El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alista una orden ejecutiva para que el Departamento de Defensa firme acuerdos de compra de electricidad con centrales a carbón. Fuentes citadas por Bloomberg indicaron que la medida buscaría sostener la operación de plantas que enfrentan presión económica y regulatoria. Reuters informó que la Casa Blanca no respondió de inmediato y que el Pentágono canalizó preguntas a la Presidencia.
La misma ruta incluye un componente presupuestal. Según el reporte citado por Reuters, el Departamento de Energía prepararía 175 millones de dólares para mejoras en seis centrales ubicadas en Kentucky, Carolina del Norte, Ohio, Virginia y West Virginia. La Casa Blanca planea un evento con ejecutivos y trabajadores del sector para enmarcar el anuncio.
El giro importa por una razón simple: la electricidad ya no alcanza con lo “normal”. La Administración de Información Energética de Estados Unidos proyectó que el consumo eléctrico romperá récords en 2026 y 2027. La agencia colocó como motores a los centros de datos de inteligencia artificial, la actividad vinculada a criptomonedas y la electrificación de usos finales.
Seguridad nacional contra la realidad del sistema eléctrico
El Pentágono compra energía de muchas maneras, pero la discusión de fondo apunta a la resiliencia. Bases, astilleros y centros de mando necesitan suministro continuo. En la práctica, una falla amplia de red puede paralizar operaciones críticas, aunque existan respaldos. Ese argumento suele pesar más que el debate ideológico.
Aun así, el movimiento choca con otra línea de trabajo federal que ya estaba en marcha. En 2024, la GSA y el propio Departamento de Defensa impulsaron consultas al mercado para compras masivas de “carbon pollution-free electricity”, con el objetivo de llegar a 100% para 2030 dentro del gobierno federal.
El contraste también aparece en documentos internos previos del Pentágono. Su plan de sostenibilidad de 2022 enfatizó eficiencia, electrificación y proyectos de microredes con almacenamiento y generación en sitio para proteger activos críticos y, cuando resulte viable, reducir emisiones. El texto incluso menciona recursos de construcción militar dirigidos a una iniciativa de microred.
Esa diferencia no es menor. Expertos citados por Inside Climate News subrayan que la seguridad energética militar suele mejorar con soluciones distribuidas, no con dependencia de plantas externas. Ese enfoque prioriza microredes, redundancia local y flexibilidad operativa.
Un carbón que se retira, pero no desaparece
El anuncio llega cuando el carbón vive una retirada sostenida en el parque eléctrico estadounidense, aunque con altibajos. La EIA documentó que los generadores planeaban retirar 12.3 gigawatts de capacidad en 2025, con el carbón como la mayor porción de esos cierres. La agencia estimó 8.1 gigawatts de retiros de carbón en 2025.
En paralelo, la EIA prevé que la participación del carbón en la generación baje, aunque el consumo total del sistema suba por el empuje de la demanda. En el reporte citado por Reuters, el carbón pasaría de 17% en 2025 a 15% en 2027, mientras crecen renovables y se mantiene fuerte el gas.
Ese telón de fondo explica por qué una orden de compras puede cambiar incentivos. Una central a carbón no solo compite por megawatts. Compite por contratos, previsibilidad de ingresos y capacidad para financiar mantenimiento, control ambiental y personal.
La señal también se refleja en decisiones corporativas y públicas. La agencia AP reportó que la Tennessee Valley Authority, el mayor servicio público del país, revisa planes de cierre para dos plantas a carbón en Tennessee, en medio de cambios regulatorios y una demanda creciente.
Qué busca Trump con el músculo de compra del Pentágono
Bloomberg Law indicó que la Administración había contemplado antes usar el peso comprador del Departamento de Defensa para apuntalar el carbón, incluso con herramientas como la Ley de Producción de Defensa de 1950. La nota sugiere que la nueva orden retomaría esa idea mediante acuerdos de suministro eléctrico para operaciones militares.
En lo político, el mensaje resulta directo. La Casa Blanca quiere mostrar que puede sostener empleos y actividad industrial en regiones carboneras. También quiere proyectar que la seguridad nacional no depende de una sola tecnología.
Aquí conviene separar el símbolo del detalle técnico. El carbón aporta energía despachable y almacenamiento “en el patio”, porque las centrales suelen mantener inventarios de combustible. Esa característica reduce exposición a interrupciones de gasoductos o a eventos climáticos que afectan cadenas de suministro. El carbón, además, sostiene una cadena minera y logística que mueve economías locales.
Pero el carbón también carga un costo ambiental conocido. Emite más CO₂ por kilowatt-hora que el gas natural y añade contaminantes criterio si la planta no opera con controles modernos. La discusión real, entonces, no es sentimental. Es de costo total y de riesgo.
Modernizar plantas no equivale a borrar impactos, pero sí cambia el perfil. Mejoras en calderas, sistemas de control, reducción de NOx y SO₂, y manejo de partículas pueden disminuir efectos locales. Cuando el gobierno habla de “upgrades”, el mercado suele leerlo como extensión de vida útil y cumplimiento normativo.
La pregunta incómoda, y necesaria, es quién paga la cuenta completa. Si la orden fuerza compras o crea contratos a largo plazo, el costo puede trasladarse a presupuestos federales o a tarifas donde aplique. Si la orden solo prioriza al carbón en licitaciones, el efecto dependerá de precios y de reglas.
Mi análisis: una medida de corto alcance con un debate de largo aliento
Veo una lógica operativa en blindar consumos críticos del sector defensa. Nadie discute que un apagón masivo se vuelve un problema de seguridad nacional. La forma de lograrlo, sin embargo, definirá el resultado.
Si la orden se limita a comprar electricidad a carbón, puede prolongar activos que ya enfrentan retiros y, con ello, sostener empleo minero y operación local. Eso genera estabilidad en comunidades que no sustituyen fácil esa derrama.
Si la orden desplaza inversiones en microredes y soluciones distribuidas, el Pentágono podría ganar “energía” pero perder “resiliencia” en el terreno. Los especialistas que empujan microredes no lo hacen por moda. Lo hacen porque una base que genera y gestiona parte de su energía resiste mejor fallas externas.
También pesa el contexto internacional. Estados Unidos promueve compras públicas de electricidad libre de contaminación por carbono en otras ventanas de su gobierno. Eso coloca a la nueva instrucción en una tensión abierta con metas previas.
En México, este debate se mira con atención, aunque el sistema sea distinto. La presión por electricidad firme también crece por industria, nearshoring y centros de datos. Al mismo tiempo, el país discute costos, confiabilidad y huella ambiental. Un cambio en Washington puede reordenar conversaciones regionales, desde inversión energética hasta criterios ESG en cadenas de suministro.
El carbón no se va a “revivir” solo por decreto. Pero un comprador ancla como el Pentágono sí puede comprar tiempo. Y en energía, comprar tiempo muchas veces equivale a comprar poder de negociación.
