El Gobierno de Panamá anunció la asignación de 29 millones de dólares obtenidos por la venta de concentrado de cobre, propiedad de la empresa First Quantum Minerals, a proyectos de infraestructura pública en distintas regiones del país. Esta medida fue confirmada por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, quien precisó que los recursos se derivan de la exportación del mineral almacenado en la mina Cobre Panamá, actualmente inactiva.
La operación de venta se realizó en septiembre de 2024, luego de que las autoridades panameñas autorizaran la exportación de aproximadamente 122 mil toneladas de concentrado de cobre. Este producto había permanecido en los patios de almacenamiento desde la suspensión de las actividades mineras en noviembre de 2023, tras la decisión de la Corte Suprema de declarar inconstitucional el contrato entre el Estado y la empresa canadiense.
De acuerdo con el ministro Moltó, estos fondos serán canalizados hacia proyectos de impacto directo en la población, como el mejoramiento de centros de salud, expansión de escuelas, obras viales, suministro de agua potable y electrificación rural. Se trata, según afirmó, de un uso “estrictamente social”, sin posibilidad de que los recursos se destinen al gasto corriente del Estado.
En rueda de prensa, el funcionario recalcó que esta inyección de recursos permitirá dinamizar economías locales, generar empleo temporal y atender necesidades críticas en zonas con bajos índices de desarrollo. Además, adelantó que la distribución de los recursos estará sujeta a un mecanismo de fiscalización interinstitucional para garantizar la transparencia en su ejecución.
El cobre vendido forma parte de los productos minerales que First Quantum mantenía almacenados bajo un acuerdo de “cuido y mantenimiento” autorizado por el Ministerio de Comercio e Industrias, en el marco del denominado “Plan de Preservación y Gestión Segura”. Este plan habilitó la exportación del mineral, con la condición de que la minera absorbiera los costos de mantenimiento de la mina, que superan los 15 millones de dólares mensuales.
Desde la suspensión de operaciones hace más de un año, el yacimiento ha permanecido en condición de resguardo, mientras se realiza una auditoría ambiental y técnica sobre su estado. El Gobierno espera contar con los resultados finales de esta evaluación antes de tomar una decisión sobre el futuro del proyecto, que anteriormente representaba aproximadamente el 5 % del PIB nacional y el 75 % de las exportaciones mineras del país.
First Quantum, por su parte, ha informado que en caso de autorizarse el reinicio de las operaciones, el proceso de reactivación tomaría al menos entre seis y nueve meses, debido al complejo sistema de procesamiento y transporte de minerales que caracteriza a la mina.
Cobre Panamá es una de las minas de cobre más grandes de América Latina. Durante 2022, llegó a producir más de 350 mil toneladas de concentrado, posicionándose como un actor relevante en el mercado global del metal rojo. La paralización del proyecto significó no sólo una pérdida directa para la empresa operadora, sino un impacto económico considerable para el país, especialmente en términos de empleo directo e indirecto.
Actualmente, cerca de dos mil trabajadores continúan vinculados al sitio para labores esenciales de mantenimiento, seguridad y apoyo a las auditorías en curso. La expectativa sobre el posible reinicio de operaciones se mantiene como tema de debate público y político, en especial por las implicaciones sociales y ambientales que implica cualquier decisión relacionada con la continuidad del proyecto.
El presidente José Raúl Mulino ha reiterado que los ingresos generados por la actividad minera deben tener un impacto real y visible en la población. Esta nueva asignación de recursos busca reflejar ese principio, al emplear las regalías para atender directamente necesidades sociales postergadas. Sin embargo, el Ejecutivo también ha señalado que cualquier decisión respecto a la reapertura de la mina deberá basarse en criterios técnicos y legales.
En paralelo, persisten los cuestionamientos de sectores ambientalistas y organizaciones civiles, que consideran que el contrato original con First Quantum fue desventajoso para el país y que las actividades mineras en zonas de alta biodiversidad conllevan riesgos estructurales. No obstante, otros actores económicos y empresariales han subrayado que una operación minera bien regulada puede ser compatible con el desarrollo sostenible, siempre que se respeten estándares ambientales y se maximice la distribución de beneficios.
Más allá de las posiciones encontradas, la canalización de 29 millones de dólares a proyectos de infraestructura representa un precedente relevante en el uso social de los ingresos mineros en Panamá. En un contexto de desaceleración económica regional y creciente demanda de inversión en servicios públicos, la gestión transparente de estos recursos será clave para recuperar la confianza ciudadana en el modelo extractivo.
La experiencia panameña se suma a una tendencia regional donde países con fuerte presencia minera buscan nuevos esquemas de reparto de utilidades. Modelos en Chile, Perú y Colombia han evolucionado para fortalecer la inversión pública en salud, educación e infraestructura, a partir de ingresos generados por la minería. En este sentido, el caso de Panamá será observado con atención por otros gobiernos latinoamericanos.
Mientras tanto, la empresa First Quantum continúa gestionando su relación con el Gobierno panameño en un entorno jurídico y político complejo. En los mercados internacionales, la compañía ha mantenido operaciones estables en otros países, como Zambia y Australia, aunque la incertidumbre en Panamá ha generado presiones en sus indicadores bursátiles.
La situación de Cobre Panamá es ilustrativa de los retos que enfrentan los proyectos mineros de gran escala en América Latina: equilibrios institucionales, exigencias sociales crecientes y la necesidad de que los beneficios económicos se reflejen efectivamente en la vida de las personas. Que una parte significativa de las regalías se destine a mejorar escuelas, centros de salud o sistemas de agua es, sin duda, una muestra concreta del potencial transformador de la minería responsable cuando se aplica con visión de Estado.
