Argentina reactiva producción de uranio con 21 proyectos tras 30 años de inactividad

Argentina no produce uranio desde 1997. Ese dato, por sí solo, explica por qué el anuncio de reactivación con 21 proyectos identificados —14 de ellos activos— no es un ejercicio de optimismo gubernamental, sino una apuesta con fundamentos técnicos reales y un timing de mercado que, por primera vez en décadas, trabaja a favor del país.

34,250 toneladas que llevan 30 años esperando

Los recursos identificados recuperables ascienden a 34,250 toneladas de uranio. No es una cifra menor. Para dimensionarla: el consumo mundial de uranio en 2024 rondó las 65,000 toneladas anuales, según datos de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA). Argentina tiene, sobre el papel, más de seis meses de demanda global sentados en sus yacimientos sin mover.

El problema nunca fue geológico. Argentina cuenta con una cuenca uranífera documentada desde la era CNEA —Comisión Nacional de Energía Atómica— con décadas de trabajo de exploración sistemática. Sierra Pintada, en Mendoza, es el proyecto más conocido: un depósito tipo roll-front con más de 12,000 toneladas de uranio estimadas, paralizado desde los noventa por una combinación de precios deprimidos, oposición provincial y falta de financiamiento sostenido. La geología nunca cambió. Lo que cambió es el contexto global.

El precio spot del uranio superó los 100 dólares por libra en enero de 2024, un nivel que no se veía desde antes de Fukushima en 2011. Aunque el precio ha moderado desde ese pico, el mercado de largo plazo —el que mueve decisiones de inversión— mantiene contratos por encima de los 70 dólares. Ese diferencial con los costos de producción estimados para proyectos argentinos de entre 30 y 45 dólares por libra abre una ventana de rentabilidad que hace 10 años simplemente no existía.

Sierra Pintada y el portafolio de 21 proyectos: qué hay detrás del número

Los 21 proyectos no están en la misma etapa ni tienen el mismo potencial. Ese dato agregado necesita desagregarse para ser útil a cualquier analista o inversionista que tome decisiones reales.

Sierra Pintada (Mendoza) sigue siendo el proyecto bandera por tamaño y nivel de estudio. La CNEA mantiene la titularidad y ha realizado estudios de prefactibilidad. El obstáculo histórico fue la legislación provincial mendocina, que durante años bloqueó el avance por presiones ambientales locales. El gobierno de Milei ha señalado intención de desbloquear regulaciones mineras en todo el territorio —la misma lógica del RIGI aplicada a sectores estratégicos— aunque Mendoza tiene autonomía provincial para definir sus propias reglas sobre minería.

Cerro Solo (Chubut) es el otro proyecto de escala. Ubicado en la provincia patagónica con una mineralización tipo calcrete, los estudios históricos de la CNEA le asignan recursos que lo convierten en candidato viable para una operación de mediana escala. Chubut, paradójicamente, es la provincia que en 2021 derogó la prohibición de la minería metalífera para luego reimponerla semanas después en una de las crisis políticas provinciales más recordadas del sector. El clima regulatorio hoy es distinto, pero esa memoria institucional pesa.

El resto del portafolio —proyectos en Salta, San Luis, La Rioja y Córdoba— está en etapas de exploración temprana o reconocimiento geológico. Son potencial, no activos de producción. Tratarlos como equivalentes a Sierra Pintada o Cerro Solo en cualquier ejercicio de valoración sería un error metodológico.

La infraestructura que ningún press release menciona

Producir uranio no termina en la boca de la mina. El mineral tiene que concentrarse, convertirse en yellowcake y eventualmente procesarse para uso en reactores. Argentina tiene una ventaja que casi ningún otro país en desarrollo posee: infraestructura nuclear propia y funcional.

La Fábrica de Dióxido de Uranio en Córdoba, operada por INVAP y la CNEA, tiene capacidad de procesamiento. La planta de conversión de uranio en Pilcaniyeu (Río Negro) fue reactivada parcialmente en años recientes. Y el know-how técnico —ingenieros nucleares, operadores certificados— existe en Argentina con una profundidad que ningún país latinoamericano puede replicar en el corto plazo.

Eso cambia el análisis de riesgo. Una junior canadiense que intente desarrollar uranio en Kazajistán o en Namibia enfrenta una curva de aprendizaje institucional brutal. En Argentina, el estado tiene la cadena de valor parcialmente construida. El desafío no es de ingeniería nuclear —es de capital, de regulación provincial y de voluntad política sostenida más allá de un ciclo electoral.

El RIGI como catalizador: oportunidad y límite

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, vigente hasta 2027, ha sido el argumento central del gobierno de Milei para atraer capital minero. Para el uranio, sin embargo, la ecuación tiene una complejidad adicional: la CNEA mantiene el monopolio legal sobre la exploración y explotación de uranio en Argentina, lo que limita estructuralmente la entrada de operadores privados bajo esquemas convencionales de concesión minera.

Eso no cierra la puerta al capital privado, pero la encuadra en un modelo diferente. Las vías posibles son asociaciones público-privadas con la CNEA como socio controlante, o contratos de servicio donde una empresa privada financia y opera mientras el estado retiene la titularidad del recurso. Ninguno de esos modelos ha madurado todavía en Argentina para el uranio, y ese vacío regulatorio es, hoy mismo, el mayor riesgo de ejecución del portafolio de 21 proyectos.

Los inversionistas que han comenzado a acercarse —hay movimiento discreto desde Toronto y Londres, según fuentes del sector— preguntan exactamente eso: ¿bajo qué figura legal entraríamos? La respuesta aún no está terminada.

El contexto global que convierte esto en urgencia estratégica

El renacimiento nuclear global no es especulación. Francia reafirmó su compromiso con 14 nuevos reactores. Estados Unidos aprobó en 2024 legislación para reducir la dependencia del uranio ruso —que representaba cerca del 24% del suministro a reactores norteamericanos antes de las sanciones. China tiene más de 20 reactores en construcción activa. India planea duplicar su capacidad nuclear instalada antes de 2032.

Esa demanda estructural presiona un mercado de oferta que sigue concentrado en Kazajistán (43% de la producción mundial), Canadá y Namibia. Argentina, con 34,250 toneladas de recursos recuperables y capacidad de procesamiento propia, tiene una posición geopolítica valiosa si logra convertirla en producción real. El mundo necesita diversificar la cadena de suministro de uranio. Argentina tiene los recursos para ser parte de esa diversificación.

Pero la historia reciente del país enseña a no confundir potencial con ejecución. La misma Argentina que tiene 21 proyectos de uranio en carpeta lleva 30 años sin producir una libra de yellowcake. La diferencia entre esta reactivación y las anteriores —y hubo intentos en 2007 y en 2013— será que el precio del uranio hoy justifica el costo político de desbloquear Mendoza, de capitalizar la CNEA y de construir el marco regulatorio que permita que el capital privado entre con certeza jurídica real, no con promesas de un régimen que vence en 2027.

El portafolio existe. La geología es sólida. La infraestructura está parcialmente lista. Lo que Argentina necesita ahora no es otro estudio de prefactibilidad: necesita la primera decisión de construcción en tres décadas.