La disputa laboral que Alonso Ancira Elizondo mantiene contra Altos Hornos de México (AHMSA) no se resolverá en tribunales de la Ciudad de México. Un tribunal federal determinó que las autoridades capitalinas carecen de competencia para conocer el asunto y ordenó remitir el expediente a un órgano jurisdiccional con sede en Saltillo, Coahuila, donde deberá continuar el proceso.
La resolución, identificada en el expediente 77/2024, representa un revés para la estrategia legal del exdirectivo, quien buscaba anclar el juicio en la capital bajo el argumento de que ahí se ubican oficinas corporativas relacionadas con su contrato. Tras revisar las pruebas presentadas, el Noveno Tribunal Laboral Federal en la Ciudad de México se declaró incompetente y formalizó el traslado del caso a Coahuila.
En el fondo, Ancira reclama el pago de prestaciones y condiciones contractuales que, sostiene, quedaron pendientes tras su salida de la siderúrgica. Entre los conceptos que exige figura una indemnización calculada en función de cinco meses de salario por cada año trabajado, con base en un contrato firmado en 2021, además del reconocimiento de su antigüedad desde marzo de 1990. A ello suma el cobro de pasivos laborales que afirma fueron reflejados por la empresa en sus estados financieros de 2022, así como el pago proporcional de prestaciones de ley como aguinaldo, vacaciones y primas.
El debate sobre la sede del litigio se volvió el punto crítico. Mientras Ancira impulsó la tesis de que la capital era el foro adecuado por las referencias corporativas vinculadas al vínculo laboral, el criterio judicial se inclinó por privilegiar el lugar donde se prestaron efectivamente los servicios y donde resulta más accesible la obtención de pruebas. En ese análisis, se consideraron elementos como recibos de nómina asociados a registros fiscales y documentación laboral que ubica el centro de trabajo en Coahuila, además de registros ante el IMSS que situarían las actividades del exdirectivo en la operación de Monclova.
El traslado, sin embargo, no elimina por completo la incertidumbre procesal. El propio expediente apunta que el caso ha quedado en una zona de indefinición porque, en momentos previos, un tribunal laboral federal con sede en Coahuila expresó reservas para asumirlo, al recordar que la ley permite al trabajador optar por el domicilio donde se celebró el contrato o por el de la parte demandada. Con la determinación del tribunal capitalino, la decisión final sobre la competencia deberá concretarse en la instancia correspondiente, en un contexto de alta sensibilidad para el concurso y la quiebra de la empresa.
El telón de fondo es el proceso de quiebra de AHMSA y su filial Minera del Norte (MINOSA), que se encamina a una subasta pública programada para el 27 de febrero de 2026. La audiencia para recibir ofertas se fijó con un valor mínimo de referencia de 1,127 millones 378 mil dólares y se realizará en un inmueble del Poder Judicial, en la colonia Guadalupe Inn, en la Ciudad de México, bajo la conducción del juzgado federal a cargo del procedimiento concursal.
La venta se plantea como un punto de inflexión para una compañía que arrastra una crisis prolongada, con efectos severos en la economía regional de Coahuila y en su cadena de proveedores. En la cobertura del propio proceso concursal se ha advertido que el propósito central de la enajenación es generar recursos para atender obligaciones acumuladas con acreedores financieros, instancias gubernamentales y compromisos con trabajadores y proveedores.
En ese contexto, el litigio de Ancira adquiere un peso que va más allá del pleito individual. En octubre de 2025, el empresario notificó su desistimiento de una liquidación laboral por más de 300 millones de pesos que le había sido reconocida dentro del concurso mercantil, pero mantuvo activa una vía judicial para reclamar condiciones contractuales y adeudos derivados de su relación laboral. La coexistencia de rutas legales, mientras se acelera la subasta, agrega presión sobre la necesidad de ordenar créditos, definiciones jurisdiccionales y certezas para potenciales inversionistas.
La propia calendarización de la subasta incluye etapas de revisión documental y preclasificación de interesados, con fechas clave a lo largo de febrero, antes de la audiencia del 27. En términos prácticos, el reloj corre en paralelo para el concurso mercantil y para la ruta laboral: la definición de qué tribunal conoce la demanda de Ancira se vuelve relevante para evitar que el proceso quede atrapado en incidentes de competencia en el tramo final previo a la recepción de posturas.
Por ahora, el siguiente paso consiste en que la autoridad jurisdiccional en Saltillo reciba el expediente y determine la continuidad del procedimiento, con el precedente marcado por el tribunal capitalino y con un expediente que ya expuso tensiones sobre el criterio de elección de sede. Lo que ocurra en los próximos días no solo delineará el futuro inmediato del reclamo de Ancira, sino que también se insertará en el momento más delicado del proceso concursal de AHMSA, a semanas de una subasta que el sector industrial y los acreedores miran como la última oportunidad para destrabar la reestructuración y una eventual reactivación productiva.
Juez frena intento de Ancira de litigar en CDMX y envía a Coahuila su demanda laboral contra AHMSA
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