En el marco de la Cena Anual del Consejo Minero, el presidente ejecutivo de esta asociación que reúne a las empresas productoras de cobre, oro, plata y molibdeno de mayor tamaño que operan en Chile, Joaquín Villarino, ha reiterado la preocupación del sector por el hecho de que la ola de reformas que está impulsando el actual gobierno coincida con la pérdida de competitividad y productividad del país y de la industria minera en particular, y con la baja internacional que se está registrando en los precios a los que se negocian las materias primas.
La agenda de cambios en los ámbitos laboral, de agua, inversión extranjera, glaciares, biodiversidad y consulta indígena -ha mencionado el dirigente- modifican aspectos de un marco jurídico que ha permitido el desarrollo exitoso de la industria minera nacional durante prácticamente las últimas cuatro décadas, justo en momentos de un deterioro de precios e indicadores sectoriales.
Se trata por cierto de un llamado justificado desde un ámbito productivo clave pero que a nivel interno enfrenta desafíos como el alza en los costos de la energía, la escasez de recursos hídricos, una baja en las leyes de mineral, capital humano y una judicialización de proyectos que han contribuido a un deterioro en su productividad. Justamente, es en estos ámbitos donde parece razonable que en vez de introducir elementos de incertidumbre debieran redoblarse los esfuerzos de las instituciones públicas de forma tal de contribuir a una recuperación de la competitividad de la industria minera en Chile, de forma tal que pueda estar en mejor forma frente al término del “super ciclo” de las materias primas y contribuir aún más al desarrollo y bienestar en el país.
Diario Financiero
