Mendoza, reconocida internacionalmente por su producción vitivinícola, especialmente de la uva Malbec, se posiciona en una nueva ruta de desarrollo económico: la minería de cobre. El proyecto San Jorge, ubicado en el departamento de Las Heras, ha superado en 2024 una serie de barreras regulatorias que durante más de una década frenaron cualquier iniciativa extractiva en la zona.
La iniciativa, impulsada por Zonda Metals, compañía con sede en Suiza, representa el primer proyecto de cobre con aprobación política en una provincia donde la minería metálica había sido, hasta ahora, una línea roja tanto para la ciudadanía como para las autoridades locales. Con esta decisión, Mendoza modifica el eje de su política productiva, apostando por la diversificación en un contexto de creciente demanda internacional por minerales críticos.
San Jorge contempla una inversión estimada en torno a los 300 millones de dólares y una vida útil inicial de 16 años. El yacimiento, ubicado a 150 kilómetros al norte de la capital provincial, tiene potencial para producir 40 mil toneladas anuales de cobre en concentrado, además de una significativa cantidad de oro como subproducto. Si se cumplen los plazos proyectados, las obras de construcción iniciarían en noviembre próximo y las operaciones comerciales podrían comenzar en 2028.
El giro político que permitió la aprobación del proyecto contrasta con la férrea oposición que enfrentó en 2011, cuando fue rechazado por el Senado provincial tras fuertes manifestaciones públicas. En aquel momento, organizaciones ambientales y productores vitivinícolas alertaron sobre los riesgos para los recursos hídricos, argumentando que la actividad minera podría poner en jaque el equilibrio del ecosistema que sostiene la agricultura de regadío en el piedemonte andino.
A más de una década de esos episodios, el contexto global ha cambiado. El precio del cobre alcanzó niveles récord en 2024, impulsado por el crecimiento de la electrificación, las energías renovables y la industria de baterías. En paralelo, Argentina busca posicionarse como proveedor confiable de minerales estratégicos, en un momento en el que la industria extractiva gana terreno en provincias tradicionalmente alejadas del modelo minero, como Mendoza.
La ratificación legislativa y técnica del proyecto no eliminó las resistencias. Diversos sectores políticos y ambientales sostienen que la mina aún no cuenta con la “licencia social” requerida. La Asamblea Popular por el Agua del Gran Mendoza anunció que presentará recursos judiciales para frenar la construcción, alegando inconsistencias en el estudio de impacto ambiental. El gobierno provincial, sin embargo, considera que el proceso se ajustó a la normativa vigente y que el desarrollo minero no afectará la disponibilidad hídrica para la producción agrícola ni el consumo humano.
El proyecto San Jorge se presenta como subterráneo, lo que reduce su huella superficial en comparación con las explotaciones a cielo abierto. Además, contempla la implementación de tecnología de circuito cerrado para el manejo del agua, una medida que busca responder a las exigencias de una sociedad sensibilizada por la escasez hídrica. Mendoza, al pie de la cordillera, depende del derretimiento estacional de nieve y glaciares para su abastecimiento de agua, lo que convierte cualquier uso intensivo del recurso en un tema de alta sensibilidad pública.
Desde el sector privado, los promotores de la mina destacan que el proyecto generará más de 1,500 empleos directos e indirectos, además de oportunidades para proveedores locales. También argumentan que el cobro de regalías, junto con el pago de impuestos provinciales y nacionales, aportará ingresos frescos a una provincia con alto déficit fiscal y limitada capacidad de inversión pública.
La iniciativa se suma a una tendencia más amplia en la región cuyana. San Juan, vecina de Mendoza y con una larga tradición minera, registra un auge de proyectos de cobre que están atrayendo el interés de grandes actores internacionales como Lundin Mining y Barrick. El potencial geológico de esta zona de los Andes, que forma parte del cinturón metalogénico que se extiende hasta el norte de Chile, posiciona a Argentina como una de las jurisdicciones más atractivas para el cobre en Sudamérica.
Zonda Metals, en paralelo, evalúa distintas alternativas de financiamiento. Fuentes de la compañía confirmaron que se han recibido propuestas de capital de riesgo, préstamos internacionales, asociaciones estratégicas e incluso acuerdos de “streaming”, una fórmula cada vez más utilizada en la industria minera que permite adelantar parte del capital a cambio de una participación en la producción futura.
El nuevo escenario que plantea San Jorge obliga a replantear la dicotomía entre minería y vitivinicultura, dos actividades que históricamente se han considerado incompatibles en Mendoza. El desafío para las autoridades será demostrar que es posible desarrollar minería bajo estrictos controles ambientales sin poner en riesgo el prestigio internacional del Malbec ni la sostenibilidad de la agricultura de montaña.
Especialistas en recursos naturales y economía regional coinciden en que la coexistencia entre ambas industrias requiere regulación eficaz, transparencia en la gestión de los permisos y participación activa de las comunidades. En este sentido, el seguimiento técnico y la fiscalización por parte de organismos ambientales se tornan fundamentales para garantizar que el proceso avance sin impactos negativos irreversibles.
El debate continúa abierto, pero el hecho de que por primera vez un proyecto de minería metálica cuente con aval político, técnico y empresarial en Mendoza marca un antes y un después. La provincia, hasta ahora centrada casi exclusivamente en el turismo enológico y la agroindustria, ingresa en el mapa minero nacional con una apuesta que refleja no solo un cambio económico, sino también un giro cultural en su modelo de desarrollo.
