Un tribunal intermedio en la ciudad de Shenzhen, al sur de China, dictó sentencia contra 27 personas por su participación en una red de contrabando de antimonio. Los acusados sacaron del país grandes cantidades del metal sin las autorizaciones legales requeridas, en violación directa a los controles establecidos por el gobierno central sobre la exportación de minerales estratégicos. La condena principal fue de doce años de prisión y una multa de un millón de yuanes (aproximadamente 140 000 dólares) para Wang Wubin, identificado como el líder de la operación.
El fallo fue emitido el 16 de diciembre de 2025 y representa una muestra contundente del endurecimiento del aparato judicial chino frente al comercio ilegal de minerales con alto valor industrial. El tribunal concluyó que los involucrados se organizaron para exportar más de 166 toneladas de lingotes de antimonio mediante falsificación documental y evasión aduanera, operando sin las licencias impuestas desde septiembre de 2024 para este tipo de productos. El grupo se valió de intermediarios y rutas no oficiales para burlar los controles, generando un impacto directo sobre el cumplimiento de las políticas estatales en materia de comercio exterior.
Las penas para los otros 26 procesados oscilaron entre los cuatro meses y cinco años de prisión, además de sanciones económicas proporcionales al volumen de mineral involucrado y al grado de participación de cada implicado. La corte destacó que los acusados actuaron de forma deliberada, sabiendo que el antimonio está sujeto a una regulación especial en virtud de su importancia estratégica en sectores como defensa, electrónica avanzada y tecnologías de almacenamiento de energía.
China es actualmente el mayor productor mundial de antimonio. En los últimos años, el gobierno ha implementado un marco más estricto para el manejo de minerales considerados críticos o de doble uso, con el objetivo de preservar su cadena de suministro nacional, limitar la fuga de recursos clave y garantizar que las exportaciones cumplan estándares legales. La decisión de septiembre de 2024 de incluir formalmente al antimonio en la lista de productos sujetos a control de exportación fue parte de esa estrategia. A pesar de que en noviembre de 2025 se anunció una flexibilización temporal de las restricciones para ciertos mercados, las licencias siguen siendo obligatorias.
El caso cobró relevancia no solo por el volumen de antimonio incautado —más de 96 toneladas fueron detenidas en aduanas antes de su salida del país—, sino también por el modus operandi empleado por los implicados, que según la fiscalía, muestra un patrón de contrabando sofisticado y coordinado con actores internacionales. El gobierno chino, en distintos comunicados, ha reiterado que este tipo de delitos serán enfrentados con todo el peso de la ley, dada la relevancia que tienen los minerales estratégicos en su modelo de desarrollo económico e industrial.
En el contexto internacional, la sentencia fue interpretada como una advertencia clara a empresas extranjeras y compradores que buscan acceder a minerales chinos fuera de los canales legales. Las autoridades destacaron que, más allá de la protección de los intereses nacionales, también se busca evitar distorsiones en los mercados globales. El antimonio, utilizado ampliamente en aleaciones, retardantes de fuego, semiconductores y baterías, ha adquirido mayor relevancia en la transición energética y en tecnologías de alto rendimiento.
El impacto de la sentencia va más allá del ámbito judicial. La contundencia del fallo refuerza el mensaje político y económico de Pekín: la exportación de materias primas clave se hará bajo sus términos y con apego total a la legislación vigente. En el mediano plazo, se espera que estas decisiones influyan en las políticas de trazabilidad y cumplimiento adoptadas por compañías con operaciones transfronterizas en el sector de minerales críticos.
En el plano regulatorio, se prevé que China continúe perfeccionando su sistema de licencias, incorporando mecanismos digitales y acuerdos de cooperación bilateral para prevenir actividades ilegales vinculadas al comercio de recursos minerales. La condena en Shenzhen confirma que el Estado no permitirá que se socaven sus prioridades estratégicas, especialmente cuando se trata de materiales que son vitales para su autonomía tecnológica y seguridad nacional.
La minería legal y trazable se presenta como la única vía sostenible para garantizar el abastecimiento mundial de metales fundamentales. El caso del antimonio, por su volumen y la respuesta judicial que provocó, se convierte en un referente para la industria. Las consecuencias legales enfrentadas por los contrabandistas constituyen un punto de inflexión para quienes operan en zonas grises del comercio internacional de minerales.
Este episodio también refuerza la importancia de mantener estándares internacionales comunes para la exportación de recursos naturales, con controles estrictos pero también con reglas claras que permitan el desarrollo del sector extractivo bajo principios de legalidad, eficiencia y respeto a las cadenas de suministro globales. Lejos de desacreditar a la minería, este caso destaca cómo la supervisión estatal puede mejorar la imagen del sector cuando se orienta a combatir la ilegalidad y proteger los recursos estratégicos.
