A catorce días del derrumbe en la mina Santa Fe, el operativo entró en su fase más delicada. Las brigadas rescataron con vida a Francisco Zapata Nájera y confirmaron la localización sin vida de otro trabajador. El dato cambió el balance del caso, pero no cerró la emergencia. Un minero sigue sin aparecer y los equipos mantienen la búsqueda en El Rosario, al sur de Sinaloa. La jornada del 8 de abril dejó una señal doble: el rescate todavía ofrece márgenes de esperanza, pero la tragedia ya golpeó de lleno a las familias y al sector.
El accidente comenzó el 25 de marzo, cuando colapsó una presa de jales dentro del yacimiento. El agua y el lodo invadieron las galerías subterráneas y bloquearon la salida. En ese momento, 25 trabajadores estaban en la mina. Veintiuno lograron salir por sus propios medios y cuatro quedaron atrapados. La unidad, dedicada a la extracción de oro, opera en la zona de Chele, dentro del municipio de El Rosario.
Desde ese momento, el rescate exigió algo más que voluntad. Exigió ingeniería, bombeo continuo y decisiones rápidas. El mando unificado desplegó a más de 300 rescatistas, entre fuerzas federales, protección civil, buzos y personal especializado. La mina presenta cerca de 300 metros de profundidad y 3.2 kilómetros de extensión horizontal. Esa combinación convirtió cada avance en una maniobra de alto riesgo. Los equipos instalaron sistemas de extracción que desalojan alrededor de 34 mil litros de agua por hora y levantaron un tapón de concreto para estabilizar la estructura.
Las cuadrillas no trabajaron en línea recta. Primero retiraron jales, luego reforzaron tablones, sellaron filtraciones y abrieron un paso hacia la zona crítica. Cuando el agua volvió inestable un tapón natural de lodo, los técnicos construyeron una barrera de concreto reforzado. Esa decisión ralentizó el avance, pero redujo el riesgo de un derrumbe secundario. En este tipo de maniobras, la velocidad importa menos que la estabilidad. Un rescate mal ejecutado puede cerrar la única ventana de entrada.
El primer signo de alivio llegó el 30 de marzo. Esa madrugada, los rescatistas sacaron con vida a José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años, después de más de 100 horas bajo tierra. El trabajador logró mantenerse en una zona alta, lejos del ingreso principal de lodo. Después, los médicos lo trasladaron al Hospital General de Mazatlán. Su caso mostró que algunas cámaras de la mina todavía podían ofrecer refugio temporal, aun dentro de un entorno extremo.
El segundo rescate confirmó esa posibilidad, pero también exhibió la dureza del operativo. Las brigadas localizaron a Francisco Zapata Nájera, de 42 años y originario de Durango, el 7 de abril, a unos 300 metros de profundidad. Luego necesitaron horas adicionales para abrir una ruta segura y completar la extracción. El 8 de abril, los equipos lo sacaron, le dieron atención inmediata y lo trasladaron en helicóptero al Hospital General de Mazatlán. El tiempo transcurrido impresiona: el trabajador resistió casi 14 días en una mina anegada.
El mismo día, las autoridades confirmaron un hallazgo que nadie quería recibir. Los equipos encontraron sin vida a un tercer minero y activaron los protocolos ministeriales para la identificación y el levantamiento del cuerpo. Esa confirmación redujo el margen de incertidumbre, pero elevó la presión sobre el tramo final del operativo. A partir de ese momento, la prioridad quedó clara. El rescate necesita localizar al último trabajador y abrir una ruta de salida sin provocar otro colapso.
El caso también explica por qué los rescates mineros rara vez siguen un guion lineal. Los equipos pueden localizar a una persona y aun así tardar horas en sacarla. La profundidad, la estrechez de las galerías y la presencia de agua obligan a consolidar cada tramo antes de mover a un sobreviviente o recuperar un cuerpo. Por eso el hallazgo de Francisco el 7 de abril no se tradujo en una extracción inmediata. Los rescatistas priorizaron la seguridad del trabajador y la de quienes entraron por él.
Otro elemento merece atención. Las autoridades mantuvieron comunicación constante con las familias, mientras el mando unificado ajustaba la estrategia según cambiaban las condiciones internas. Esa combinación de información y técnica no reduce el dolor, pero sí evita vacíos que suelen multiplicar la desconfianza. En emergencias prolongadas, la transparencia también forma parte del rescate. Sin ella, cada hora pesa más y cada decisión se vuelve sospechosa.
Santa Fe tampoco ocurre en un vacío. México todavía carga con el recuerdo de Pasta de Conchos y El Pinabete, dos casos que marcaron la conversación pública sobre rescate y seguridad minera. Por eso este operativo concentra tanta atención nacional. Cada decisión técnica se mide contra esa memoria reciente. Cada hora de búsqueda reactiva una pregunta que el país no ha resuelto del todo: cómo garantizar operaciones seguras y respuestas oportunas cuando el subsuelo colapsa.
Pero esa capacidad de respuesta no debe ocultar la pregunta principal. ¿Qué falló antes del derrumbe? El colapso de una presa de jales volvió a colocar sobre la mesa un tema que la industria conoce bien. La gestión de residuos, el monitoreo del agua y la estabilidad geotécnica no admiten atajos. En minería subterránea, una omisión pequeña puede escalar en minutos y cerrar todas las rutas de escape. El caso obliga a revisar protocolos de inspección, sistemas de alerta y planes de evacuación.
También conviene decir algo sin rodeos. Un accidente así no debería usarse para descalificar por completo a una actividad estratégica. Lo que sí debe hacer es empujar una exigencia más alta. La operación segura no es un accesorio reputacional. Es la base para sostener empleo, inversión y confianza pública. Desde una perspectiva editorial, la mejor defensa de la minería comienza en la prevención, no en la reacción.
En Santa Fe, la lección inmediata resulta más concreta. La industria necesita planes de contingencia que funcionen aun cuando el agua, el lodo y la oscuridad inutilizan los accesos normales. Necesita rutas secundarias, comunicación resistente y decisiones rápidas dentro del sitio. Y necesita auditorías que no esperen a la tragedia. El operativo de estos días probó que la tecnología y la coordinación pueden salvar vidas. Ahora toca asegurar que esas herramientas actúen antes del colapso y no solo después.
Por ahora, la historia sigue abierta en el sur de Sinaloa. Las familias esperan noticias del último trabajador, mientras las brigadas mantienen el bombeo y la estabilización dentro de la mina. La atención pública se concentra en ese desenlace, y con razón. Sin embargo, el verdadero cierre no llegará solo con la última extracción. Llegará cuando este caso obligue a corregir fallas, fortalecer controles y colocar la seguridad en el centro de toda operación minera.
