Quito, 3 junio.-Hasta este jueves la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional deberá presentar el informe para segundo debate de las reformas a la Ley de Minería.
De acuerdo con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la mesa tiene hasta cuatro días, una vez terminada la sesión del primer debate, para procesar las propuestas que siguen llegando a la comisión.
Luego de la intensa discusión del pasado viernes, que se extendió hasta la noche, varios legisladores no solo en el pleno sino por escrito presentaron sus observaciones al texto, que fue remitido por el Ejecutivo como económico urgente.
En él, el régimen busca atraer la inversión extranjera en el sector minero con la reducción de los requisitos para obtener permisos a las actividades mineras, un endurecimiento en las sanciones a la minería ilegal y un techo del 8% a las regalías de la gran minería, la prohibición del uso del mercurio.
Además de viabilizar la adjudicación directa de proyectos a las empresas estatales de otros países.
Una vez que la comisión, presidida por el asambleísta de Alianza PAIS (AP) Oswaldo Larriva, entregue el informe la presidenta de la Asamblea Nacional, la también oficialista Gabriela Rivadeneira, en 48 horas podrá convocar al pleno para llevar adelante el segundo debate.
De acuerdo con los plazos de la ley que rige a la Asamblea, esta función tiene hasta el 15 de junio para aprobar la norma presentada por el Ejecutivo, de lo contrario esa reforma pasaría por el ministerio de la ley.
Entre las observaciones están las efectuadas por la legisladora del movimiento CREO, Mae Montaño, quien en su escrito, dirigido a Rivadeneira, cuestiona la excepción que se hace a las empresas estatales extranjeras (o sus subsidiarias, de economía mixta o en las que tengan participación mayoritaria) de los procesos de remates y subasta pública para el otorgamiento de las concesiones mineras. Además de que la celebración de contratos de prestación de servicios entre el Estado ecuatoriano con este tipo de compañías se pueda realizar en forma directa.
Montaño, que es la jefa de bloque de CREO (que tiene nueve representantes en la Asamblea y dos en alianza), también pidió cambios en la disposición que establece la facultad del Gobierno para utilizar el 60% de las regalías mineras, sin garantizar que serán destinadas al desarrollo local o para el manejo de los gobiernos seccionales.
Mientras que el asambleísta Arcadio Bustos (Sociedad Patriótica), en sus observaciones, pide que las auditarías ambientales de los proyectos sean presentadas anualmente y no cada dos años, que el pago de registro en caso de la transferencia de participaciones no sea del 1%, sino del 5% del valor de la transacción.
El legislador Henry Cucalón (del movimiento Madera de Guerrero) solicitó a la comisión que se establezca un artículo directo para que los gobiernos autónomos descentralizados municipales puedan emitir una autorización para la ejecución de actividades mineras, de minerales no metálicos, que vayan a desarrollarse en los lechos de ríos, lagos, playas de mar y canteras de su jurisdicción.
Cucalón también planteó que la destrucción de maquinaria utilizada para actividades mineras ilegales se realice solo luego del pronunciamiento de un juez, con la respectiva investigación de la Fiscalía.
De Alianza PAIS también se hacen observaciones al informe para primer debate. El legislador Juan Carlos Cassinelli, a diferencia de Cucalón, pide a la mesa retirar del texto el requisito de los permisos municipales, bajo el concepto constitucional de la celeridad procesal y así mantener lo enviado por el Ejecutivo.
Y sugiere poner mayor énfasis para que no tengan derechos mineros quienes tengan relación con empresas constituidas en paraísos fiscales.
Mientras que desde el movimiento indígena se anuncian acciones para analizar la casi segura aprobación del texto, sin consulta prelegislativa.
El parlamentario y dirigente shuar, José Acacho, señaló que insistirán en sus propuestas en la Asamblea para que, por ejemplo, se prohíba la minería a gran escala en territorios indígenas.
Sin embargo, adelantó que si esta reforma entra en vigencia demandarán su inconstitucionalidad en el país y presentarán recursos ante instancias internacionales por vulnerar los derechos de las comunidades indígenas.
Anunció la realización de procesos de socialización con las bases para explicar los alcances y efectos de este proyecto y que estas decidirán si tomarán acciones de protesta.
Este procedimiento es paralelo a la estrategia implementada por la Ecuarunari para la realización de los parlamentos plurinacionales para discutir este y otros temas. El primero se realizará este miércoles en Cuenca, y aún se trabaja en la organización de encuentros similares en el centro del país y en la provincia de Imbabura.
Tratamiento
El Ejecutivo envió a la Asamblea con carácter de urgente en materia económica el proyecto de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Minería, el pasado 16 de mayo. El 20 de ese mismo mes, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) dispuso que la Comisión de Régimen Económico y Tributario inicie su tratamiento.
Plazos
El pasado 26 de mayo se realizó la socialización entre asambleístas y comunidades de las provincias del Azuay y Zamora Chinchipe. El viernes anterior se trató el informe para primer debate del proyecto. El plazo para devolverlo al Ejecutivo vence el 15 de junio.
