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Evalúan el futuro de minería en Panamá, tras ver experiencias en México y Perú

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Panamá.- La explotación minera en Panamá vuelve al tapete con el inicio de las discusiones de una mesa multisectorial que en 60 días presentará las líneas generales para el futuro, que puede ir desde una “moratoria” hasta una nueva regulación “inteligente”, tras recoger experiencias en México y Perú.

Luego de las violentas protestas de 2011 encabezadas por los indígenas Ngäbe Buglé, que lograron la derogación de la ley 8 sobre minería y la prohibición de su explotación en las comarcas indígenas y territorios anexos, quedó un “vacío” que la iniciativa privada se propone ayudar a llenar, explicó a Efe el director ejecutivo del Centro Nacional de Producción Más Limpia (CNP+L), Mauro Destro.

La ley 8 establecía un aumento en la regalía, cánones, tasas y multas para que las comunidades y comarcas aledañas a las concesiones mineras recibieran mucho más de lo que permitía el código anterior, que databa de 1963.

En ese sentido, la regalía por extracción de cobre, oro y plata subía del 2% al 5%, se sancionaría la minería ilegal hasta con 250.000 dólares, y las fianzas en las concesiones de exploración aumentaban de 10 centavos de dólar por hectárea a 50 dólares, pero todo ello quedó anulado.

El CNP+L, no gubernamental, ha logrado sentar a diez sectores involucrados, desde el Gobierno hasta las empresas, los ambientalistas, obreros, la Iglesia y los indígenas, para elaborar unos “lineamientos mínimos” que se transformen en una ley nacional en el Parlamento, dijo Destro, un catedrático universitario en Panamá de origen italiano.

Destro reconoció que en la mesa hay “argumentos delicados e importantes” que todos los sectores participantes en las conversaciones preliminares, iniciadas en mayo pasado, han comenzado a manejar con “tolerancia” y un “lenguaje común”, pese a haber “opiniones encontradas”.

El ejecutivo del CNP+L señaló que esto ha sido posible en parte porque han conocido realidades de otros países, como México y Perú, y porque todos han expuesto su visión sectorial en la fase de elaboración del reglamento del diálogo.

Además han hecho dos giras, una al proyecto en explotación de oro de Petaquilla y otra al de Minera Panamá, en construcción para la extracción de cobre, apuntó.

“Hay quienes todo lo veían malo y conocieron los aspectos buenos, y quienes creían todo lo contrario y ahora saben que sí hay efectos negativos”, detalló.

Los enfrentamientos de 2011, en los que hubo dos indígenas muertos y varias decenas de heridos, estallaron por la falta de consulta para la aprobación de la ley 8, que permitía la explotación de cobre en territorios indígenas.

En la mesa, que iniciará en los próximos un período de reuniones formales, se discutirán a profundidad y “esperemos que con altura”, opciones que van desde la moratoria “que se ha planteado ya”, hasta diseñar un modelo de explotación “responsable e inteligente” de los recursos minerales, dijo Destro.

Expresó que confía en que la presencia de los Ngäbe Buglé a través del Congreso General, su máxima autoridad, de las empresas mineras y del Ejecutivo panameño, sea una “muestra de interés de lograr un acuerdo”.

Destro consideró que una “moratoria” puede aprobarse, “pero para el futuro”, no para los contratos que ya están autorizados, por aquello de respetar la seguridad jurídica.

“Lo que sí está sin discusión es que es ridículo el actual canon que pagan las empresas al Estado panameño (2%), se tiene que elevar, y las empresas están conscientes y dispuestas para asegurar la paz social”, adelantó.

Lo lógico es que se garantice que el canon que paguen las compañías mineras beneficie primero a las comunidades afectadas por su actividad y se destine a fortalecer al sector primario, para la producción de alimentos, argumentó.

“Es absurdo que en Panamá el 4% del producto interior bruto lo genere el sector primario”, cuestionó Destro, para quien el país centroamericano tiene que definir su propio mecanismo de explotación minera por las características de su suelo, pero reconoció que es de tomar en cuenta el modelo preventivo de los peruanos.
Añadió que “siempre es mejor la prevención; curar cuesta más y es más dañino que prevenir”.

Otro elemento que resaltó es el proceso educativo y de divulgación, de lo que está carente el sector, desde la formación en la escuela primaria pues, pese al interés de gigantes de la minería desde 1970, sobre todo por los ricos yacimientos de cobre existentes, Panamá no cuenta con una escuela de ingenieros de minas.

Destro, desde hace seis años es responsable del CNP+L, también admitió que falta profundizar en el problema de la minería ilegal y furtiva que se da en los ríos panameños, en busca de oro, que causa estragos en los cauces por el envenenamiento de las aguas.

Detalló que, según datos oficiales, actualmente hay 16 contratos de concesión de minería metálica y 131 contratos de no metálica, que en conjunto generan unos 6.000 puestos de trabajo.

Fuente: EFE

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