En Toronto, en el marco de reuniones con directivos del sector y actividades alrededor de PDAC 2026, empresas mineras reconocieron el modelo de Policía Minera que opera en Chihuahua. El secretario de Seguridad Pública estatal, Gilberto Loya Chávez, encabezó la gira. El gobierno estatal también llevó a la mesa al secretario de Innovación y Desarrollo Económico, Ulises Fernández, para ligar seguridad con competitividad.
El reconocimiento no llegó como un gesto protocolario. Representantes empresariales hablaron de un esquema especializado que protege operaciones estratégicas y genera certeza operativa. Rodolfo Devercelli, vicepresidente Legal y de Asuntos Corporativos de Alpayana, pidió impulsar el modelo a escala internacional. En su declaración, subrayó tres ideas que pesan en cualquier decisión de inversión: protección a la minería, protección a la inversión y protección a las personas.
La señal importa porque PDAC funciona como vitrina global de proyectos y riesgos. La propia asociación describe su convención 2026 como el principal encuentro mundial de exploración y minería, con más de 27,000 asistentes de más de 125 países. Ese tipo de concentraciones no solo mueve tarjetas de presentación. También ordena prioridades y ajusta el termómetro del apetito por jurisdicciones con reglas claras y seguridad.
En paralelo, Reuters reportó que la discusión de minerales críticos y cadenas de suministro marcó la agenda del encuentro. Alemania y Quebec firmaron acuerdos y una declaración conjunta en el contexto de PDAC para fortalecer proveedurías clave. Si los gobiernos y las empresas discuten litio, grafito o níquel con esa seriedad, también miran con lupa la capacidad de un territorio para blindar operaciones y traslados.
Chihuahua llega a esa conversación con credenciales productivas. El gobierno estatal ha documentado que la entidad se ubica entre los primeros lugares nacionales por valor de producción y por volumen en varios metales. En cifras oficiales, Chihuahua ha ocupado posiciones de liderazgo en plata, plomo, zinc, cobre y oro. Ese peso minero no se queda en el discurso: una infografía económica del propio estado reporta un valor acumulado de producción minera de 2024 por 37,172 millones de pesos y una aportación estimada de 2% al PIB estatal, además de más de 10,000 empleos formales en el sector.
Con ese tamaño, la seguridad deja de ser un tema “adjunto”. Se vuelve un insumo de operación diaria. México conoce bien el costo de no atenderlo. En 2020, El País documentó cómo robos y ataques empujaron la creación de un cuerpo de protección para instalaciones mineras, justo por el interés del crimen organizado en zonas aisladas y materiales valiosos. Ese antecedente ayuda a entender por qué hoy, cuando una entidad presume resultados, las empresas escuchan.
El modelo chihuahuense se sostiene en una idea simple: tratar la minería como sector estratégico y asignarle capacidades específicas. Omnia reportó que la Policía Minera pertenece a la Subsecretaría de Despliegue Policial y que el estado la presentó como caso de éxito para blindar zonas de operación y fortalecer coordinación con empresas. La misma nota ubicó a Loya en el 5º Encuentro de Alto Nivel de CEOs de la industria minera que opera en México, también en Toronto.
Los datos que difunde la autoridad buscan respaldar esa narrativa. En ese mismo reporte, la SSPE atribuyó a la Policía Minera cientos de acciones de resguardo y apoyo logístico, además de aseguramientos de explosivos y clausura de tiros de mina. El Sol de Parral detalló que la corporación aseguró 257 explosivos en 2025 y realizó más de 600 acciones operativas. La nota también reportó detenciones por delitos como robo y allanamiento, y describió labores de vigilancia y coordinación interinstitucional.
Aquí conviene poner un matiz periodístico. Los números hablan de actividad, pero el impacto real se mide en continuidad operativa y reducción de incidentes. Aun así, en minería la prevención suele ser invisible hasta que falta. ¿Cuánto cuesta un paro por un bloqueo del camino, un robo de concentrado o un ataque a un campamento? En muchos distritos, la respuesta no se expresa solo en pesos. Se expresa en lesiones, miedo y rotación de personal.
