La delegación argentina llevó a la convención PDAC una señal clara para el mercado. El Gobierno buscó convencer a empresas e inversores de que el país ofrece más previsibilidad. Lo hizo durante el “Argentina Day”, un evento paralelo dentro de la mayor cita minera global. La convocatoria alcanzó un récord de 470 representantes, según la comunicación oficial.
En el primer panel hablaron Daniel González, secretario Coordinador de Energía y Minería, y Luis Lucero, secretario de Minería. Ambos apuntaron a un mensaje que el sector repite desde hace años. Argentina necesita reglas estables y permisos con tiempos razonables. Esta vez, el Gobierno lo ató a dos ejes concretos. El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, conocido como RIGI, y un paquete de cambios legislativos. Allí incluyó la adecuación de la Ley de Glaciares.
Diego Sucalesca, titular de la Agencia de Inversiones, completó el cuadro. Puso el foco en la promoción y el “match” entre firmas locales y grandes operadores globales. El objetivo resulta evidente en Toronto. La competencia por el capital se volvió feroz, sobre todo en minerales críticos. Ningún país quiere llegar tarde a la transición energética, ni quedarse afuera del nuevo mapa industrial.
El Gobierno llevó números para sostener su narrativa. González definió al RIGI como una herramienta “extremadamente poderosa” y remarcó una promesa clave. Estabilidad por 30 años para inversiones de gran escala. Además, afirmó que Argentina llegó a PDAC con seis proyectos aprobados bajo el régimen. Sumó otros 12 en evaluación. La inversión total asociada alcanzaría USD 47.000 millones.
RIGI como ancla de previsibilidad
El RIGI se convirtió en el concepto central del relato oficial en PDAC. No se trata sólo de un incentivo fiscal. El Gobierno lo vende como un contrato de estabilidad de largo plazo. Ese punto pesa en minería porque los proyectos se diseñan a décadas. También porque los costos hundidos se vuelven gigantes antes del primer embarque.
Argentina arrastra una historia conocida por los fondos. Cambios regulatorios, controles y brechas suelen alterar los flujos de caja. En ese contexto, la promesa de estabilidad por 30 años busca reducir el “riesgo país” específico del sector. El mensaje apuntó a un público sofisticado, que compara jurisdicciones con lupa. Y que suele premiar consistencia más que anuncios grandilocuentes.
Aquí aparece un detalle que no conviene perder. El Gobierno llevó “federalismo” a la mesa como activo. En Argentina, las provincias administran los recursos naturales. Por eso, la delegación sumó gobernadores y vicegobernadores. Estuvieron Alberto Weretilneck, de Río Negro, y Carlos Sadir, de Jujuy. También asistieron Rubén Dusso, de Catamarca, Teresita Madera, de La Rioja, y Hebe Casado, de Mendoza. La misión incluyó autoridades de Salta, Santa Cruz y San Juan.
La presencia provincial no fue un gesto protocolar. Los inversores preguntan por permisos, infraestructura y clima social. Allí mandan las provincias. Cuando el país muestra una foto coordinada, baja fricciones. Cuando expone contradicciones internas, sube el costo de capital. En minería, esa diferencia se traduce en decisiones de portafolio.
Glaciares, un tema sensible que también llegó a Toronto
El Gobierno mencionó avances legislativos y señaló la adecuación de la Ley de Glaciares. Ese punto suele encender debates dentro y fuera de Argentina. Las empresas piden claridad técnica y criterios aplicables. Las organizaciones ambientales exigen máximas protecciones. El Estado queda en el medio, con un reto doble. Dar certezas y sostener estándares ambientales verificables.
Desde una mirada periodística, el problema no reside en discutir normas. El problema aparece cuando la discusión se vuelve opaca o ideológica. La minería moderna necesita líneas rojas ambientales nítidas. También requiere mecanismos de fiscalización que funcionen de verdad. Si la “adecuación” se traduce en procedimientos más claros, el mercado lo valora. Si se percibe como un atajo, el mercado lo castiga.
En PDAC, ese tipo de discusión no suele quedarse en la teoría. La sala pregunta por datos. Pregunta por monitoreo, por auditorías y por licencias sociales. Pregunta por conflictos y por cómo se resuelven. La delegación argentina, en ese sentido, eligió poner el tema sobre la mesa. Eso puede resultar incómodo. También puede evitar sorpresas después.
