Capstone Copper reanudó la operación de su mina Mantoverde, en la región de Atacama, Chile, después de un periodo de producción interrumpida que la empresa atribuyó a la imposibilidad de acceder y operar su planta desalinizadora. La reactivación ocurre en un momento sensible: la huelga del Sindicato N°2 continúa y mantiene tensión sobre una infraestructura crítica, en un país donde el agua y la continuidad operacional se volvieron variables estratégicas para la minería.
La compañía informó que espera sostener el complejo en un rango de operación equivalente a entre 50% y 75% de su producción normal mientras siga el conflicto laboral. Ese rango no solo marca el pulso de Mantoverde. También sirve como termómetro para evaluar cómo una faena moderna responde cuando el factor limitante no es el mineral, sino el acceso al agua industrial, la coordinación de turnos y la estabilidad en servicios esenciales.
El trasfondo inmediato se centra en la desalinizadora ubicada en la costa, que abastece a la operación minera tierra adentro. En el norte chileno, esa dependencia ya no es excepcional. Varias operaciones migraron a agua de mar por restricciones hídricas, presión comunitaria y mayor escrutinio regulatorio. La consecuencia resulta evidente: cuando un tercero impide el acceso a la planta, la mina no solo pierde agua. Pierde ritmo, flexibilidad y margen para sostener inventarios.
De acuerdo con información pública divulgada por la propia empresa y por reportes financieros, el Sindicato N°2 representa alrededor de 22% de la fuerza laboral total en Mantoverde. El paro inició el 2 de enero de 2026, tras el cierre sin acuerdo de un proceso de mediación. En paralelo, reportes periodísticos indicaron que el conflicto escaló alrededor del control de accesos en la desalinizadora, un punto neurálgico para la operación diaria, con repercusión directa en la capacidad de mantener plantas en marcha y servicios de soporte.
Aquí conviene poner el foco en lo operativo. Mantoverde no es solo una mina “tradicional”. Capstone terminó en años recientes una etapa clave de expansión, el Mantoverde Development Project, que incorporó un concentrador de sulfuros y amplió infraestructura asociada, incluida la desalación, para procesar mineral sulfurado. La empresa reportó que el proyecto produjo su primer concentrado en junio de 2024 y alcanzó producción comercial en septiembre de 2024. Ese calendario importa porque la instalación todavía vive la fase en la que cada interrupción cuesta más. En una operación recién expandida, cualquier freno complica la curva de aprendizaje, el desempeño metalúrgico y la estabilidad de equipos.
La compañía también divulgó datos que ayudan a dimensionar la escala. En su reporte de resultados de 2025, Capstone señaló que Mantoverde produjo 95,115 toneladas de cobre total en ese año, con un aumento relevante frente a 2024 impulsado por el avance del concentrador. Ese volumen no define por sí solo el mercado mundial, pero sí pesa en contratos, envíos y compromisos con clientes. Además, la operación combina líneas de producción que suelen incluir cátodos vía SX-EW y cobre en concentrado, lo que exige agua y energía con perfiles distintos.
La reanudación, por tanto, no significa “normalidad”. Significa contención del daño. Operar a un rango de 50% a 75% implica priorizar procesos, ajustar mantenimiento, reorganizar turnos y proteger equipos. También implica decisiones comerciales. Cuando una mina opera por debajo de su capacidad, la administración revisa mezclas de mineral, planes de chancado y secuencias de minado. Busca maximizar metal recuperado por tonelada y reducir costos variables innecesarios. Si el conflicto se prolonga, la empresa normalmente revisa guías de producción, costos y cronogramas de inversiones.
En Chile, los conflictos laborales en minería suelen tener un impacto amplificado porque las faenas trabajan con cadenas de suministro largas y con servicios especializados. La distancia entre la costa y la operación, que distintos reportes situaron en torno a 40 kilómetros desde la desalinizadora al sitio minero, agrava la logística. No se trata solo de “abrir una puerta”. Se trata de restablecer accesos, seguridad, operación de bombeo, control de calidad del agua y continuidad eléctrica. Ese conjunto explica por qué un punto costero puede frenar una operación en el desierto.
Un elemento adicional apareció en reportes recientes: un tribunal chileno autorizó el retiro forzoso de trabajadores en la desalinizadora, lo que habría facilitado recuperar el acceso y reactivar la operación. En conflictos de este tipo, la intervención judicial cambia el equilibrio. Reduce el riesgo de bloqueo físico prolongado, pero no resuelve el núcleo de la negociación colectiva. La mina puede volver a producir, pero la relación laboral sigue en disputa.
