Vicuña Corp., la empresa conjunta de BHP y Lundin Mining, proyecta invertir alrededor de US$800 millones en 2026 para impulsar el desarrollo de los proyectos Josemaría y Filo del Sol, en la provincia de San Juan y en la franja fronteriza con Chile. La cifra implicaría duplicar el desembolso del año previo y marca un cambio de ritmo en un distrito que ya compite por escala y ley con los grandes nombres del cobre a nivel mundial.
La compañía sostiene que, en 2025, destinó cerca de US$400 millones al avance de ambos yacimientos. Ahora busca acelerar perforación, estudios de ingeniería, caminos y logística en un entorno donde la altura supera los 4,200 metros y la operación depende de ventanas climáticas exigentes. En términos prácticos, el mensaje es claro: Vicuña quiere convertir exploración y prefactibilidad en decisiones de construcción, sin esperar a que el contexto macro se “acomode” por sí solo.
El tamaño del activo explica la ambición. Vicuña integra Josemaría, un proyecto más avanzado, y Filo del Sol, un depósito con una huella mayor en superficie y con potencial de crecimiento. Para dimensionarlo, la empresa y fuentes sectoriales han descrito al distrito como uno de los mayores recursos no desarrollados de cobre, oro y plata. Reuters reportó que el conjunto contiene 13 millones de toneladas métricas de cobre medido y 25 millones inferido, además de metales preciosos asociados.
Detrás del avance también está la arquitectura corporativa. BHP y Lundin Mining cerraron en enero de 2025 la adquisición de Filo Corp. y formalizaron Vicuña como un “joint venture” 50/50 para administrar Filo del Sol y Josemaría bajo una sola estrategia. Ese paso redujo fricciones típicas entre operadores vecinos y abrió la puerta a economías de escala, sobre todo si un mismo complejo concentra planta, energía y parte de la infraestructura crítica.
El calendario que maneja el proyecto también ayuda a entender el aumento de gasto. Vicuña prevé iniciar producción hacia 2030 y concentrar el procesamiento en una planta central vinculada a Josemaría. Reuters también informó que el plan considera una vida útil estimada de 25 años para la instalación. Si el objetivo es cumplir ese cronograma, 2026 se vuelve un año bisagra, porque define trazos finales de diseño, permisos, contrataciones y obras tempranas.
En esa misma lógica, la compañía se comprometió a publicar un informe técnico integrado durante el primer trimestre de 2026. Ese documento debe aterrizar el concepto de desarrollo conjunto, con perfil productivo, requerimientos de infraestructura y rangos de capital. En un mercado donde los sobrecostos en proyectos greenfield se han vuelto la regla, ese reporte suele mover la percepción de riesgo tanto como una ley del mineral.
El anuncio de inversión llega con un telón de fondo que Argentina conoce bien: el país dejó de producir cobre en 2018, tras el cierre de Bajo de la Alumbrera, y desde entonces intenta reinsertarse en una cadena global que hoy discute déficit de suministro y cuellos de botella para electrificación. En ese marco, el Estado nacional y varias provincias cordilleranas han colocado al cobre en el centro de su narrativa exportadora, con la expectativa de sumar divisas, empleo y obra pública asociada.
Esa estrategia convive con incentivos regulatorios nuevos. Vicuña solicitó su incorporación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, el RIGI, bajo una categoría orientada a proyectos exportadores de largo plazo. La Cancillería argentina describe al régimen como un esquema creado por la Ley 27.742 para atraer inversiones de gran escala mediante beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, además de promesas de estabilidad jurídica. Para un proyecto multianual, esa “estabilidad” pesa tanto como el precio del cobre.
El RIGI, sin embargo, no elimina el reto central del cobre argentino: infraestructura. El distrito Vicuña está lejos de puertos, de redes eléctricas robustas y de caminos pavimentados. Reuters ya había descrito que el desarrollo requerirá una ruta de más de 200 kilómetros y una línea de transmisión de alto voltaje, comparable en escala al consumo de una ciudad. En un país donde la austeridad fiscal limita obra pública, la pregunta clave no es si se necesita infraestructura, sino quién la paga y bajo qué reglas de repago.
San Juan ha explorado mecanismos para acelerar esas obras. Reuters reportó que la provincia cuenta con esquemas de compensación vinculados a regalías, para que inversiones privadas en infraestructura puedan recuperar valor si el Congreso provincial declara “utilidad pública”. Este tipo de herramientas puede destrabar cronogramas, pero también exige transparencia y una gobernanza fina, porque mezcla intereses de Estado, empresa y comunidades.
En el terreno ambiental, el retorno del cobre también abre frentes sensibles. El debate en la cordillera suele concentrarse en agua, biodiversidad altoandina y protección de glaciares, además del tránsito pesado y la huella energética de un complejo minero. Medios especializados en ambiente han documentado tensiones sociales alrededor del “renacer” cuprífero argentino y la presión sobre recursos hídricos en zonas áridas. Ese contexto obliga a la industria a elevar el estándar si quiere licencia social sostenida.
A mi juicio, ahí se juega una parte del valor real del proyecto. El mercado hoy premia el cobre, pero castiga el riesgo no técnico. Si Vicuña logra demostrar manejo de agua, monitoreo independiente y acuerdos de beneficio local verificables, el distrito ganará resiliencia ante cambios políticos y ciclos de precio. En caso contrario, cualquier ventaja geológica se diluye en litigios, demoras y costos financieros más altos. Reuters reportó que la empresa ya presentó actualizaciones de impacto ambiental y medidas de gestión hídrica ante autoridades provinciales en etapas recientes del avance de Josemaría.
También conviene mirar la foto regional. BHP busca reforzar su exposición al cobre y ha privilegiado alianzas y adquisiciones para capturar escala en Sudamérica, en parte porque los nuevos proyectos tardan años en madurar. La jugada con Lundin encaja en esa lógica: consolidar un distrito emergente con opción de expansión por etapas, con un operador que ya conoce la geología y el relacionamiento local.
Para Argentina, el avance de Vicuña se suma a otros movimientos que apuntan a reconstruir el mapa cuprífero nacional. Reuters informó, por ejemplo, que Glencore planea reactivar Alumbrera hacia 2028. Ese tipo de decisiones sugiere que las señales pro inversión, junto con precios y perspectivas de demanda, están reordenando carteras corporativas. El país intenta convertir esa coyuntura en proyectos en obra, no en titulares.
El dato duro, de todos modos, seguirá siendo la ejecución. El informe técnico integrado del primer trimestre de 2026 debe fijar rutas, costos y etapas con mayor precisión. Ahí aparecerán definiciones sobre potencia instalada, trazos de línea eléctrica, soluciones logísticas y secuencia de construcción. También quedará más claro el rango de inversión total, que hoy oscila entre los US$5,000 millones que menciona la empresa y estimaciones locales que llegan a cifras mucho mayores.
En síntesis, el salto a US$800 millones en 2026 funciona como termómetro. Mide confianza empresaria, disponibilidad de capital y velocidad regulatoria en un país que busca volver al cobre después de años sin producción. Si Vicuña sostiene el ritmo, Argentina ganará un proyecto faro con impacto en empleo, proveedores y divisas. Si el ritmo se frena, la razón casi seguro no será geológica, sino de infraestructura, permisos o aceptación social.
