Existe un balance favorable en el proceso de formalización de pequeños y medianos mineros en el país, aseguró hoy el alto comisionado en asuntos de Formalización de la Minería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental, Antonio Fernández Jerí.
Al destacar la necesidad de continuar con este proceso, indicó que hay algunos “resultados emergentes” en el sur del país, especialmente en la región Puno.
Reiteró, además, que existen 600 mineros participando actualmente en el nuevo marco normativo de formalización aprobado el año 2012 por el Estado.
El funcionario precisó que de acuerdo a información del Ministerio de Energía y Minas, hay aproximadamente 62 000 mineros informales y descartó que en total sean más de 350 000 como señaló el economista Hernando de Soto.
“Tenemos un balance favorable; en principio se ven algunos resultados emergentes en el sur, específicamente en Puno”, dijo en Canal N.
Indicó que los 600 mineros que han concluido el proceso de formalización, cuando eran informales ganaban 2 en la escala del 1 al 10; sin embargo, ahora que son formales, ganan 9 y hasta 10 en la misma escala.
Para graficar mejor este hecho, aseguró que un grupo importante de mineros formalizados vende actualmente oro certificado a Suiza con un importante margen de ganancia.
Asimismo, negó que el proceso de formalización demande más 1 260 días y una inversión de US$ 87 000 como señaló De Soto.
Precisó que la experiencia ha demostrado que acogerse a este proceso demanda el tercio del tiempo mencionado por el citado economista, y una inversión aproximada de US$ 10 000.
Indicó que esa inversión es similar a la necesaria para empezar a operar una empresa rentable en el Perú.
Fernández reconoció que las cifras de formalización podrían ser más altas, pero precisó que el proceso sufrió un retraso debido a la actitud poco proactiva de algunos gobiernos regionales.
Explicó que debido a la reciente competencia electoral, algunos gobiernos no cumplieron con ejecutar las acciones esperadas para contribuir con este esfuerzo.
Sin embargo, dijo que tras culminar la etapa electoral y con la elección de nuevas autoridades, el Estado espera una actitud más proactiva de las regiones en este tema.
“El Estado peruano, como nunca en gobiernos anteriores, ha tomado la decisión de generar marco normativo para criminalizar una actividad que hace mucho daño a ecosistema, explota recursos naturales, y genera evasión tributaria y delitos conexos”, comentó.
Subrayó que las metas para el presente año son erradicar completamente la minería ilegal de las zonas protegidas del país, mejorar el sistema de control de combustible e insumos, así como eliminar la trata de personas y otros delitos conexos.
Andina