Capstone ha insistido en su disposición al diálogo y en el seguimiento de procedimientos legales. Esa postura busca dos objetivos. Primero, reducir la incertidumbre frente a inversionistas y clientes. Segundo, evitar que el conflicto derive en sanciones regulatorias o en incidentes de seguridad. La compañía también ha subrayado beneficios para comunidades y estándares de integridad y transparencia en la operación, en línea con una estrategia que varias mineras adoptan para defender continuidad social, además de continuidad técnica.
En este punto aparece una lectura relevante para la industria: la desalación ya no es solo una inversión ambiental o una respuesta al estrés hídrico. Es un activo operativo crítico, equivalente a una subestación eléctrica o a un sistema de relaves. Si un conflicto laboral se “mueve” hacia la costa, la empresa enfrenta un cuello de botella que no se corrige con inventarios dentro de la mina. Ese aprendizaje interesa a todo el corredor minero del norte chileno, y también a regiones de México con estrés hídrico donde la industria discute fuentes alternativas y licenciamiento social.
Desde la óptica del mercado, un recorte parcial de producción suele tener impactos acotados en precio si el volumen global no cambia de forma material. Sin embargo, el cobre vive una narrativa estructural vinculada a electrificación, redes y transición energética. En ese entorno, el mercado reacciona más a la señal que al tonelaje puntual. Una huelga que compromete agua industrial en Chile, principal productor mundial de cobre, refuerza la percepción de riesgo de oferta. Esa percepción pesa en primas, en decisiones de cobertura y en negociaciones de suministro.
Al mismo tiempo, el episodio muestra un lado menos discutido: la minería moderna puede mantener operaciones parciales aun bajo presión, si conserva personal crítico, protocolos de seguridad y acceso a infraestructura. Capstone reportó que Mantoverde ya había operado durante semanas con niveles cercanos a 75% de lo normal pese a la huelga, antes del episodio más severo de acceso al agua. Eso sugiere resiliencia técnica. También sugiere que la empresa priorizó continuidad ambiental y seguridad, algo clave cuando se operan plantas de proceso y sistemas de relaves.
Mantoverde, además, trae un componente que suele pasar a segundo plano en la conversación pública: la formalidad laboral y los encadenamientos regionales. La minería en Chile sostiene empleos directos bien remunerados, contratación de servicios, transporte y proveedores locales. Un paro prolongado golpea también a contratistas y pequeñas empresas vinculadas a la faena. Ese impacto no justifica presionar derechos sindicales, pero sí obliga a dimensionar el costo económico regional. En el norte, donde muchas comunas dependen de actividad minera, la continuidad operacional se traduce en consumo, recaudación y estabilidad de empleo.
La empresa también promueve credenciales de producción responsable. Mantoverde recibió un reconocimiento asociado a estándares de aseguramiento para cobre responsable, según información corporativa. Ese tipo de acreditaciones importa cada vez más en cadenas de suministro, sobre todo cuando fabricantes y compradores piden trazabilidad y desempeño ESG. En un conflicto laboral, esas credenciales se ponen a prueba. La discusión ya no se limita a “cuánto se produce”. Incluye “cómo se produce” y “con qué acuerdos”.
En el corto plazo, el foco queda en la negociación con el Sindicato N°2 y en la capacidad de sostener el rango de 50% a 75%. Si el acceso a la desalinizadora se mantiene estable, la compañía gana tiempo para negociar sin tener la producción en cero. Si el conflicto vuelve a escalar en infraestructura crítica, el riesgo de interrupción regresa. La lección es directa: cuando el agua se vuelve el corazón operativo, también se vuelve el centro de la disputa.
Para quienes siguen el sector, el caso Mantoverde sirve como recordatorio de que la minería depende de acuerdos laborales funcionales y de infraestructura robusta. Chile mantiene ventajas geológicas, experiencia técnica y ecosistemas de proveedores. Pero también enfrenta un entorno social exigente, con sindicatos activos y con comunidades que observan con lupa el uso de recursos y la convivencia territorial. En ese tablero, una reanudación parcial no es un cierre. Es un capítulo de una negociación que todavía define el desempeño de una de las operaciones que Capstone considera clave en su crecimiento.
