México debe reactivar otorgamiento de concesiones mineras: presión de CAMIMEX al gobierno

El sector minero mexicano lleva más de dos años operando con una de las restricciones más costosas de su historia reciente: el congelamiento efectivo del otorgamiento de nuevas concesiones. CAMIMEX formalizó esta semana su exigencia de reactivación ante la Secretaría de Economía, poniendo sobre la mesa un reclamo que ya no admite respuestas vagas. Cada mes sin concesiones es un mes sin exploración activa, sin capital de riesgo comprometido y sin proyectos que eventualmente se convertirán en empleos, divisas y recaudación.

El costo real del congelamiento: cifras que el gobierno no puede ignorar

La exploración minera en México cayó 11.5% en 2024 respecto al año anterior. No fue una contracción de mercado ni un ajuste cíclico por precios: fue el resultado directo de la incertidumbre regulatoria que dejó la Reforma Minera de 2023 y el freno administrativo que siguió. Las empresas no exploran donde no pueden obtener derechos. Y sin derechos, el capital de riesgo — que por naturaleza necesita visibilidad jurídica a 10 o 15 años — simplemente migra.

México generó US$17,500 millones en valor de producción minera en 2024, un récord absoluto. Pero ese número refleja lo que ya estaba en operación, no lo que viene. El pipeline de proyectos nuevos se está vaciando. Las minas que producen hoy se construyeron sobre concesiones otorgadas hace una o dos décadas. Si el proceso de otorgamiento no se reactiva con claridad y velocidad, el país estará desacelerando su producción futura sin haber tomado una sola decisión explícita de hacerlo.

La Reforma Minera 2023 y el nudo jurídico que persiste

La reforma impulsada por la administración López Obrador rediseñó el modelo concesionario en varios puntos críticos. Redujo los plazos máximos de las concesiones, reforzó los requisitos de consulta previa libre e informada con comunidades indígenas, y estableció al Servicio Geológico Mexicano como actor con rol monopólico en la exploración de nuevas zonas. El impacto fue inmediato: la Secretaría de Economía ralentizó el procesamiento de solicitudes pendientes mientras el sector legal y administrativo absorbía el nuevo marco.

A eso se sumó el amparo constitucional que diversas empresas promovieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa resolución sigue pendiente. Mientras la SCJN no se pronuncie, persiste una zona de ambigüedad que hace casi imposible diseñar estrategias de exploración a mediano plazo. Una empresa que invierte en trabajo geológico sin certeza sobre si el marco bajo el que opera será confirmado o modificado, está asumiendo un riesgo que ningún consejo de administración justifica fácilmente ante sus inversionistas.

Sonora y Zacatecas: los estados que más pierden con cada mes de espera

El impacto no se distribuye uniformemente. Sonora, que concentra cerca del 45% de la producción minera nacional — con operaciones de la escala de Buenavista del Cobre de Grupo México y Las Chispas, adquirida por Coeur Mining en US$1,700 millones — tiene una vocación histórica de generar nuevos proyectos en paralelo a los existentes. La exploración en el estado depende de concesiones en zonas adyacentes a las operaciones actuales y en corredores geológicos que el SGM ha identificado pero que el sector privado necesita activar.

Zacatecas, el principal estado plata del país con el 33% de la producción nacional, vio reducirse su backlog de permisos de 25 a 5 durante 2025 — una señal positiva de la gestión Sheinbaum. Pero esa mejora operativa en la tramitación de permisos ambientales no resuelve la restricción de fondo: sin nuevas concesiones, los proyectos que están en etapa de prefactibilidad no pueden avanzar. Peñasquito, Saucito, Juanicipio y Camino Rojo son ejemplos de lo que Zacatecas puede generar cuando hay marco jurídico claro. El estado necesita la siguiente generación de esos proyectos.

Sheinbaum tiene margen para actuar — y razones para hacerlo

La administración Sheinbaum ha dado señales consistentes de pragmatismo hacia el sector minero. El Plan México-EUA de Minerales Críticos, anunciado el 4 de febrero de 2026, establece una hoja de ruta de integración productiva con cadenas de suministro de Norteamérica bajo el USMCA. Marcelo Ebrard ha llevado personalmente las negociaciones con Washington en torno al acceso preferencial de minerales estratégicos mexicanos al mercado estadounidense.

Esa agenda bilateral es incoherente si no va acompañada de un mecanismo ágil para otorgar los derechos mineros que la exploración y eventual producción requieren. Estados Unidos no firmará acuerdos de largo plazo con un proveedor que no puede garantizar que sus proyectos tendrán certeza jurídica desde la etapa de exploración. El argumento geopolítico hoy, con la presión de Washington por diversificar fuentes de minerales críticos fuera de China, le da a México una ventana de negociación que no estará disponible indefinidamente.

El litio es el caso más ilustrativo. México tiene reservas estimadas de 243 millones de toneladas — potencialmente las mayores del mundo. El modelo mixto público-privado que Sheinbaum ha promovido como alternativa a la nacionalización pura de AMLO solo funciona si hay un proceso concesionario operativo. Un modelo de asociación sin concesiones es un esquema legal sin activos.

Fraser Institute y la señal que llega a Toronto

México escaló del lugar 74 al 49 en el Índice Fraser de Percepción de Inversión Minera en 2024. Ese ascenso fue en gran parte una respuesta anticipada al cambio de gobierno y las expectativas de mayor apertura. Mantenerlo — o seguir mejorando — requiere que las señales de apertura se traduzcan en procesos administrativos concretos. Los analistas en Toronto que evalúan proyectos junior en México miran dos cosas: el marco legal y el tiempo que tarda la autoridad en responder. Ambos están bajo escrutinio.

Las empresas de exploración junior, que típicamente identifican los depósitos que después adquieren las majors, son las más sensibles a la velocidad del sistema concesionario. Cuando una junior no puede asegurar derechos con certeza, simplemente trabaja en otro país. Chile, Argentina con su régimen RIGI, y Perú — a pesar de sus propios conflictos sociales — compiten directamente por ese capital de riesgo. México no gana esa competencia con buenas intenciones regulatorias.

Qué debería cambiar y en qué plazo

La demanda de CAMIMEX no es ideológica. Es operativa. El sector no pide derogar la Reforma Minera de 2023 — pide que la Secretaría de Economía establezca un calendario claro de procesamiento de solicitudes, que el SGM publique criterios transparentes para la designación de zonas de interés, y que la SE defina un mecanismo de resolución para las solicitudes en espera que no dependa del desenlace de la controversia constitucional en la SCJN.

Esos tres puntos son separables del debate político más amplio sobre la reforma. Son decisiones administrativas que el Ejecutivo puede tomar sin necesidad de nueva legislación y sin esperar el fallo de la Corte. La Secretaría de Economía tiene ese margen. La pregunta es si lo utilizará antes de que la ventana de inversión en minerales críticos se cierre.

US$5,060 millones de inversión minera en 2024 y un valor de producción récord dan credibilidad al sector. Ese capital no llegó porque el entorno regulatorio fuera ideal — llegó a pesar de sus imperfecciones. Si México resuelve el nudo concesionario, el piso de inversión que viene puede ser sustancialmente mayor. Si no lo resuelve, el récord de 2024 podría ser el techo de una década.