que no hubo algo irregular en el proceso de entrega del reparto, pues los trabajadores de esa población recibieron los más altos montos entregados en el país.

Aseguró que a pesar de ello la CTM inició un proceso para solicitar formalmente al Servicio de Administración Tributaria (SAT) una auditoría sobre dicho reparto, para demostrar que el cálculo de los montos fue bien elaborado.

Vamos a proceder, porque con un trabajador que esté inconforme con el reparto nosotros inmediatamente procedemos a la presentación del recurso de inconformidad, impugnamos ante la Secretaría de Hacienda y la dependencia tiene la obligación de hacer una auditoría a fondo, porque finalmente la instancia también sería afectada (si el cálculo del reparto de utilidades estuviera mal elaborado), porque no le estarían reportando los suficientes impuestos, entonces hay interés de la secretaría de revisar esta situación, subrayó.

La Jornada

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