Phoenix Copper destituyó con efecto inmediato a Marcus Edwards-Jones y a Richard Wilkins. El consejo cerró así una investigación abierta el 9 de febrero. La revisión apuntó al presidente ejecutivo y al director financiero. También marcó un quiebre en la conducción de una minera que busca financiamiento para llevar a producción su proyecto Empire, en Idaho.
La empresa informó que la pesquisa confirmó pagos históricos por unos US$1.765 millones. Esos recursos salieron entre 2016 y 2025. El dinero fue a Lloyd Edwards-Jones S.A.S., exasesor de finanzas corporativas. Phoenix señaló que Wilkins ordenó esos pagos sin conocimiento ni aprobación del consejo y que además compartió los beneficios.
El dato más delicado no es solo el monto. La investigación concluyó que esas operaciones calificaban como transacciones con partes relacionadas bajo la Regla 13 del AIM. Sin embargo, la compañía no consultó a los directores independientes ni a su asesor nominado cuando se realizaron los desembolsos. Esa omisión golpea el corazón del problema: el mercado puede tolerar retrasos operativos, pero castiga la opacidad en la supervisión.
La revisión interna también detectó pagos no autorizados por alrededor de £610,000. Parte del dinero fue a un intermediario vinculado con financiamiento vía bonos. Otros pagos avanzaron pese a instrucciones expresas del consejo para frenarlos. Phoenix ahora intenta recuperar esos recursos. La empresa dijo que ambos exdirectivos manifestaron disposición para colaborar en ese proceso.
El relevo en la cúpula buscó enviar una señal inmediata al mercado. Catherine Evans asumió como presidenta interina no ejecutiva. Ryan McDermott mantuvo la dirección ejecutiva y sumó apoyo del consejo asesor. Phoenix además nombró a un director financiero interino, externalizó la secretaría corporativa e informó a Crowe UK sobre los hallazgos. Por ahora, la firma no prevé reexpresar estados financieros anteriores, salvo revelar estos pagos en las cuentas de 2025.
El problema llega en el peor momento financiero. Phoenix reconoció que su capital de trabajo sigue presionado. Tras un recorte de costos y una revisión de flujo, la caja actual alcanzaría solo hasta el final del segundo trimestre de 2026. La compañía negocia con Riverfort Global Opportunities sobre su crédito de corto plazo. También busca renegociar términos con Indigo Capital.
El mercado ya había reaccionado antes de la destitución. El 9 de febrero, cuando Phoenix suspendió a ambos ejecutivos y anunció la investigación, la acción cayó hasta 50%. Reuters reportó que el papel tocó un mínimo récord de 1 penique. Ese desplome no fue un ruido menor. Mostró que la crisis de confianza ya había encarecido cualquier salida financiera.
Conviene separar dos planos que hoy corren mezclados. Uno corresponde a la calidad del activo minero. El otro define la calidad del gobierno corporativo. El escándalo afecta el segundo frente, pero también amenaza al primero porque el proyecto necesita capital paciente. En minería, un buen yacimiento pierde tracción cuando el mercado deja de creer en quienes administran el dinero.
Y Empire no es un activo irrelevante. Phoenix lo presenta como su proyecto insignia cerca de Mackay, Idaho. La compañía estima una vida de mina de ocho años. También proyecta una producción anual superior a 8,000 toneladas métricas de metal equivalente de cobre. Ese plan incluye cobre, oro y plata, tres metales con demanda industrial y financiera clara.
La prefactibilidad publicada en 2024 ofrece una dimensión más precisa. El estudio calculó 89.1 millones de libras pagables de cobre. También estimó 40,161 onzas de oro y 1.76 millones de onzas de plata durante la vida útil. El capex inicial se ubicó en US$62.6 millones. El documento proyectó un NPV previo a impuestos de US$87.86 millones y una TIR de 46.4%.
Los resultados anuales de 2024 mostraron además reservas probadas y probables de 10.1 millones de toneladas. Ese inventario contiene 109.5 millones de libras de cobre, 104,000 onzas de oro y 4.65 millones de onzas de plata. La empresa también invirtió en molinos, filtración de jales e instalaciones en Mackay. Eso confirma que no se trata de un vehículo vacío. Hay trabajo técnico y activos físicos detrás del relato corporativo.
Ese potencial explica por qué el caso merece atención fuera del circuito bursátil británico. Phoenix opera en Estados Unidos y centra su discurso en metales para energía e infraestructura. Por eso, la salida del presidente y del CFO no solo corrige una falla interna. También pone a prueba la capacidad de la empresa para defender un activo que, en términos técnicos, conserva interés.
La nota positiva para el sector existe, aunque no nace del escándalo. La investigación avanzó, el consejo actuó y la empresa transparentó montos, nombres y rutas de pago. Eso no borra el daño. Pero sí evita un desenlace peor, que habría sido prolongar la incertidumbre. En una minera junior, la velocidad para corregir pesa casi tanto como la calidad del hallazgo.
El expediente deja una lección conocida y vigente. Los proyectos mineros no fracasan solo por geología, permisos o precios. También tropiezan por fallas de control, incentivos mal alineados y consejos que reaccionan tarde. Phoenix todavía puede preservar valor si recupera fondos, ordena su estructura y reconstruye credibilidad. Sin ese paso, Empire seguirá siendo una tesis técnica atrapada por una crisis institucional.
Hoy, el caso entra en una fase menos dramática y más exigente. La compañía debe cerrar su auditoría de 2025, estabilizar su liquidez y presentar una estrategia de fondeo convincente. El mercado ya sabe que el subsuelo en Idaho tiene mérito. Ahora quiere comprobar que la nueva dirección sabe proteger ese mérito con disciplina financiera y reglas claras.
