Ley MAPE: Galarreta defiende nueva propuesta de formalización minera en Perú

Luis Galarreta tiene un problema de credibilidad que va más allá de las palabras. El presidente del Consejo de Ministros salió a defender la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal — la llamada Ley MAPE — negando que la propuesta sea una nueva versión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Pero la pregunta que nadie en el sector quiere dejar sin respuesta es la siguiente: ¿qué garantiza que este régimen de consolidación, que extendería el plazo de formalización hasta junio de 2028, no termine igual que sus antecesores?

La defensa oficial y lo que no convence

Galarreta argumentó que la Ley MAPE representa un esfuerzo estructural distinto al Reinfo, el registro que durante años funcionó como paraguas legal para mineros informales que nunca concluyeron su proceso de formalización. El premier presentó la propuesta como un mecanismo de consolidación, no de prórroga indefinida, orientado a los aproximadamente 30,000 inscritos que aún tienen trámites pendientes dentro del sistema actual.

La distinción semántica no basta. El Reinfo fue concebido también como una solución temporal y estructural. Nació en 2012 con el Decreto Legislativo 1105, se amplió en 2014, se prorrogó en 2016, se modificó en 2018 y siguió extendiéndose bajo distintas administraciones. El resultado: más de una década después, Perú tiene entre 50,000 y 70,000 mineros artesanales e informales que operan en una zona gris legal que el Estado no ha podido resolver ni erradicar.

La historia legislativa peruana en materia de minería artesanal e informal es, en esencia, la historia de plazos que no se cumplen y regímenes que se acumulan sin cerrar. Eso es lo que está detrás de la desconfianza que enfrenta Galarreta.

Qué propone la Ley MAPE y dónde están los riesgos

El proyecto establece un régimen de consolidación que permitiría a los mineros inscritos en los registros actuales completar su proceso de formalización antes del 30 de junio de 2028. La propuesta diferencia formalmente entre pequeña minería y minería artesanal, con requisitos distintos según escala de operación, capacidad de procesamiento y ubicación geográfica.

El marco regulatorio peruano ya establece esa distinción. La pequeña minería opera con hasta 350 hectáreas de concesión y una capacidad de tratamiento de hasta 350 toneladas métricas por día. La minería artesanal trabaja con hasta 1,000 hectáreas en régimen de concesión o en zonas de minería artesanal, con un tope de 25 toneladas diarias. En la práctica, la separación es permanentemente violada por operadores que no califican para ninguna categoría pero utilizan los registros para evadir fiscalización.

Ahí está el primer riesgo real de la Ley MAPE: si los criterios de elegibilidad no se aplican con rigor desde la implementación, el régimen de consolidación se convierte automáticamente en un nuevo paraguas de protección temporal. Dos años y medio de plazo — hasta junio de 2028 — es tiempo suficiente para que los incentivos perversos del sistema actual se reproduzcan.

El segundo riesgo es operativo. La formalización minera en Perú no falla por ausencia de voluntad declarada — falla por capacidad institucional. El Ministerio de Energía y Minas (Minem), los gobiernos regionales y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) han demostrado sistemáticamente que no tienen el músculo institucional para procesar decenas de miles de expedientes en los plazos que establece la ley. Ampliar el plazo sin ampliar esa capacidad reproduce el problema.

El Reinfo como espejo incómodo

Para entender la magnitud del escepticismo, conviene dimensionar el fracaso del Reinfo. El registro fue diseñado para ser una puerta de entrada, no una residencia permanente. Los mineros debían inscribirse, avanzar en sus trámites de formalización y graduarse del sistema dentro de los plazos establecidos. Lo que ocurrió fue distinto: el Reinfo se convirtió en un estatus que confería protección legal sin exigir resultados concretos.

A principios de 2024, el Ministerio de Energía y Minas identificó que una fracción significativa de los inscritos en el Reinfo no había completado ninguna de las etapas requeridas del proceso de formalización. Algunos llevaban más de diez años registrados sin avances verificables. Otros utilizaban la inscripción para operar en zonas prohibidas — áreas naturales protegidas, territorios de comunidades indígenas, zonas de amortiguamiento — donde la actividad minera está expresamente vedada.

La ilegalidad que el Reinfo debía erradicar no desapareció. En algunos casos, el registro le dio cobertura institucional. Eso es lo que Galarreta necesita demostrar que la Ley MAPE no va a repetir.

Impacto en la confianza inversionista y en la minería formal

La discusión sobre la Ley MAPE no es solo un debate de política social o de gestión estatal. Tiene consecuencias directas sobre la industria minera formal y sobre la percepción de riesgo regulatorio que manejan los inversionistas institucionales que monitorean Perú.

La minería artesanal e informal opera frecuentemente en las inmediaciones de concesiones de empresas formales, generando conflictos de superposición territorial que ningún régimen de los últimos veinte años ha resuelto. Las operaciones de Buenaventura en Madre de Dios, la presión sobre el corredor minero del sur y los conflictos en zonas auríferas del norte de Perú tienen una dimensión de minería informal que la ley vigente no controla con efectividad.

Para un inversionista que evalúa Perú — con una cartera de proyectos que supera los US$53,000 millones según datos del Minem — la persistencia de la informalidad es un indicador de débil estado de derecho. No porque la Ley MAPE afecte directamente sus concesiones, sino porque la incapacidad del Estado para resolver este problema en más de una década envía una señal sobre su capacidad para cumplir cualquier compromiso regulatorio.

Southern Copper, Freeport-McMoRan y Anglo American — que opera Quellaveco en plena capacidad desde 2024 — tienen equipos jurídicos que leen estas señales con atención. La informalidad que coexiste con la incapacidad estatal de formalizarla es un riesgo sistémico, no solo un problema social.

Lo que el gobierno necesita demostrar antes de 2028

Si el gobierno de Dina Boluarte quiere que la Ley MAPE sea recordada como algo distinto al Reinfo, tiene que resolver tres cosas que sus predecesores nunca resolvieron.

Primero, mecanismos de exclusión efectivos. La ley debe establecer con precisión qué ocurre con los mineros que no cumplen los requisitos dentro del plazo. No puede haber una cuarta prórroga en 2028. Si el Estado no demuestra voluntad de excluir a quienes incumplen, el régimen de consolidación es letra muerta.

Segundo, capacidad institucional verificable. El Minem y los gobiernos regionales deben tener los recursos humanos y tecnológicos para procesar 30,000 expedientes en dos años y medio. Eso requiere presupuesto, digitalización de trámites y coordinación intergubernamental que hoy no existe a la escala necesaria.

Tercero, fiscalización con consecuencias. El OEFA necesita autoridad real y recursos para verificar que quienes operan bajo el régimen de consolidación cumplen efectivamente con los estándares ambientales y laborales exigidos. Sin fiscalización, la formalización es un título en papel.

Galarreta negó que la Ley MAPE sea un nuevo Reinfo. Tiene hasta junio de 2028 para demostrarlo. La industria formal, los inversionistas y las comunidades que conviven con la minería artesanal llevan décadas esperando que alguien en Lima cumpla esa promesa.