La primera señal del nuevo gobierno chileno hacia la minería no llegó con un anuncio de producción. Llegó con una decisión política. José Antonio Kast asumió este 11 de marzo de 2026 y dejó Economía y Minería bajo Daniel Mas. La jugada busca alinear crecimiento, inversión y tramitación. También abrió dudas en gremios que esperaban una conducción sectorial exclusiva.
El contexto explica la sensibilidad del nombramiento. Chile lidera el cobre mundial con 24% de la producción y ocupa el segundo lugar en litio con 27%. En 2023, la minería aportó cerca de 12% del PIB y 57% de las exportaciones. Desde 2022, además, el sector capta la mayor parte de la inversión extranjera directa. Pocas actividades pesan tanto en la recaudación, la balanza externa y el empleo calificado del país.
Por eso la fusión ministerial no parece un ajuste menor. El sector la leerá como señal de prioridad o de dilución. Sonami y la Cámara Minera expresaron reparos apenas se conoció la designación. Reclaman una política clara, certeza jurídica y rapidez para los proyectos, sin bajar estándares ambientales ni de seguridad. La inquietud no nace solo del nombre de Mas. Nace del temor a que la minería pierda foco técnico en una etapa decisiva.
Ese debate ocurre cuando Chile proyecta una cartera minera de US$104.549 millones entre 2025 y 2034. Cochilco la presentó como la mayor en más de una década. Esa bolsa de inversión confirma algo simple. El capital sigue viendo valor en Chile. Pero también manda una advertencia. Los proyectos no avanzarán solos si los permisos, los plazos y la coordinación pública siguen trabados.
La urgencia se nota con más fuerza en cobre. Chile conserva su liderazgo global, pero ya no puede apoyarse solo en la escala. Codelco y otras faenas cargan el peso de yacimientos maduros, menores leyes y procesos más exigentes. Reuters reportó en enero de 2025 que la estatal todavía lidiaba con ese desgaste. Cochilco, aun así, proyectó una recuperación gradual hasta 5,76 millones de toneladas en 2025 y 5,97 millones en 2026. Ese escenario permite optimismo. No avala saltos productivos inmediatos.
Aquí aparece el primer examen real del gobierno. La industria no pide un atajo regulatorio. Pide reglas previsibles y tiempos razonables. Sonami lo dijo con claridad en enero. Quiere agilizar la tramitación y reforzar la certeza jurídica, sin debilitar la seguridad ni las exigencias ambientales. Esa demanda no contradice una minería responsable. La vuelve posible, porque un proyecto que demora demasiado también encarece la innovación, enfría la exploración y recorta empleo local.
Nada de eso funcionará sin legitimidad territorial. La estrategia nacional de minerales críticos incluyó desarrollo de comunidades, equilibrios ambientales y formación de talento. Sonami también pidió medidas concretas para la pequeña y mediana minería, junto con ajustes en patentes y concesiones. Ese punto merece más atención. La discusión minera no termina en la gran faena. También pasa por proveedores regionales, empleo local y continuidad operacional fuera de las mega minas.
El litio concentra una presión distinta. Chile sigue como segundo productor mundial y posee salares de bajo costo. Al mismo tiempo, la estrategia nacional lanzada en 2023 reforzó el papel del Estado en toda la cadena productiva. Esa definición reordenó el mapa del sector. También elevó la incertidumbre sobre tiempos y modalidades de entrada para nuevos actores. El problema no es la presencia estatal. El problema aparece cuando la política no aclara con rapidez cómo convivirán control, inversión y competencia.
En paralelo, el país abrió otra ventana que merece atención. En enero de 2026 presentó su Estrategia Nacional de Minerales Críticos. El documento identificó 14 minerales y los ordenó bajo cinco pilares de acción. La hoja de ruta busca diversificar la matriz minera, atraer inversiones responsables y fortalecer encadenamientos productivos. Ahí aparece una noticia mejor de lo que suele admitirse. Chile no solo compite en cobre y litio. También quiere ampliar su espacio en molibdeno, renio, cobalto, tierras raras, oro, plata, hierro, yodo y boro.
La discusión tampoco termina en extraer más roca. El documento oficial sobre minerales críticos habla de agregación de valor, diplomacia de minerales y capacidades habilitantes. Esa orientación va en la dirección correcta. Chile ha vivido décadas apoyado en su ventaja geológica. Hoy la competencia exige algo más. Requiere mejor información geológica, proveedores tecnológicos y capital humano suficiente. El propio sector necesitará 34.000 trabajadores adicionales hacia 2032, según el reporte comercial de Estados Unidos sobre minería en Chile.
La dimensión externa también pesa. En el primer semestre de 2025, China y Estados Unidos se mantuvieron como los principales socios comerciales de Chile. China lideró como destino de las exportaciones mineras. Al mismo tiempo, Washington elevó en 2026 su presión diplomática sobre los minerales críticos y las cadenas de suministro. Esa pinza geoeconómica obliga a Santiago a manejar un equilibrio fino. Necesita vender más. También necesita decidir dónde agrega valor y con quién construye seguridad de suministro.
En esa discusión suele perderse un punto central. La minería no es solo tonelaje. Chile cuenta con más de 3.000 proveedores oficiales del sector y con ventas superiores a US$13.000 millones en ese ecosistema. La nueva estrategia de minerales críticos, además, habla de innovación, empleo calificado y encadenamientos productivos. Esa es la cara que conviene rescatar. Un país minero no gana solo cuando extrae. Gana más cuando diseña, procesa, mantiene y exporta conocimiento.
Desde una perspectiva editorial, el mayor riesgo del nuevo gobierno no está en su voluntad de acelerar proyectos. Ese objetivo tiene sentido. El riesgo aparece si la administración reduce la discusión a desregulación o a choque político. Chile ya cambió reglas con el royalty minero vigente desde 2024 y con la estrategia del litio en marcha. Ahora necesita consistencia. Debe alinear permisos, fiscalidad, infraestructura, agua, energía y diálogo territorial bajo una lógica de competitividad seria.
Kast arranca, entonces, con una oportunidad real y con un margen de error estrecho. Si logra dar foco técnico al biministerio, ordenar la tramitación y ofrecer certezas al capital, Chile puede abrir una nueva etapa de inversión. Si falla, la cartera de US$104.549 millones seguirá en papel por más tiempo del deseado. El país tiene mineral, experiencia y mercado. Lo que hoy entra a prueba es la calidad de la política pública.
