Este lunes 11 de agosto la empresa canadiense Bear Creek Mining, presentó la solicitud formal para llevar al Estado Peruano a un proceso arbitraje comercial en el marco del Tratado de Libre Comercio suscrito por el Perú para defender sus intereses en el proyecto extractivo de plata, “Santa Ana” en la provincia de Chucuito.
La consecuencia de dicho procedimiento puede ser la imposición de una sanción económica multimillonaria en contra del Estado Peruano y en favor de Bear Creek. La determinación de la cuantía se realiza sumando la inversión total realizada por la empresa, las pérdidas económicas y la ganancia que la explotación que le iba a representar (futuras ganancias).
Consultado a la minera sobre la relación con la población aymara, Francisco Tamayo Angles, responsable de Relaciones Públicas de la minera Bear Creek, afirma que la empresa continúa en la búsqueda de la solución y existe la mejor la disposición de la empresa para cumplir con el propósito.
Considerando la posición de la empresa de continuar con la negociaciones mediante una solución amistosa, lo que se puede interpretar es que usan el arbitraje para presionar al Estado Peruano.
Un instrumento que la minera usará a su favor, es el fallo del Poder Judicial de fecha 12 de mayo del 2014, que dejó sin efecto el Decreto Supremo No. 032-2011-EM que anuló sus derechos en la zona y le devolvió la la concesión del proyecto minero Santa Ana, ubicado en el distrito de Huacullani de la provincia puneña de Chucuito.
La otra pieza del ajedrez económico-legal será indudablemente la inversión de la empresa en la mina. Según comunicó la empresa: “El proceso de permisos para el proyecto de plata, plomo y zinc Corani -el de mayor valor de Bear Creek- continúa avanzando a buen ritmo”.