En ese sentido, el enfoque de “proteger a las personas” no es retórica. Chihuahua concentra operaciones en regiones complejas, incluidas zonas serranas con trayectos largos y baja presencia institucional. Cuando el estado lanzó la Policía Minera, la gobernadora Maru Campos argumentó justo esa necesidad: dar seguridad a quienes trabajan y se trasladan en municipios mineros. La minería, dijo entonces, exige un esfuerzo relevante de seguridad pública.
La agenda en Canadá incluyó diálogo directo con compañías con presencia o intereses en México. Según Al Contacto, Loya y Fernández se reunieron con directivos de GoGold Resources y Axo Copper, Brad Langille y Glen Jessome. El gobierno describió el encuentro como un intercambio de experiencias para fortalecer un vínculo de colaboración. La Policía Minera apareció como tema central, por la señal que manda una corporación estatal cuando decide especializarse.
Las empresas mencionadas permiten dimensionar el tipo de interlocutor. GoGold, por ejemplo, opera el proyecto Parral Tailings en Chihuahua, cerca de Hidalgo del Parral, con recuperación de metales en jales históricos. La compañía describe el sitio y su contexto operativo en información pública de su proyecto. Axo Copper, por su parte, se presenta como una firma con enfoque en exploración, con un proyecto de cobre llamado La Huerta y un portafolio en México.
Alpayana también aparece con un mensaje claro: la seguridad influye en decisiones corporativas. La empresa adquirió Sierra Metals, que operaba activos como la mina Bolívar en Chihuahua, según registros públicos del sector y comunicados corporativos. Ese tipo de transacciones suele ir acompañado de revisiones de riesgo operativo, donde la seguridad cuenta tanto como la geología.
Para Chihuahua, el ángulo económico es directo. La actividad minera se concentra en municipios que, además, enfrentan retos históricos de conectividad y seguridad. La infografía estatal coloca a Guadalupe y Calvo, Chínipas, Madera, Urique y Ocampo entre los municipios con mayor valor de producción minera acumulada a septiembre de 2024. También aparecen Santa Bárbara y San Francisco del Oro, nombres que cualquiera asocia con tradición minera y empleo local.
El componente geológico también ayuda a entender por qué el estado insiste en blindar la actividad. INEGI ha documentado la diversidad mineral de Chihuahua, con regiones que explotan oro, plata, plomo, zinc y cobre, además de minerales como barita en ciertos distritos. Esta variedad sostiene cadenas de valor distintas, desde concentrados metálicos hasta insumos industriales.
Desde una perspectiva editorial, el reconocimiento en Canadá le sirve a Chihuahua por dos vías. La primera es reputacional: coloca al estado como caso exportable de política pública en un foro donde se decide capital. La segunda es práctica: obliga a sostener resultados, con controles, capacitación y mecanismos de rendición de cuentas. Si la Policía Minera se vuelve marca, cualquier abuso o ineficiencia pega doble, en casa y afuera.
También hay un riesgo que no conviene maquillar. La seguridad aplicada a un sector estratégico puede generar suspicacia si la ciudadanía percibe privilegios o uso político. El debate ya existe en México desde que se habló de cuerpos especializados para resguardar instalaciones, con críticas desde organizaciones civiles sobre prioridades estatales. Por eso, si Chihuahua quiere que su modelo viaje, necesita blindarlo con reglas claras, protocolos de derechos humanos y coordinación transparente con comunidades.
Aun con ese matiz, el fondo es difícil de refutar: sin seguridad no hay operación estable, y sin operación estable no hay empleo sostenido ni inversión nueva. Chihuahua compite por proyectos en un mercado donde el capital puede moverse a otra jurisdicción en semanas. Llevar a Toronto un modelo con métricas y respaldo empresarial apunta en la dirección correcta, sobre todo si el estado mantiene el enfoque en proteger vidas y desincentivar economías ilegales alrededor de las minas.
