La historia de Tía María es una de las más controvertidas en la minería peruana reciente. El proyecto, ubicado en la provincia de Islay, región de Arequipa, ha sido objeto de intensas disputas sociales, postergaciones administrativas y debates sobre el equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental. Ahora, después de más de una década de incertidumbre, Southern Copper Corporation ha recibido oficialmente la autorización para iniciar la explotación del yacimiento, en una inversión que supera los 1.800 millones de dólares.
La aprobación, confirmada el 21 de octubre por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) del Perú, permite avanzar con los trabajos de construcción e instalación necesarios para poner en marcha una mina que podría producir hasta 120.000 toneladas anuales de cátodos de cobre durante una vida útil estimada de 20 años. El anuncio marca un punto de inflexión no solo para la compañía, sino para el sector minero en el país, que enfrenta una creciente presión social y regulatoria para demostrar su sostenibilidad y legitimidad.
Tía María, promovido por Southern Copper, subsidiaria del Grupo México, es un proyecto a tajo abierto cuya producción se concentrará en cátodos de cobre de alta pureza mediante procesos de lixiviación, extracción por solventes y electro-obtención (SX/EW). Esta tecnología, considerada menos invasiva que otros métodos, ha sido uno de los puntos centrales en los argumentos técnicos presentados por la empresa ante las autoridades y la población local.
Sin embargo, los antecedentes de oposición no se olvidan fácilmente. Desde 2011, el proyecto ha enfrentado una fuerte resistencia por parte de comunidades agrícolas del Valle del Tambo, quienes temen afectaciones a sus fuentes de agua y a la actividad agrícola, base económica de la zona. Las manifestaciones entre 2011 y 2015 derivaron en enfrentamientos violentos, con un saldo de al menos seis personas fallecidas y decenas de heridos. La conflictividad fue tal que, incluso cuando se otorgó la licencia de construcción en 2019, el entonces gobierno de Martín Vizcarra optó por suspender el avance hasta alcanzar condiciones de “paz social”.
Southern Copper aseguró en su más reciente declaración que ha venido trabajando durante los últimos años en fortalecer las relaciones con las comunidades, mediante el impulso de programas sociales, obras por impuestos y un diálogo sostenido con los actores locales. Según la empresa, el nuevo escenario social es favorable para el inicio de actividades, aunque las organizaciones civiles aún muestran cautela.
La reactivación de Tía María tiene implicaciones importantes para la economía del país. Perú es el segundo mayor productor mundial de cobre, y se estima que una porción significativa de su portafolio de proyectos permanece paralizada por conflictos sociales o demoras administrativas. Según cifras del Instituto Peruano de Economía (IPE), alrededor del 30 % de la futura capacidad productiva del cobre peruano está detenida, lo que afecta no solo los ingresos por exportaciones, sino también la confianza de los inversionistas internacionales.
La luz verde a Tía María llega en un momento en que el precio del cobre mantiene niveles altos por la creciente demanda de metales clave en la transición energética. En este contexto, los proyectos que logren avanzar no solo aportarán recursos fiscales para el país, sino que permitirán consolidar a Perú como actor clave en los mercados internacionales, especialmente frente a la competencia creciente de países como Chile, República Democrática del Congo y China.
Desde la perspectiva de la industria, el permiso de explotación significa una señal positiva. Southern Copper ya opera otras unidades importantes en Perú, como Cuajone y Toquepala, y su portafolio local representó una producción de 414.000 toneladas de cobre en 2024. Con Tía María, la empresa fortalece su presencia estratégica en el sur del país y avanza en su plan de expansión continental.
A pesar de los avances, las organizaciones defensoras del medio ambiente y representantes de las comunidades insisten en la necesidad de garantizar mecanismos de supervisión permanente durante la construcción y operación del proyecto. La experiencia reciente en otras regiones del país ha demostrado que la licencia social no se garantiza con una firma ministerial, sino con una presencia responsable y transparente en el territorio.
El presidente de Southern Copper, Óscar González Rocha, ha insistido en que el proyecto no afectará los recursos hídricos del valle del Tambo, y que las aguas utilizadas para el proceso minero serán tomadas del mar y tratadas a través de una planta desalinizadora. Aun así, el escepticismo persiste entre los agricultores locales, quienes han exigido compromisos formales, verificables y con participación de terceros independientes.
En medio de ese panorama, el inicio de las obras de Tía María representará una prueba para el nuevo enfoque de relacionamiento comunitario de la industria minera en Perú. La compañía aún no ha fijado una fecha definitiva para el inicio de la construcción, aunque se prevé que esta ocurra durante el primer semestre de 2026.
Para el gobierno del presidente Dina Boluarte, la aprobación del proyecto representa un logro político en medio de tensiones sociales y una economía con crecimiento por debajo de lo esperado. El respaldo institucional al proyecto se interpreta también como una forma de restablecer la imagen del país como destino atractivo para la inversión minera.
Más allá de las cifras y proyecciones, Tía María será un laboratorio sobre cómo deben desarrollarse los proyectos extractivos en América Latina. La sostenibilidad, la escucha activa a las comunidades, y la rigurosidad técnica no son opcionales: son la única vía para garantizar que el desarrollo minero genere bienestar compartido y no nuevos conflictos.
