El Gobierno de México informó la recuperación de 1,126 concesiones mineras que abarcan 889,512 hectáreas. La Secretaría de Economía equiparó esa superficie con la extensión territorial de Querétaro.
El anuncio se dio en Palacio Nacional. Marcelo Ebrard, secretario de Economía, y Fernando Aboitiz, jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas, presentaron los datos. Atribuyeron la medida a una directriz impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum desde el inicio de su administración.
La cifra que más tensiona el debate público se concentra en el componente ambiental. Del total recuperado, 713 concesiones se ubicaban dentro de áreas naturales protegidas. El gobierno estimó que esas 713 concesiones cubrían alrededor de 249 mil hectáreas en esas zonas.
Ebrard enmarcó la decisión en la protección de la biodiversidad. Sostuvo que el país no necesita mantener títulos mineros en zonas con vocación de conservación. El argumento busca cerrar la puerta a la expectativa de explotación futura dentro de polígonos protegidos.
El gobierno explicó dos causas principales. Señaló el retraso en el pago de derechos durante dos años. También mencionó la omisión de informes estadísticos y de obras, que sirven para acreditar actividad de exploración.
Ese enfoque apunta a un problema viejo en la política minera mexicana: la acumulación de títulos sin trabajo real. En los hechos, una concesión puede convertirse en un activo financiero. Ese activo se revende o se usa como garantía, sin abrir brecha ni levantar muestras. En términos de política pública, ese fenómeno inmoviliza territorio.
Aboitiz añadió un dato político que el gobierno quiso subrayar. Dijo que el 10% de las devoluciones ocurrió de forma voluntaria tras diálogo con la industria. Colocó en ese grupo a empresas como Peñoles y Minera Autlán. El restante 90% lo asoció a particulares con fines especulativos.
La distribución territorial ayuda a dimensionar el tamaño del ajuste. Sonora concentró la mayor superficie, con 141,408 hectáreas vinculadas a 120 concesiones. Durango sumó 129,741 hectáreas en 101 títulos. Coahuila integró 120,475 hectáreas asociadas a 149 concesiones.
En el mismo reporte, la Secretaría de Economía ubicó reducciones relevantes en Jalisco, Zacatecas y Chihuahua. La fotografía confirma que el recorte toca estados con tradición minera y con cadenas productivas activas. Por eso, el mensaje oficial se cuidó: el gobierno insiste en que atacó la especulación, no la minería con operaciones.
La discusión de fondo exige precisión conceptual. México distingue entre tener una concesión y poder explotar. El título abre un derecho minero, pero la operación requiere permisos ambientales y, según el caso, autorizaciones adicionales. En áreas naturales protegidas, los decretos y programas de manejo suelen imponer restricciones severas. La LGEEPA fija el marco de esas áreas y la Conanp describe sus categorías y objetivos de conservación.
Aquí aparece una lectura relevante para el sector. Si el Estado limpia el padrón de concesiones ociosas, también mejora la certidumbre del resto. Una concesión activa, con inversión y permisos, se distingue mejor cuando el gobierno reduce el ruido especulativo. Ese ordenamiento puede bajar conflictos, porque elimina la sombra de proyectos que “existen en papel” durante décadas.
El movimiento también se entiende a la luz de la reforma minera de 2023. El Ejecutivo federal presentó entonces un rediseño que recortó la vigencia de las concesiones a 30 años, con una sola prórroga de 25 años, bajo condiciones. El gobierno buscó reforzar obligaciones y elevar exigencias en agua y territorio.
En ese contexto, el mensaje de 2026 funciona como señal de aplicación. La autoridad no solo presume cambios legales, sino ejecución administrativa. El gobierno presenta la recuperación como herramienta para frenar la inmovilización del suelo. También la vende como un escudo para áreas naturales protegidas.
El antecedente político que mencionó Ángulo 7 no pasó desapercibido. El medio recordó que buena parte de esas concesiones se entregaron en distintas administraciones. Subrayó que el mayor otorgamiento ocurrió durante el sexenio de Felipe Calderón. Esa referencia coloca el tema en clave de corrección de excesos históricos.
El anuncio mexicano coincidió con otra conversación que crece en Norteamérica: los minerales críticos. En días recientes, medios como El País reportaron un acuerdo entre México y Estados Unidos para identificar y ordenar cadenas de suministro de minerales estratégicos. Ese telón de fondo agrega presión, porque Washington busca reducir dependencia de China.
Sheinbaum ha tratado de caminar esa línea con cuidado. Según esos reportes, la presidenta afirmó que México mantendrá control sobre sus recursos. También dijo que no abrirá nuevas minas por ese acuerdo. Aun así, el debate se enciende: ¿cómo asegurar minerales para la transición energética sin relajar salvaguardas ambientales?
Conviene poner sobre la mesa lo que México sí aporta al mundo, porque esa realidad explica el interés externo y la discusión interna. El país se mantiene como el principal productor de plata, de acuerdo con estimaciones difundidas con base en datos de 2024. La relevancia minera también se refleja en indicadores económicos del propio sector.
Camimex, por ejemplo, reportó que en 2024 la minería elevó su participación al 2.77% del PIB total y representó 8.70% del PIB industrial. Esos números ayudan a entender por qué la política minera nunca se reduce a un debate ambiental. También toca empleo, derrama regional y cadenas manufactureras.
Por eso, la recuperación de concesiones puede tener un efecto doble. Puede proteger zonas sensibles cuando el Estado retira expectativas extractivas en áreas naturales protegidas. Puede también abrir espacio para que proyectos serios compitan por territorio disponible, con reglas claras y trazabilidad. Esa parte positiva existe, siempre que el gobierno sostenga criterios técnicos y procesos transparentes.
El riesgo aparece cuando la medida se percibe como castigo generalizado. El sector necesita diferenciar al especulador del operador que invierte y cumple. La industria ha insistido durante años en esa separación. El propio gobierno la usó en su narrativa al hablar de devoluciones voluntarias de grandes empresas.
Otra arista se juega en lo social. Muchas disputas territoriales nacen de títulos que se mantienen vivos sin informar a comunidades. Cuando un proyecto se anuncia, el resentimiento ya se acumuló. Si el Estado reduce concesiones inactivas, también reduce un inventario de conflictos potenciales. Eso no sustituye consulta, diálogo y estándares ambientales, pero sí ordena el tablero.
El gobierno, por su parte, colocó el énfasis en la recaudación y el cumplimiento. Si una concesión no paga derechos o no reporta obras, el Estado pierde capacidad de supervisión. Ahí la cancelación funciona como herramienta de disciplina. También envía un mensaje a quienes compran títulos para “guardarlos” y esperar mejores precios.
Queda una pregunta que marcará el seguimiento. ¿Publicará la Secretaría de Economía el detalle de las concesiones recuperadas, con ubicación y estatus jurídico? La transparencia reduce suspicacias y permite auditoría pública. También ayuda a empresas y comunidades a saber qué cambió en su región. En un país con miles de concesiones, el mapa importa tanto como el discurso.
Por ahora, el dato duro ya se instaló. México retiró 1,126 concesiones y recuperó 889,512 hectáreas, con un componente mayoritario en áreas naturales protegidas. Si el gobierno sostiene el criterio de cumplimiento y combate la especulación, la medida puede fortalecer a la minería responsable. Si politiza el instrumento, puede congelar inversión productiva y agrandar incertidumbre. El siguiente paso definirá cuál de esos caminos toma fuerza.
