Argentina entró en la recta final de un debate que combina economía, agua y política federal. El Senado tiene previsto discutir este jueves 26 de febrero de 2026 una reforma a la Ley 26.639, la norma que desde 2010 fija presupuestos mínimos para proteger glaciares y ambiente periglacial. El oficialismo de Javier Milei sostiene que el texto vigente dejó zonas grises y frenó proyectos por años. Organizaciones ambientalistas responden que la reforma abre la puerta a retrocesos en la tutela del recurso hídrico.
La Ley de Glaciares se diseñó con una lógica simple. Si el Inventario Nacional identifica un glaciar, la protección se activa con estándares mínimos y con prohibiciones expresas para ciertas actividades. Allí entran la minería, la exploración hidrocarburífera y obras que alteren la dinámica del hielo o la calidad del agua. La discusión actual se concentra en el alcance del ambiente periglacial. Ese concepto incluye áreas frías de montaña con suelos congelados y geoformas asociadas al hielo, incluso cuando no se ve una “lengua” blanca a simple vista.
Ese detalle importa por una razón práctica. Muchos proyectos metalíferos se ubican en altura, cerca de la línea de nieve y de geoformas que almacenan agua de forma estacional. En provincias áridas, el deshielo sostiene ríos y canales que alimentan ciudades, fincas y parques industriales. Mendoza lo sabe por experiencia propia, porque el agua define su matriz productiva y su vida cotidiana. Allí, el debate se lee con el mismo cuidado con el que se planifica una cosecha o se organiza la Vendimia.
El proyecto que impulsa el Ejecutivo propone un giro institucional. La iniciativa busca que las provincias definan estándares propios para proteger glaciares y ambiente periglacial, dentro de un esquema que el Gobierno presenta como “federalismo ambiental”. La administración nacional también plantea que clarifica competencias y reduce conflictos de interpretación. En audiencias previas en el Senado, funcionarios del área minera y ambiental defendieron la necesidad de dar mayor previsibilidad regulatoria. El mensaje apunta a un objetivo económico: acelerar inversiones y sumar dólares en una economía que todavía camina sobre un terreno frágil.
La reforma conversa con otra pieza central del plan de Milei. El país ya opera un régimen de incentivo a grandes inversiones, conocido como RIGI, que ofrece estabilidad y beneficios para proyectos de gran escala. El Gobierno quiere mostrar un paquete coherente para minería y energía, con reglas estables y plazos claros. En esa lógica, la Ley de Glaciares aparece como un “nudo” para varios desarrollos en la Cordillera. El argumento oficial dice que el texto actual habilitó frenos preventivos incluso donde no existe una reserva hídrica relevante.
Del otro lado, ambientalistas y sectores sociales advierten un riesgo de fragmentación regulatoria. La ley vigente establece un piso uniforme de protección, y su lógica responde al carácter estratégico del agua en alta montaña. Quienes cuestionan la reforma temen que cada provincia use criterios distintos, con presiones políticas y fiscales de corto plazo. También recuerdan que el ambiente periglacial incluye glaciares de escombros y suelos con hielo que aportan al caudal en momentos críticos. En su lectura, reducir el alcance de la protección aumenta la exposición a daños difíciles de revertir.
El capítulo del agua cruza todo el debate. La industria minera asegura que puede operar sin afectar recursos hídricos si aplica ingeniería, monitoreo y planes de manejo serios. El sector también sostiene que su consumo de agua representa una porción menor en regiones mineras, frente a otros usos. Aun así, la discusión no se agota en litros consumidos. En zonas de montaña pesan la calidad del agua, los riesgos de incidentes, el manejo de sustancias y la estabilidad de suelos y glaciares de roca.
Mendoza agrega un componente político sensible. La provincia empuja desde hace años una agenda que busca ampliar la actividad minera con licencia social y controles más fuertes. A la vez, grupos ciudadanos salieron a la calle en 2025 para defender el agua y rechazar cambios que perciben como habilitaciones encubiertas. Un especialista ambiental que trabajó con el Estado provincial describió esas movilizaciones y lanzó una advertencia dura sobre impactos irreversibles. Esa frase circula hoy como bandera en sectores críticos y presiona a legisladores indecisos.
La vitivinicultura también mira el tema con lupa. El sector depende del deshielo andino y de una infraestructura de riego que sostiene empleo y exportaciones. Las entidades del vino piden garantías y controles rigurosos, sin atajos. Su posición resulta relevante porque el debate no enfrenta solo minería contra ambiente. En realidad, pone a dialogar dos economías regionales que pueden convivir, pero que compiten por confianza y por agua.
San Juan aparece como otro punto clave. La provincia concentra el mayor pipeline de cobre del país y busca reinsertar a Argentina en el mercado global del metal rojo. Ese mercado se volvió más estratégico por la electrificación, las redes y la transición energética. Proyectos cordilleranos de cobre, y en algunos casos con oro y plata asociados, se ubican en alturas extremas. Allí, la planificación ambiental no admite improvisación, porque el clima, la topografía y la logística amplifican cualquier error operativo.
El proyecto de reforma enfrenta un desafío político evidente. La coalición de Milei no controla mayorías propias en ambas cámaras. El oficialismo necesita acuerdos con bloques provinciales y aliados para aprobar el texto. Si el Senado lo avala, la iniciativa pasará a la Cámara de Diputados para una nueva votación. Ese recorrido legislativo abre espacio para cambios, precisiones técnicas y negociaciones que pueden moderar o endurecer el resultado final.
En el fondo, el dilema no debería plantearse como una elección binaria entre inversión y glaciares. Argentina puede atraer capital si ofrece certidumbre y, al mismo tiempo, refuerza controles con estándares verificables. La minería moderna convive mejor con el ambiente cuando transparenta datos, publica monitoreos, define líneas base robustas y acepta auditorías independientes. También cuando la autoridad controla y sanciona sin titubeos. El debate de la Ley de Glaciares ofrece una oportunidad para elevar esa conversación, siempre que el Congreso evite zonas grises nuevas.
La discusión también deja una pregunta incómoda para todos. ¿Quién paga el costo político cuando una norma queda demasiado abierta y la conflictividad social sube? La licencia social no se decreta, se construye con hechos. Si el Congreso opta por mover competencias hacia las provincias, deberá blindar el “piso” ambiental para que no se convierta en un mosaico débil. Y si decide sostener el esquema actual, deberá ajustar definiciones técnicas para que la protección no dependa de interpretaciones cambiantes.
