Puntos clave
- Reconocimiento del Minem: El Reinfo no cumple función original como mecanismo de transición hacia legalidad plena, se convirtió en refugio permanente
- Directiva de Incháustegui: Foco en construir marco legal estructural para pequeña minería y minería artesanal, no en sucesivas extensiones
- Plazo crítico: Reinfo vence el 31 de diciembre de 2026; debate sobre prórroga vs. nueva regulación MAPE
- Impacto Perú: Cambio estratégico en política de formalización minera que afecta cientos de miles de inscritos en el registro
| Tipo de regulación | Ley MAPE (Pequeña Minería y Minería Artesanal) vs Reinfo (R… |
| Entidad | Ministerio de Energía y Minas (Minem) |
| Vigencia | Reinfo vence 31 de diciembre de 2026 |
El Ministerio de Energía y Minas (Minem) reconoció lo que el sector lleva meses advirtiendo: el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) no está cumpliendo su función original. En lugar de ser un mecanismo de transición hacia la legalidad plena, se ha convertido en un refugio permanente para operadores que no avanzan. La respuesta del gobierno no es clausurar el registro, sino reorientar la estrategia: priorizar una nueva Ley MAPE —para la Pequeña Minería y la Minería Artesanal— antes de debatir si el Reinfo merece otra prórroga más allá del 31 de diciembre de 2026.
El diagnóstico que el Minem finalmente admite
Miguel Incháustegui, titular del Minem, fue directo: el foco debe estar en construir el marco legal estructural para la pequeña minería y la minería artesanal, no en administrar sucesivas extensiones de un instrumento que ha probado sus límites. La declaración tiene peso porque viene del mismo ministerio que ha defendido el Reinfo durante años como herramienta central de la política de formalización minera en Perú.
El Reinfo existe desde 2017. En casi una década, el Estado peruano lo ha ampliado repetidamente, cada vez con la misma justificación: los inscritos necesitan más tiempo para cumplir los requisitos técnicos, ambientales y legales que exige la formalización completa. El argumento tiene lógica en abstracto. El problema es que los números no acompañan. De los cientos de miles de inscriptos que el registro ha acumulado en distintos ciclos, la proporción que alcanza la formalización plena sigue siendo marginal.
La posición de Incháustegui no cierra la puerta a una nueva prórroga, pero la condiciona: solo podrían acceder a ella quienes demuestren avances reales y verificables en su proceso de formalización. Eso cambia la lógica del instrumento. Ya no sería un paraguas general para todo el espectro de la minería informal, sino un mecanismo focalizado para quienes están genuinamente en tránsito hacia la legalidad.
Qué sería la Ley MAPE y por qué importa ahora
El Minem prepara un proyecto de ley que llevaría al Congreso antes de noviembre de 2025. La Ley MAPE buscaría crear un marco regulatorio diferenciado para la pequeña minería y la minería artesanal, reconociendo que estas actividades no pueden ni deben gestionarse con las mismas herramientas que se aplican a la minería mediana o grande.
Perú no tiene hoy una ley específica para este segmento. La regulación vigente es un mosaico de decretos, normas de emergencia y extensiones del Reinfo que se han ido apilando sin coherencia estructural. Eso genera tres problemas concretos: primero, incertidumbre jurídica para el operador que quiere formalizarse pero no encuentra un camino claro; segundo, vacíos de fiscalización que el Estado no puede cubrir; y tercero, una brecha que la minería ilegal aprovecha sistemáticamente.
Una ley MAPE bien diseñada fijaría requisitos técnicos y ambientales proporcionales a la escala de la operación, establecería plazos realistas con hitos verificables y crearía mecanismos de acompañamiento institucional. También definiría con precisión qué es minería artesanal y qué es pequeña minería, una distinción que hoy el marco peruano no maneja con suficiente claridad y que tiene consecuencias directas sobre qué obligaciones aplican a quién.
