Barrick Gold Corporation confirmó la recuperación del control operativo del complejo minero Loulo-Gounkoto, en Malí, tras alcanzar un acuerdo integral con el gobierno de transición del país africano. La disputa, que había escalado a niveles judiciales e incluso provocó la imposición de una administración provisional en junio de 2025, quedó formalmente resuelta este mes, permitiendo a la compañía retomar sus funciones en uno de sus activos más rentables en África.
La minera canadiense acordó con el gobierno de Malí el pago de aproximadamente US$430 millones, monto que corresponde a ajustes fiscales y obligaciones derivadas del nuevo código minero nacional implementado en 2023. La legislación, que introdujo cambios significativos en materia tributaria y en los términos de participación estatal en proyectos extractivos, fue motivo de fricción con diversas empresas del sector, incluida Barrick, que venía operando bajo condiciones contractuales previas.
Como parte del acuerdo, el Estado maliense restituyó a Barrick tres toneladas de oro que habían sido incautadas a principios de este año por orden judicial, mientras se resolvía la disputa. También se formalizó la liberación de cuatro empleados locales de la minera, quienes permanecían detenidos desde diciembre de 2024 bajo acusaciones vinculadas a irregularidades fiscales. La resolución del caso incluyó el compromiso de ambas partes de suspender procesos legales y arbitrajes internacionales en curso.
Loulo-Gounkoto representa uno de los activos más relevantes para Barrick en su portafolio africano. El complejo, situado en el oeste de Malí, ha contribuido de forma consistente con altos volúmenes de producción de oro desde su entrada en operación. En 2022, por ejemplo, la producción conjunta del yacimiento superó las 680,000 onzas, lo que consolidó su posición como uno de los pilares de la producción global de la compañía.
Durante el periodo de intervención judicial, la operación de la mina fue colocada bajo una administración temporal designada por el gobierno, lo que impidió a Barrick tomar decisiones clave y mantener el ritmo normal de producción. Esta situación generó preocupaciones entre inversores internacionales y provocó una caída en la previsión de entregas para 2025, así como tensiones diplomáticas con el país africano, que enfrenta una compleja situación política desde el golpe militar de 2021.
Fuentes oficiales en Bamako señalaron que el acuerdo alcanzado con Barrick responde a un esfuerzo por garantizar estabilidad en el sector minero, responsable de más del 70% de las exportaciones del país y una de las principales fuentes de ingresos fiscales. El gobierno transitorio busca proyectar una imagen de seguridad jurídica ante otros inversionistas extranjeros que operan en el sector extractivo, particularmente en el oro, uranio y litio.
Por su parte, Mark Bristow, CEO de Barrick, indicó en una comunicación interna a empleados y socios que la compañía mantendrá su compromiso con Malí, pero exigió condiciones claras y respeto a los acuerdos firmados. Bristow también afirmó que se priorizará la normalización operativa del complejo y la reincorporación del personal técnico que se vio desplazado durante la intervención.
Barrick ya inició el proceso de reactivación operativa, con la revisión técnica de los sistemas productivos, reintegración de contratistas y puesta en marcha de medidas de actualización en temas de cumplimiento normativo local. La empresa destacó que uno de los focos inmediatos será reestablecer las relaciones comunitarias y reforzar la capacitación de trabajadores locales bajo los nuevos lineamientos regulatorios.
La reanudación del control de Loulo-Gounkoto representa no solo un triunfo legal para Barrick, sino una señal positiva para otros actores del sector que enfrentan entornos jurídicos cambiantes en África occidental. En los últimos años, las reformas fiscales y contractuales en países como Burkina Faso, Guinea y Malí han generado incertidumbre entre operadores mineros, que demandan un marco previsible para mantener inversiones de largo plazo.
Pese a los desafíos, la minería de oro en Malí continúa siendo un polo de atracción para compañías globales. La alta ley de los yacimientos, la infraestructura existente y los bajos costos operativos hacen del país una plaza atractiva, aunque marcada por riesgos institucionales. Barrick, que lleva más de 25 años operando en el continente, ha optado por mantener una presencia activa en zonas de alta complejidad, apostando a su modelo de colaboración directa con autoridades locales y comunidades.
Con la resolución del conflicto, la compañía canadiense espera alcanzar su meta de producción anual revisada para el cuarto trimestre de 2025. Analistas del sector estiman que la reactivación plena de Loulo-Gounkoto podría tardar entre 45 y 60 días, siempre y cuando no surjan nuevas barreras regulatorias.
La recuperación del control operativo también ha tenido efectos inmediatos en los mercados. Las acciones de Barrick en la Bolsa de Toronto (TSX) registraron una subida del 3.4% al cierre del lunes 16 de diciembre, reflejando el optimismo del mercado tras conocerse los términos del acuerdo con el gobierno de Malí.
Más allá de la resolución puntual del caso Loulo-Gounkoto, el precedente sienta una base importante para la discusión de reformas más estructurales en el sector minero africano. La necesidad de equilibrio entre soberanía nacional, atracción de inversión y sostenibilidad fiscal será clave en los próximos años, especialmente en países que dependen en gran medida de la minería como eje económico.
En este contexto, la experiencia de Barrick en Malí puede servir de guía para futuras negociaciones, tanto para empresas como para gobiernos. Aunque el conflicto significó una interrupción en las operaciones y tensiones reputacionales, la salida acordada demuestra que es posible alcanzar soluciones sin afectar la viabilidad de proyectos estratégicos para el desarrollo nacional.
