alapa, Ver. La organización Greenpeace Mexico junto con las agrupaciones Madres Veracruzanas contra Laguna Verde y la Asamblea Veracruzana de Iniciativas de Defensa Ambiental (Avida) pidieron a los ayuntamientos de Actopan y Alto Lucero negar el cambio de uso de suelo para la ubicación de una mina extractora de oro que podría dañar la estructura de la central nucleoeléctrica.
El proyecto denominado Caballo Blanco, cuya minera responsable es parte del grupo canadiense Goldengroup Mining, está en fase de exploración pero ya se realizan detonaciones para perforar cerros y a largo plazo, las detonaciones que ocasionan movimientos telúricos de 4 y 5 grados en la escala de Ritcher en la zona, es una amenaza para la seguridad nacional pues la mina está a sólo tres kilómetros del complejo de Laguna Verde.
Juan Manuel González, representante de Avida afirmó que según el proyecto que desarrollará la Minera Cardel, filial mexicana de la transnacional Goldengroup Mining, en los municipios de Alto Lucero y Actopan se perforarán 19 kilómetros de extensión para extraer oro.
Lo anterior pese a que la actividad minera en ese punto es violatorio del Programa de Emergencia Radiológica Externa (PERE) el cual establece un perímetro de 16 kilómetros de protección alrededor de Laguna Verde para no desarrollar ninguna actividad que ocasione un impacto directo a la estabilidad del suelo.
Abundó que se tiene información de que en los próximos 10 años la minera realizará detonaciones diarias de explosivos como parte de la excavación y eso generará movimientos en el subsuelo de 4 y 5 grados en la escala de Ritcher, “lo que representa un riesgo extremo no sólo para los pobladores de las comunidades aledañas cuyas viviendas serán afectadas o a la infraestructura pública, sino directamente a la estructura del complejo nucleoeléctrico”.
La operación de la mina Caballo Blanco, denominada así por el nombre de uno de los cerros que serán perforados, arriesga la seguridad nacional porque podría ocasionar un accidente en Laguna Verde que derive en fuga de radiactividad y por ello, la petición es que el gobierno de Veracruz y los ayuntamientos de Alto Lucero y Actopan, nieguen el cambio de uso de suelo para la actividad minera.
“Una mina operada por una transnacional no trae ni riqueza ni abundancia sino degradación de los ecosistemas y devastación de los bosques, eso sucederá en ambos municipios”, añadió.
Adicionalmente advirtió que si en la actualidad durante la fase de exploración de yacimientos la minera usa 4 mil litros de agua para “lavar” toneladas de tierra y piedra extraída pero durante su operación formal serán 20 mil litros de agua diariamente, lo que provocará un desabasto del líquido en toda la región.
“El beneficio es poco porque los empleos que se generen serán para jornaleros o mineros con sueldos no mayores a los 300 pesos mensuales pues todos los técnicos e ingenieros son traídos del extranjero y como sucede en la actividad minera, las prestaciones y seguridad para los mineros son paupérrimos. No vale el riesgo ni en materia de ecosistemas locales ni en seguridad nacional por la vulnerabilidad en que pone a la central de Laguna Verde”, reiteró el activista.
Por su lado, Beatriz Olivera Villa, coordinadora de la Campaña de Energía y Cambio Climático de Greenpeace México, llamó al gobierno estatal y a los integrantes del congreso veracruzano para presionar a que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cumpla el punto de acuerdo emitido por el Senado de la República el pasado 17 de agosto en el que exhorta a la paraestatal a garantizar la salud y seguridad de los trabajadores de la planta y los pobladores de los municipios aledaños.
También pidió que se exija la elaboración de un barrido epidemiológico en toda la región para confirmar si los 108 casos de cáncer y 30 defunciones por la misma enfermedad que se tienen documentados en el municipio de Vega de Alatorre, derivaron de la exposición de los lugareños a la radiación emitida por Laguna Verde.