Exportaciones récord y argumentos de caja
El Gobierno sumó otro elemento para reforzar su caso. Argentina cerró un récord de exportaciones mineras en el período enero-diciembre, con USD 6.037 millones. La cifra marcó el valor más alto histórico del sector, según el reporte oficial. Además, el Ejecutivo informó un crecimiento de 29,2% contra el año previo.
La composición de ese ingreso también importa. Los minerales metalíferos aportaron USD 4.948 millones, equivalentes al 82% del total. El oro lideró con USD 4.078 millones y marcó otro récord, de acuerdo con el mismo informe. El litio alcanzó USD 905 millones, también máximo histórico, y explicó el 15% del total.
Esos números cumplen una función práctica en Toronto. Los inversores buscan pruebas de ejecución, no sólo promesas. El récord exportador no resuelve el desafío de financiar nuevos proyectos. Pero sí muestra que existe capacidad operativa. También sugiere que el país puede sostener cadenas logísticas, contratación local y conocimiento técnico.
El propio informe oficial atribuyó parte del resultado al inicio de producción de cuatro proyectos de litio entre 2024 y 2025. Eso elevó a siete el número de minas de litio en producción en el país, siempre según la comunicación estatal.
Qué mira el mercado cuando escucha “Argentina”
PDAC no funciona como una feria más. Es un termómetro de riesgo y apetito por exploración. En ese ecosistema, Argentina compite con Canadá, Australia, Chile y Perú, entre otros. Compite por capital, por talento y por tecnología. La ventaja comparativa del país pasa por su geología. El desafío pasa por su institucionalidad y su macroeconomía.
El “Argentina Day” puso el foco en minerales críticos y desarrollo de proyectos, según la propia PDAC. También prometió un análisis del impacto del RIGI, promovido por la administración del presidente Javier Milei.
En la práctica, la escucha del mercado se concentra en tres planos. El primero es el régimen cambiario y la repatriación de dividendos. El segundo es la velocidad de permisos, con estándares claros. El tercero es la conflictividad social, sobre todo en agua y territorio. La delegación argentina buscó responder a esos planos con una idea central. “Seguridad jurídica renovada”, apoyada en el RIGI y en cambios normativos.
Aquí vale una precisión que suele omitirse en discursos políticos. La estabilidad normativa no depende sólo de una ley. Depende de la consistencia entre Nación, provincias, justicia y organismos de control. Si una pieza falla, el mercado descuenta el resto. Por eso, la foto federal en Toronto importó tanto como el contenido de los paneles.
Oportunidad real, exigencia igual de real
Argentina tiene una ventana concreta. El mundo necesita cobre para redes eléctricas y electromovilidad. Necesita litio para baterías, con todas las discusiones sobre tecnologías alternativas. También sigue demandando oro como cobertura financiera. Ese “mix” combina transición energética y refugio de valor. Pocos países reúnen esa canasta con escala.
Pero la ventana no se aprovecha con slogans. Se aprovecha con permisos consistentes, infraestructura y acuerdos sociales. Se aprovecha con transparencia en la información ambiental. Se aprovecha con compras locales y empleo formal, que muestren beneficios tangibles. En América Latina, la conversación ya no pasa por si hay minería. Pasa por cómo se hace y cómo se reparte el valor.
En ese punto, el énfasis del Gobierno en la promoción resulta lógico. Sucalesca habló de vincular empresas nacionales con grandes compañías internacionales. Eso apunta a derramar parte del gasto de capital y operación en proveedores locales. Si el país logra profundizar esa cadena, la minería deja más que exportaciones. Deja capacidades industriales, servicios profesionales y formación técnica.
También hay un elemento político que conviene subrayar. La presencia de Mendoza en la misión tiene un peso simbólico. La provincia aprobó en diciembre de 2025 la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto PSJ Cobre Mendocino, conocido como San Jorge. El Gobierno lo presentó como el primer desarrollo metalífero de gran escala con luz verde legislativa en más de dos décadas en Mendoza.
Ese antecedente fortalece la narrativa de “destrabar” proyectos. A la vez, obliga a sostener estándares altos. Mendoza se convirtió en un caso testigo. Si el proyecto avanza con control ambiental estricto, puede abrir camino. Si tropieza en licencia social, puede cerrar puertas.
La apuesta argentina, en síntesis, ya no se limita a mostrar geología. El país intenta mostrar institucionalidad. PDAC 2026 le dio una vitrina. El mercado ahora pedirá continuidad, no sólo anuncios. Y esa continuidad se mide en decisiones administrativas concretas, semana a semana, provincia por provincia.
