Londres enfrenta juicio histórico: el sistema de certificación de oro de 276 años ante la prueba de responsabilidad minera

El 7 de octubre de 2026, la London Bullion Market Association (LBMA) comparecerá ante el High Court de Londres para defender un principio que nadie había cuestionado en casi tres siglos: que las reglas que determinan qué oro puede negociarse en el mercado más grande del mundo no generan responsabilidad legal frente a quienes extraen ese metal en condiciones de violencia. La demanda la presentan representantes de dos mineros artesanales tanzanos supuestamente asesinados en 2019 en la mina North Mara. El resultado de este juicio no es solo un asunto de litigación corporativa. Es una prueba de estrés al andamiaje institucional del oro físico global.

Un sistema de 276 años en el banquillo

El London Good Delivery (LGD) es el estándar técnico y ético que rige la aceptación de barras de oro en el mercado de Londres. Data de 1750. Una barra que no cumple los requisitos del LGD — en peso, pureza, refinador certificado y cadena de custodia — simplemente no puede negociarse en el mercado interbancario londinense. Durante generaciones, ese mecanismo funcionó como control de calidad técnico. La demanda presentada ante el High Court propone una lectura radicalmente distinta: que operar ese sistema equivale a ejercer una función de supervisión sobre la cadena minera completa y que, por tanto, la LBMA debió anticipar y prevenir los abusos que habrían ocurrido en North Mara.

North Mara es una mina de oro en Tanzania operada por una subsidiaria de Barrick Gold. Ha sido objeto de denuncias recurrentes de violencia entre guardias de seguridad y mineros artesanales — llamados intrusos por la operadora — que ingresan al sitio en busca de minerales. Amnistía Internacional documentó incidentes mortales. Los hechos de 2019 que motivan esta demanda forman parte de esa historia de conflicto persistente. Barrick, como empresa operadora, enfrenta sus propios frentes legales. Pero la novedad de este caso es que el demandante apunta a la LBMA — un organismo de estándares, no una minera — como entidad con deber de cuidado (duty of care) sobre lo que ocurre en las minas cuyos refinadores están acreditados bajo su sistema.

La arquitectura legal que se pone a prueba

El concepto anglosajón de duty of care es expansivo pero no ilimitado. Para que un tribunal lo reconozca, deben concurrir tres elementos: que el daño fuera previsible, que exista proximidad entre las partes y que sea justo, razonable y equitativo imponerlo. La LBMA argumentará que no cumple ninguno de estos criterios respecto a lo que ocurre en minas de terceros países. La demandante sostendrá lo contrario: que la LBMA tenía conocimiento de los riesgos en North Mara, que su acreditación de refinadores en esa cadena crea una relación de proximidad suficiente y que un organismo con poder para excluir a actores del mercado más líquido del mundo tiene, en consecuencia, obligación de usarlo.

Ese argumento estructural es lo que hace el caso tan incómodo para el sector. No se trata de negligencia operativa ni de una violación ambiental puntual. Se trata de si el poder de mercado — la capacidad de un organismo de estándares de decidir quién puede vender y quién no — genera responsabilidad jurídica frente a los eslabones más débiles de la cadena. Si el High Court admite esa lógica, el perímetro legal de organizaciones como la LBMA se expande de manera que ningún modelo de gobernanza actual contempla.

Tanzania y el contexto de la minería artesanal

Tanzania produce alrededor de 50 toneladas de oro al año. Una fracción significativa proviene de la minería artesanal y en pequeña escala (MAPE), que emplea a más de un millón de personas en el país según estimaciones del World Gold Council. La coexistencia de operaciones industriales a gran escala — como North Mara — con comunidades de mineros artesanales que trabajan en sus perímetros es una fuente crónica de conflicto en toda África subsahariana. Ghana, Mali, la República Democrática del Congo y Tanzania comparten el mismo patrón: zonas de alta densidad aurífera donde la formalidad industrial y la subsistencia artesanal colisionan sin marcos de mediación eficientes.

El gobierno tanzano de John Magufuli reformó la regulación minera en 2017, intentando centralizar regalías y aumentar el control estatal. Bajo Samia Suluhu Hassan, el tono ha sido más pragmático con la inversión extranjera, pero los problemas de convivencia entre minería industrial y artesanal persisten estructuralmente. Ninguna reforma tributaria resuelve la tensión en el perímetro de una mina cuando no existe protocolo claro de gestión de acceso.

El mercado londinense y sus implicaciones regulatorias

Londres concentra el mayor volumen de negociación de oro físico del mundo. El mercado OTC londinense — donde la LBMA establece el Gold Price dos veces al día — mueve un promedio de 37 millones de onzas troy diarias en valores de compensación. No es un mercado de futuros. Es el mercado de referencia para el oro físico real. La acreditación Good Delivery es, en ese contexto, el pasaporte de entrada al sistema financiero global para cualquier refinador.

La LBMA ya implementó su Responsible Sourcing Programme en 2012 y lo ha reforzado sucesivamente. Los refinadores acreditados deben cumplir con estándares OCDE de debida diligencia en cadenas de suministro de minerales de zonas de conflicto. Existen auditorías. Existe documentación. Pero el argumento de la demanda no cuestiona si los procedimientos existen — cuestiona si su existencia crea ipso facto un deber de resultado, no solo de proceso. Esa es la distinción que el juicio deberá resolver.

Si el tribunal rechaza la demanda en la fase de admisibilidad — es decir, si determina que la LBMA no puede tener duty of care bajo ninguna interpretación razonable — el estándar LGD continúa operando bajo el modelo de autorregulación con auditoría externa. Si el tribunal admite la demanda y el caso prospera en el fondo, las consecuencias son sistémicas: los organismos de acreditación de todo el sector de commodities — no solo oro — deberán reconsiderar si su poder de mercado genera obligaciones legales frente a terceros que nunca fueron parte de ninguna relación contractual.

El precedente que nadie en el sector quiere establecer

Organizaciones como la London Metal Exchange (LME) ya enfrentan su propia presión legal y regulatoria creciente. En 2022, el LME canceló operaciones de níquel en circunstancias que derivaron en demandas millonarias. El debate sobre si las bolsas y organismos de estándares tienen responsabilidades que van más allá de sus reglas internas está activo en Londres, Bruselas y Washington simultáneamente.

El Reglamento de Minerales de Conflicto de la Unión Europea, vigente desde 2021, ya impone debida diligencia obligatoria a importadores de estaño, tantalio, tungsteno y oro. No crea responsabilidad civil directa para organismos de estándares, pero establece la lógica regulatoria de que quien tiene acceso al mercado tiene obligación de verificar el origen. Este juicio podría ser el puente entre esa lógica regulatoria y la responsabilidad civil bajo common law.

Para los operadores de minas, refinadores y bancos que transaccionan en el mercado de Londres, el fallo del High Court tiene una traducción directa: si la LBMA pierde — o si siquiera pierde la fase preliminar de manera contundente — el costo de cumplimiento en la cadena del oro se incrementa, los tiempos de acreditación se alargan y el apetito de los refinadores por fuentes de abastecimiento en jurisdicciones de alto riesgo se contrae. No por altruismo. Por cálculo legal.

La audiencia comienza el 7 de octubre. El sistema que emerge de ella será distinto al que entró.