Orla Mining puso sobre la mesa un plan que, si avanza, cambia el tamaño de su historia en México. La empresa canadiense divulgó una Evaluación Económica Preliminar para un proyecto subterráneo bajo su operación actual de Camino Rojo, en Zacatecas. El estudio dibuja una operación independiente, con su propia infraestructura y una planta de molienda y flotación que produciría concentrados comercializables.
El mensaje central de la PEA resulta claro: el potencial económico luce atractivo en más de un escenario de precio del oro, pero exige inversión y ejecución técnica. En el caso base, la compañía asume un precio de oro de US$3,100 por onza. Con esa premisa, el estudio reporta un valor presente neto after-tax de US$1,275 millones, con una tasa interna de retorno after-tax de 30.2% y un periodo de recuperación estimado de 3.2 años.
La sensibilidad del proyecto muestra, al mismo tiempo, el músculo y la vulnerabilidad que suelen acompañar a los desarrollos auríferos. Con un oro a US$2,000 por onza, la PEA calcula un NPV after-tax de US$104 millones y un IRR after-tax de 7.7%, con payback cercano a 7.9 años. Con un escenario de US$5,000 por onza, el NPV after-tax sube a US$3,342 millones y el IRR after-tax a 61.2%, con payback de 1.5 años.
El diseño técnico se apoya en una escala relevante para un yacimiento subterráneo mexicano. La PEA contempla una planta con capacidad nominal de 8,000 toneladas por día, operando 24 horas, con una disponibilidad asumida de 92%. En lugar de integrar el circuito con la operación de óxidos de lixiviación en pilas, el estudio lo trata como un desarrollo “stand-alone”, con su propio esquema de procesamiento y comercialización.
El cambio metalúrgico explica buena parte de esa decisión. El modelo geometalúrgico divide el material en dominios no refractarios, refractarios y Zona 22. El estudio estima que el material refractario representa alrededor de 80% del tonelaje, y por eso no funciona bien con una cianuración directa. La PEA, en consecuencia, apuesta por producir y vender tres concentrados, de pirita, de oro y de zinc, con flotación selectiva y filtrado previo a almacenamiento y despacho.
La compañía calcula una recuperación promedio de oro en concentrados de 87% a lo largo de los dominios. Para el equivalente de oro, Orla también incorpora supuestos de recuperación y precio para plata y zinc, con promedios que el propio documento sitúa en 75% para plata y 40% para zinc, bajo precios de referencia de US$37.50 por onza de plata y US$1.20 por libra de zinc.
La huella de relaves también adopta un enfoque que ya se volvió tema obligado en cualquier conversación seria sobre permisos y aceptación social. La PEA plantea espesamiento y envío de colas a una planta de “paste backfill” para rellenar labores subterráneas, y dirige el excedente a un depósito de jales en modalidad “dry-stack”. Ese arreglo suele reducir el riesgo asociado a presas convencionales y recorta el requerimiento de agua fresca, aunque no lo elimina.
Cuando uno mira el tamaño del recurso y las leyes, entiende por qué Orla quiere abrir esa puerta. El resumen del estudio marca una vida de mina de 17 años, con una alimentación proyectada de 37.2 millones de toneladas. El material promedia 2.70 g/t de oro, 11.5 g/t de plata y 0.39% de zinc, con 3.22 millones de onzas de oro contenidas en el “feed”.
En recursos, la compañía reporta para el proyecto subterráneo 49.3 millones de toneladas en categorías medidas e indicadas, con ley promedio de 2.53 g/t de oro, para 4.01 millones de onzas. Además, incorpora 4.2 millones de toneladas inferidas con ley cercana, en 2.50 g/t, para 0.34 millones de onzas. La PEA subraya el punto que exige la regulación canadiense: una evaluación preliminar incluye recursos inferidos y no garantiza materialización.
La inversión requerida también se coloca en un nivel que obliga a disciplina financiera. El estimado de capital inicial asciende a US$608.1 millones, sin IVA, con un rango de precisión típico de estimaciones Clase 4. El rubro más pesado recae en la planta de proceso, con US$306.0 millones, seguido por el desarrollo de mina, con US$203.2 millones, más contingencia y otros componentes. El estudio agrega un capital de sostenimiento de US$489.0 millones y provisiones de cierre y rehabilitación por US$30.0 millones.
