CAMIMEX y el IMTA firman convenio para impulsar la innovación y la sustentabilidad hídrica en la minería

 

El agua fue siempre el argumento que la minería perdía antes de llegar al debate. Con la firma del Convenio Marco de Colaboración entre CAMIMEX y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), el sector da un paso concreto para construir el argumento científico que le faltaba: no promesas de responsabilidad hídrica, sino investigación aplicada con respaldo institucional del Estado mexicano.

El convenio lo suscribieron Karen Lucía Flores Arredondo, directora general de CAMIMEX, y Patricia Guadalupe Herrera Ascencio, directora general del IMTA. Como testigos de honor, Pedro Rivero González, presidente de CAMIMEX, y Fernando José Aboitiz Saro, titular de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas de la Secretaría de Economía. La presencia de Economía no es protocolar: es la señal de que el gobierno de Claudia Sheinbaum respalda activamente la narrativa de minería compatible con gestión hídrica responsable, una apuesta que va más allá del simbolismo cuando México enfrenta negociaciones activas con Estados Unidos en materia de minerales críticos.

El problema real que este convenio intenta atacar

Decir que la minería mexicana usa solo el 0.27% del agua concesionada en el país no cierra ningún conflicto comunitario en Sonora o Zacatecas. Los datos de uso agregado no viajan bien a nivel local. Una comunidad en la cuenca del Río Sonora no procesa porcentajes nacionales; procesa lo que ve en su arroyo, su pozo o su sistema municipal. Ahí está el déficit que ningún comunicado de CAMIMEX había podido resolver.

El convenio con el IMTA apunta exactamente a ese vacío. No se trata de relaciones públicas: el IMTA es el organismo de investigación aplicada más especializado en recursos hídricos del país, con capacidad técnica para generar metodologías, protocolos y herramientas que las empresas mineras puedan implementar a escala operativa. La directora del IMTA fue directa al respecto: el conocimiento científico para atender los retos hídricos de la minería ya existe en México. Lo que faltaba era la coordinación formal para ponerlo a trabajar en el sector.

Entre las líneas concretas de colaboración que establece el convenio están los estudios y proyectos de gestión integral del agua, la organización de capacitación técnica —cursos, talleres, seminarios— y la elaboración y revisión de manuales, metodologías y herramientas para el manejo del recurso hídrico. Es decir: no solo diagnóstico, sino instrumentos aplicables en campo.

Sonora y Zacatecas: donde este acuerdo tiene más que demostrar

Los dos estados que concentran el grueso de la producción minera mexicana —Sonora con cerca del 45% y Zacatecas con alrededor del 33% de la plata nacional— son también los que acumulan la mayor tensión hídrica del sector. Buenavista del Cobre, de Grupo México, sigue cargando el peso reputacional del derrame de 2014 en el Río Sonora. Peñasquito, de Newmont, vivió en 2023 un paro de 45 días en el que el agua fue parte del diferendo con la comunidad de Cedros. Juanicipio, la joya de la corona de MAG Silver y Fresnillo PLC, opera en una región donde la competencia por el recurso hídrico con el sector agropecuario no ha desaparecido.

En ese contexto, que el IMTA genere metodologías de gestión hídrica diseñadas específicamente para condiciones de operación minera en zonas semiáridas —que es donde se concentra la actividad en México— tiene un valor técnico y estratégico que va más allá del acuerdo de colaboración en sí. Las empresas que adopten primero esas metodologías no solo reducirán riesgos operativos: mejorarán su posición frente a la Ley de Aguas 2026, cuyas nuevas obligaciones de gestión hídrica aún están siendo digeridas por el sector.

La Ley de Aguas 2026 impone requerimientos más estrictos de reporte, monitoreo y justificación de uso del recurso. Las empresas que lleguen a ese régimen con protocolos técnicos validados por el IMTA tendrán una ventaja regulatoria real frente a las que lleguen con declaraciones de buenas intenciones.

La dimensión geopolítica: agua, minerales críticos y soberanía

Fernando Aboitiz Saro, de la Secretaría de Economía, conectó explícitamente este convenio con el posicionamiento de México como primer productor mundial de plata y con la soberanía productiva del país. Esa conexión no es retórica. En la mesa de negociaciones del Plan México-EUA de Minerales Críticos —suscrito el 4 de febrero de 2026— la gestión ambiental y hídrica de los proyectos mineros mexicanos es uno de los temas de fondo que Estados Unidos observa.

Washington no va a financiar ni a garantizar cadenas de suministro de minerales críticos que enfrenten riesgos regulatorios o comunitarios por gestión hídrica deficiente. Los fondos del Departamento de Estado y el DFC que están sobre la mesa para proyectos en México vienen acompañados de estándares ambientales que se acercan cada vez más a los marcos ESG que exige el TSX en Toronto o el ICMM a nivel global. Un convenio entre CAMIMEX y el IMTA que produzca metodologías de gestión hídrica verificables y replicables es, en ese contexto, también un argumento de política exterior para el sector.

El 70% que nadie discute y el 30% que todos disputan

Que el 70% del agua que usa la minería mexicana provenga de fuentes recicladas es un dato que el sector repite con razón. Las más de 100 plantas de tratamiento de agua operando en 16 estados son infraestructura real, no proyección. Pero el 30% restante —agua fresca extraída de acuíferos o cuerpos superficiales— es donde se concentra la fricción con comunidades, gobiernos estatales y organismos de cuenca.

El IMTA tiene capacidad para generar investigación aplicada sobre ese 30%: modelos de recarga de acuíferos, protocolos de monitoreo de impacto en cuerpos de agua superficial, metodologías de balance hídrico para cuencas con alta actividad minera. Eso es lo que la industria necesita para convertir los datos agregados de uso eficiente en evidencia técnica que soporte la licencia social operación por operación, cuenca por cuenca.

Pedro Rivero González lo planteó en términos que difícilmente se pueden objetar desde una posición técnica: el agua y los minerales deben coexistir de manera responsable, con el respaldo de la ciencia y la tecnología. La frase tiene peso porque Rivero preside una cámara que representa empresas con operaciones en zonas de estrés hídrico severo, y porque la firma del convenio ocurre en un momento en que la Ley de Aguas 2026 empieza a generar obligaciones concretas.

Lo que el convenio no resuelve — todavía

Un marco de colaboración es exactamente eso: un marco. Las líneas de trabajo acordadas —estudios, capacitación, manuales, asesoría técnica— tienen que traducirse en proyectos concretos con calendarios, presupuestos y métricas de resultado. El riesgo de un convenio de esta naturaleza es que quede en el nivel de la intención institucional sin descender al nivel operativo donde se toman las decisiones de inversión hídrica en una mina.

El sector necesita saber, en los próximos meses, cuáles serán los primeros proyectos de investigación aplicada que emerjan de esta alianza, qué estados o cuencas serán piloto, y cómo se transferirán los resultados a las empresas operadoras —incluyendo las medianas y pequeñas, que no tienen los departamentos de sostenibilidad de un Newmont o un Grupo México para procesar metodologías técnicas complejas.

El IMTA tiene las capacidades. CAMIMEX tiene el acceso al sector. La Secretaría de Economía puso su firma como aval político. Lo que sigue determinará si este convenio produce ciencia aplicada que cambia prácticas operativas, o si se convierte en un antecedente bien intencionado que nadie implementó. Para una industria que produce una de cada cuatro onzas de plata del mundo y que necesita renovar su licencia social en cada ciclo electoral, la diferencia entre ambos escenarios no es menor.