El Congreso peruano abrió un frente delicado para su principal industria exportadora. La Comisión de Energía y Minas aprobó un dictamen que reduce de 30 a 15 años el plazo para que caduque una concesión sin actividad. El texto todavía debe pasar por el pleno. Aun así, ya desató una disputa entre quienes quieren liberar áreas improductivas y quienes ven una amenaza directa para la inversión formal.
La ley vigente parte de una lógica distinta. Hoy, el titular conserva la concesión si paga el derecho de vigencia y asume penalidades crecientes cuando no alcanza la producción o inversión mínima. El esquema actual activa castigos desde el año 11, los endurece en los años 15 y 20, y recién declara la caducidad al año 30. Gestión reporta, además, que el derecho de vigencia actual equivale a US$3 por hectárea al año.
El dictamen cambia ese reloj y también cambia la exigencia. El texto pide que al décimo año el concesionario acredite producción mínima por hectárea e inversión mínima. Si no cumple, solo podría obtener una prórroga de cinco años, pero con penalidad. Si al año 15 no acredita esas condiciones, la autoridad minera declararía la caducidad, luego de una notificación y de un plazo de subsanación de hasta 12 meses.
Ese endurecimiento no surge en el vacío. Según Gestión, hasta octubre de 2025 existían 55,783 concesiones vigentes en Perú, con 20.4 millones de hectáreas comprometidas. A diciembre, el país registraba 1,197 concesiones o unidades económicas administrativas activas. De ellas, 430 estaban en exploración y 767 en explotación. Esa brecha alimenta la idea de que demasiadas áreas permanecen inmovilizadas durante años.
Por qué el proyecto gana apoyo y por qué el sector reacciona
La exposición de motivos del proyecto empuja ese argumento. El documento sostiene que la caducidad y la reasignación de concesiones improductivas ampliarían el acceso a áreas para pequeños productores y cooperativas. También promete más formalización, más empleo y más dinamismo regional. Dicho de otro modo, la propuesta se vende como una corrección contra el acaparamiento de derechos mineros y como una puerta para que más actores entren al circuito productivo formal.
Ese relato conecta con una percepción social extendida. Cuando una región ve títulos mineros en el mapa, pero no ve actividad visible, empleo o encadenamientos, concluye que alguien inmoviliza riqueza sin crear valor. El dato de solo 1,197 unidades activas frente a 55,783 concesiones vigentes le da combustible a esa lectura. Por eso, la bandera contra las concesiones “ociosas” tiene potencia política, sobre todo en un país donde la discusión minera mezcla economía, territorio y representación social.
Sin embargo, el problema aparece cuando esa intuición política choca con la anatomía real de un proyecto minero. Explorar no significa perforar un año y producir al siguiente. La geología manda. La ingeniería toma tiempo. Los permisos y la consulta previa agregan más etapas. La SNMPE sostiene que el dictamen vuelve inviable el cumplimiento en 15 años porque exige, dentro del mismo plazo, inversión, producción y procesos previos que rara vez avanzan en línea recta.
A esa complejidad se suma el contexto de seguridad y conflictividad. Reuters reportó en 2024 y 2025 bloqueos en el corredor cuprífero usado por grandes mineras en Perú. También informó que protestas de mineros informales interrumpieron rutas clave para MMG, Glencore y Hudbay. Ese dato importa porque una concesión no solo enfrenta geología y permisos. También enfrenta un entorno territorial donde la minería informal e ilegal ya compite por espacio, por rutas y por control operativo.
La reacción del sector, por eso, no llegó en voz baja. La SNMPE advirtió que el cambio desincentivaría la minería formal, abriría espacio para invasiones y favorecería a operadores ilegales. Gonzalo Quijandría alertó que el golpe podría poner en riesgo hasta US$60,000 millones en inversiones. Ángela Grossheim añadió que la redacción actual fomenta ocupaciones sobre concesiones y no empuja una formalización real.
La magnitud de esa cifra merece contexto. El Ministerio de Energía y Minas reporta que la cartera de proyectos de inversión minera 2025 reúne 67 proyectos en 19 departamentos y suma US$64,071 millones. Predominan proyectos de cobre, oro, plata, zinc e hierro. Si el gremio habla de un riesgo cercano a US$60,000 millones, está apuntando casi al tamaño completo del portafolio que Perú busca convertir en empleo, obras, proveedores y recaudación.
Perú tampoco discute un sector marginal. Andina reportó que en 2025 las exportaciones mineras alcanzaron US$61,849 millones y representaron 66% de las ventas externas del país. El cobre y el oro explicaron 83% de esos envíos. Eso obliga a mirar la reforma con cautela. Mover las reglas de permanencia sobre el territorio mineral no afecta solo a un puñado de empresas. Afecta al corazón exportador de la economía peruana.
El riesgo de una regla pareja para realidades distintas
Nada de esto implica defender concesiones eternas ni premiar la especulación. El debate sobre áreas inmóviles tiene base y merece respuesta. También existe un reclamo legítimo desde la pequeña minería formal para acceder a espacios con potencial. El problema está en el instrumento elegido. Gestión reportó que el dictamen eleva el derecho de vigencia hasta US$12 por hectárea para grandes titulares y aumenta las penalidades en 400%. Un recorte uniforme de plazos, combinado con sobrecostos de esa magnitud, puede castigar tanto a la concesión realmente dormida como al proyecto que sí avanza, pero a velocidad minera.
La señal regulatoria se vuelve todavía más confusa cuando se mira el entorno político reciente. Reuters informó que el Congreso peruano aprobó en diciembre una nueva prórroga para el programa temporal de formalización de mineros informales. Antes, las protestas de ese mismo segmento bloquearon rutas críticas del cobre peruano. El mensaje, entonces, luce contradictorio. Se endurece el marco para el gran titular formal, mientras el Estado sigue extendiendo un régimen transitorio para miles de operadores informales.
El momento electoral también pesa. La ONPE señala que Perú celebrará elecciones generales el 12 de abril de 2026. En ese clima, el discurso contra concesiones improductivas gana tracción con rapidez. Suena simple y conecta con frustraciones reales. Pero la regulación minera rara vez admite soluciones simples. Un país que compite por capital de exploración y desarrollo no puede darse el lujo de cambiar las reglas con lógica de campaña.
Desde una perspectiva editorial, el Congreso acierta cuando exige que los derechos mineros demuestren trabajo real. Sin embargo, se equivoca si impone una regla ciega para un negocio de plazos largos, alto riesgo y fuerte exposición territorial. Perú necesita más formalidad, no menos. Necesita más trazabilidad y fiscalización sobre la pequeña minería. Necesita cerrar espacios a la ilegalidad sin romper la columna que sostiene inversión, exportaciones y empleo formal.
Todavía hay margen para corregir el dictamen en el pleno. Perú puede fijar hitos verificables de actividad, diferenciar la concesión realmente ociosa del proyecto que sí invierte y blindar mejor el territorio frente a invasiones y minería ilegal. Esa salida no ofrece un titular fácil. Pero ofrece algo mucho más valioso para un país minero: reglas que ordenen, atraigan capital y defiendan la formalidad donde más se necesita.