El plazo que el Minem se ha fijado —presentar el proyecto antes de noviembre— es ambicioso. Requiere consenso con regiones productoras, con organizaciones gremiales del sector artesanal, con comunidades afectadas y con el propio Congreso, donde los proyectos mineros no tienen trámite garantizado. Si el ejecutivo no presenta un texto sólido a tiempo, el debate volverá al punto de siempre: ampliar el Reinfo otra vez, sin reforma de fondo.
El Reinfo como síntoma de un problema mayor
Perú tiene entre 350,000 y 500,000 personas vinculadas directamente a la minería artesanal e informal, dependiendo de cómo se mida. Son una realidad económica y social que ningún gobierno ha podido ignorar ni resolver con eficacia. El Reinfo fue la respuesta pragmática a esa realidad: no clausurar, sino contener y acompañar hacia la formalización. El problema es que contener se volvió el objetivo en sí mismo.
Regiones como Madre de Dios, Puno, La Libertad y Ayacucho concentran la mayor actividad de minería artesanal e informal. En Madre de Dios, la minería aurífera ilegal e informal ha devastado miles de hectáreas de Amazonía con impactos ambientales que van mucho más allá del debate regulatorio. Ahí, el Reinfo funcionó parcialmente: algunos operadores se inscribieron, pero la presión de la minería totalmente ilegal —no susceptible de formalización— siguió avanzando sin control efectivo.
El mapa del problema distingue tres segmentos que la política pública a menudo confunde: el minero artesanal que quiere formalizarse y no puede por falta de herramientas accesibles; el operador informal que aprovecha el Reinfo como escudo ante la fiscalización sin intención real de cumplir; y el minero ilegal que opera fuera de cualquier registro y contra quien la formalización no tiene efecto. Una Ley MAPE que no distinga estos tres segmentos con precisión reproducirá los mismos problemas del Reinfo en un formato diferente.
El riesgo de llegar tarde al Congreso
El calendario político peruano no es favorable. Con elecciones generales previstas para abril de 2026, el Congreso entrará en su fase más álgida precisamente cuando el Minem necesitaría votos para aprobar una reforma estructural. Los proyectos técnicamente complejos tienden a naufragar en ese contexto, o a llegar al pleno simplificados hasta volverse irrelevantes.
Si el proyecto de Ley MAPE no ingresa al Congreso con tiempo suficiente para debatirse antes del cierre de año, el escenario más probable es que el gobierno solicite —y obtenga— una nueva prórroga del Reinfo por vía de decreto. Eso resolvería el problema inmediato de diciembre de 2026, pero postergará la reforma de fondo por otros dos o tres años. Y con cada prórroga, la credibilidad del instrumento cae un escalón más.
Incháustegui lo sabe. Su declaración no es solo una posición técnica; es también una señal de que el Minem quiere salir de la trampa de las extensiones repetidas. La pregunta es si tiene el respaldo político para ejecutarlo en los meses disponibles.
Lo que miran los inversionistas y los grandes operadores
La minería artesanal e informal no compite directamente con la mediana y gran minería, pero la coexistencia genera fricciones que afectan a todo el sector. Los conflictos territoriales entre operadores formales e informales en zonas de superposición de concesiones han derivado en paralizaciones, bloqueos y procesos judiciales que retrasan proyectos con inversión comprometida.
Para empresas como Buenaventura, Southern Copper o Freeport-McMoRan —que operan en regiones donde la minería artesanal es intensiva— un marco legal más claro para el segmento MAPE reduce la incertidumbre operativa. No porque la ley los beneficie directamente, sino porque un sector artesanal formalizado es más predecible, más fiscalizable y menos proclive a generar los conflictos que hoy complican la convivencia territorial.
La cartera de proyectos mineros en Perú supera los US$53,000 millones en distintas etapas de desarrollo. Muchos de esos proyectos están en regiones con alta presencia de minería artesanal. Un Estado que demuestra capacidad para ordenar ese segmento envía una señal indirecta pero real sobre su capacidad institucional general. El Minem tiene una oportunidad concreta. La ventana, sin embargo, se cierra en noviembre.