Un elemento que el mercado suele leer con lupa aparece fuera de ese monto inicial. Orla estima que la rampa o “exploration decline”, diseñada para des-riesgar el depósito con desarrollo y barrenación subterránea, costaría entre US$100 y US$150 millones en un periodo aproximado de tres años. El documento excluye ese gasto del capital inicial del proyecto, lo cual importa para el calendario real de desembolsos.
La empresa no parte de cero en el sitio, y ese hecho pesa tanto como la geología. Camino Rojo ya opera como mina a cielo abierto con lixiviación en pilas. En 2025 produjo 96,764 onzas de oro, y para 2026 guía un rango de 110,000 a 120,000 onzas, con AISC proyectado entre US$1,150 y US$1,250 por onza vendida. La operación también presume infraestructura regional y conexión a la red, además de relaciones con comunidades, según su información corporativa.
Desde una óptica estrictamente industrial, el atractivo del proyecto subterráneo radica en la continuidad. Una expansión bajo el tajo extiende el ciclo de vida del distrito y ayuda a sostener empleos y derrama en servicios mineros locales, algo particularmente sensible en Zacatecas. No hace falta exagerar: la entidad vive de minería desde hace décadas y concentra clúster de contratistas, transporte y mantenimiento que dependen de proyectos con horizonte largo.
El reto, como casi siempre en México, no se agota en la ingeniería. La reforma minera de 2023 recortó la duración de concesiones de 50 a 30 años y empujó un esquema de asignación vía licitación, además de endurecer requisitos sociales, ambientales y de agua, según comunicados oficiales y análisis regulatorios. Esa reforma también cambió el tono del debate público, al dejar atrás la idea de “preferencia” automática para la actividad.
En febrero de 2026, el gobierno federal añadió otra señal al tablero: anunció la recuperación de 1,126 concesiones por incumplimientos, con énfasis en áreas naturales protegidas y en concesiones usadas con fines especulativos, de acuerdo con información publicada por El País. El mensaje busca ordenar el padrón, pero también eleva la exigencia de cumplimiento para quien sí opera y quiere invertir.
En mi análisis, ese contexto vuelve todavía más valiosa la ruta de des-riesgo que Orla plantea, porque no deja margen para improvisaciones. La propia compañía ya reconoce que su plan operativo de óxidos en 2026 asume la obtención de permisos en el primer trimestre del año. En paralelo, la PEA del subsuelo propone estudios de optimización, avance de la declinación y perforación escalonada durante 2026, con la mira puesta en completar un estudio de prefactibilidad en 2027.
También aparece un riesgo menos visible para el público general, pero muy real para cualquier CFO minero: la comercialización de concentrados. El estudio incorpora cargos de tratamiento y refinación, fletes y condiciones de pago que dependen de la capacidad de fundiciones, de impurezas y de la volatilidad del mercado de sulfuros. Orla afirma que un asesor independiente revisó términos y transacciones recientes para sustentar supuestos “comercialmente razonables”. Aun así, ese renglón puede mover márgenes, sobre todo en periodos de congestión de smelters.
El mercado, por lo pronto, leyó la noticia con ánimo. Se reportó un alza de 3.6% en Toronto al cierre del jueves y una capitalización de mercado cercana a C$8.2 mil millones. Ese tipo de reacción suele premiar el crecimiento orgánico con métricas vistosas, aunque el verdadero examen llegará con la ingeniería de prefactibilidad y, sobre todo, con la ruta de permisos.
Para Zacatecas, el subtexto importa: un proyecto subterráneo de esta escala no solo añade onzas. También suele profesionalizar proveedores, estabilizar empleos y justificar inversiones en energía y logística que benefician a más actores. El beneficio social, sin embargo, requiere transparencia ambiental y acuerdos claros con comunidades, porque el estado ya conoce la cara difícil de la minería cuando fallan la comunicación o el agua se vuelve punto de presión.
Orla no prometió una decisión inmediata de construcción. La empresa colocó el proyecto en la etapa correcta para un activo de sulfuros con complejidad metalúrgica: PEA hoy, más perforación y pruebas mañana, y prefactibilidad como siguiente filtro. Si Orla mantiene la disciplina técnica y social, Camino Rojo puede consolidarse como un complejo más robusto en uno de los corredores mineros más relevantes del país.
