Aclara Resources Inc. detecta una ventana política para acelerar el desarrollo de su proyecto chileno de tierras raras pesadas y acercar su calendario al de su operación más avanzada en Brasil. El giro no llega por casualidad: Chile se prepara para la toma de posesión del presidente electo José Antonio Kast el 11 de marzo de 2026, y la compañía ya sostuvo reuniones con él.
El mensaje de Aclara, en voz de su director general, Ramón Barúa, combina ambición industrial con lectura fina del momento. La empresa quiere iniciar producción a mediados de 2028, siempre que cierre acuerdos de compra de largo plazo y amarre el financiamiento. En paralelo, busca levantar alrededor de 1,000 millones de dólares para construir minas en América Latina y plantas de procesamiento en Estados Unidos, en un contexto en el que Washington presiona para reducir la dependencia de China en minerales críticos.
El proyecto chileno se conoce como Módulo Penco y se ubica en la Región del Biobío. Aclara lo presenta como parte de una estrategia de integración vertical que arranca en yacimientos de arcillas iónicas en Chile y Brasil, y continúa con separación y refinación en territorio estadounidense. La lógica es simple: sin separación y productos químicos de alta pureza, la “mina” no resuelve el cuello de botella del mercado de imanes permanentes.
El interés por las tierras raras pesadas no nace de una moda, sino de su papel en imanes de alto desempeño. Elementos como disprosio y terbio mejoran la resistencia térmica de los imanes usados en vehículos eléctricos y aerogeneradores. Cuando los fabricantes temen interrupciones, no solo miran el precio; también preguntan por permisos, estabilidad jurídica y trazabilidad ambiental. Aclara asegura que esas conversaciones se aceleraron a medida que su trámite regulatorio avanza, y que entre los posibles compradores figuran automotrices de Estados Unidos, Europa, Japón y Corea del Sur.
Aquí entra el factor Chile. Kast llega con un discurso de impulso a la inversión y la promesa de adelgazar regulaciones, además de recortes tributarios corporativos y un Estado más pequeño. En teoría, eso podría reducir tiempos y la incertidumbre que suele encarecer proyectos mineros, sobre todo cuando la aprobación ambiental se prolonga y los litigios se vuelven parte del cronograma. La apuesta de Aclara es que un entorno más predecible se traduzca en permisos más ágiles y, por extensión, en capital más barato.
Brasil, hasta ahora, se veía como el líder interno de Aclara. El proyecto Carina, en el estado de Goiás, ya amarró apoyo de la U.S. International Development Finance Corporation con un paquete de 5 millones de dólares para avanzar en estudios de factibilidad. Ese respaldo importa menos por el monto y más por la señal: cuando una agencia financiera del gobierno estadounidense se involucra, otros inversionistas suelen mirar el expediente con otro interés.
Aclara tiene un accionista de control que también pesa en el tablero. El grupo Hochschild posee 57.7% de la compañía, lo que le da músculo corporativo y experiencia regional para navegar permisos, ingeniería y relaciones comunitarias. En proyectos de minerales críticos, esa “espalda” reduce el riesgo percibido, aunque no lo elimina.
Desde mi perspectiva, el cambio más relevante no está solo en Santiago, sino en Washington. La DFC acaba de presumir autoridades ampliadas tras la firma de la Ley de Autorización de Defensa para el año fiscal 2026, incluida una expansión de geografía elegible fuera de “los veinte países más ricos”. Para proyectos en economías que antes quedaban en el límite por nivel de ingreso, este ajuste puede mover la aguja en acceso a capital y en velocidad de ejecución, siempre que el proyecto cumpla estándares y objetivos estratégicos.
Aclara también lee la coyuntura política de Estados Unidos. Con Donald Trump en la Casa Blanca desde enero de 2025, la narrativa de seguridad de suministro volvió al centro, y el gobierno empuja instrumentos financieros para cadenas “no China”. En ese tablero, América Latina aparece como proveedor natural por geología, cercanía y tratados comerciales, pero cada país compite con su propio marco regulatorio y su capacidad de dar certidumbre.
Chile, sin embargo, no es una hoja en blanco. Penco ya arrastra discusión social y ambiental. La empresa ha ajustado su estrategia de evaluación ambiental en el pasado, y ha insistido en atributos como reciclaje de agua y ausencia de un depósito de relaves tradicional, con reposición de arcillas lavadas y revegetación. En diciembre de 2025, Aclara divulgó que renunció a derechos de aprovechamiento de agua como parte de compromisos voluntarios en su EIA, y destacó el uso de agua reciclada y recirculación elevada. Ese tipo de decisiones puede ayudar a destrabar conversaciones locales, aunque no sustituye el diálogo ni la vigilancia pública.
Este matiz es clave para entender el “fast track”. Acelerar no debería significar recortar estándares. Un permiso rápido pero frágil termina en tribunales, y entonces el reloj corre al revés. Si el nuevo gobierno chileno realmente reduce burocracia sin bajar exigencias técnicas, la industria gana dos veces: baja la incertidumbre y sube la calidad del expediente. Ahí sí aparece un beneficio tangible para la región del Biobío: inversión, empleo local y un eslabón industrial asociado a la transición energética, siempre que la operación mantenga controles y transparencia.
En números, el desafío tampoco es menor. Barúa estima una inversión de entre 150 y 175 millones de dólares para la mina chilena, y el objetivo de producir en 2028 depende de financiamiento y contratos de venta. En el mercado de tierras raras, los offtakes funcionan como póliza: permiten que bancos y fondos modelen ingresos y financien capex. Por eso Aclara insiste en que las conversaciones con compradores de imanes se aceleraron al acercarse a aprobaciones.
La competencia regional también empuja. Brasil tiene proyectos avanzados y ya captó atención de la DFC en más de un caso, lo que refuerza el atractivo del país como proveedor de minerales críticos. Para Chile, la oportunidad consiste en no quedarse solo como territorio de extracción, sino en capturar más valor con alianzas industriales, servicios, innovación de procesos y formación de talento. Aclara, por su parte, vende una narrativa de integración que incluye separación en Estados Unidos y, en su ambición, metales y aleaciones para llegar a la cadena de imanes.
En el fondo, lo que se juega en Penco no es únicamente el calendario de una empresa. Se juega la credibilidad de Chile como destino de inversión minera en un segmento que crece por electromovilidad y generación eólica, y que además se volvió geopolítico. Si Kast logra ordenar permisos sin erosionar legitimidad ambiental, el país podría atraer proyectos que hoy miran a Australia, Brasil o África. Si no lo logra, el capital se mueve rápido y sin nostalgia.
