El gobierno panameño ha definido una línea firme de cara a la posible reactivación del proyecto minero Cobre Panamá: la titularidad de los recursos debe recaer inequívocamente en el Estado. Esta postura marca un punto de inflexión en la relación entre el país centroamericano y la canadiense First Quantum Minerals, propietaria de la concesión, y abre una nueva etapa en el debate sobre la soberanía minera y la gestión de los recursos naturales.
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, declaró que el gobierno condicionará cualquier acuerdo a que se reconozca explícitamente que tanto el yacimiento como los minerales extraídos pertenecen a la República de Panamá. “Estamos exigiendo que se deje claramente establecido que los recursos, el suelo y el subsuelo son propiedad del Estado panameño”, afirmó Chapman en declaraciones recogidas por medios nacionales e internacionales.
Cobre Panamá es uno de los proyectos mineros más grandes de América Latina. Su operación a plena capacidad aportaba más del 5 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país y representaba alrededor del 1,5 % de la producción mundial de cobre. La mina fue cerrada por orden judicial en diciembre de 2023, después de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el contrato-ley que regía su funcionamiento. El fallo, sumado a una intensa presión social, derivó en la suspensión de todas las actividades en el sitio.
La clausura del proyecto tuvo un impacto significativo en la economía nacional. Según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, la paralización provocó una caída del 6,5 % en el PIB del primer trimestre de 2024, además de una disminución en los ingresos fiscales y la pérdida de miles de empleos directos e indirectos.
First Quantum, por su parte, enfrenta una situación crítica. El proyecto, en el que ha invertido más de 6 000 millones de dólares, representa aproximadamente el 40 % de su flujo de caja operativo. La empresa ha reiterado su disposición a dialogar, pero no ha aceptado aún las nuevas condiciones que plantea el gobierno panameño.
La exigencia de que el Estado retenga la propiedad de los recursos no es inédita en América Latina, pero adquiere una relevancia especial en el contexto panameño. A diferencia de países como Chile o Perú, donde el marco legal reconoce al Estado como propietario de los minerales pero permite amplias concesiones privadas, el modelo que busca ahora Panamá implicaría un mayor control sobre el destino de las materias primas, y posiblemente una participación más activa en la renta minera.
Chapman también hizo referencia al cambio en la percepción pública. “Cuando ocurrió la crisis, más del 80 % de la población rechazaba el proyecto. Hoy, esa cifra ha bajado a cerca del 50 %. Eso refleja que la ciudadanía empieza a ver con otros ojos la posibilidad de reactivar la mina, siempre que se haga en condiciones distintas y más justas”, señaló el ministro.
En este contexto, el gobierno mantiene una posición cauta. Asegura que no se comprometerá con metas fiscales que dependan de los ingresos provenientes del proyecto minero mientras no exista certeza jurídica y social sobre su reactivación. “No queremos crear falsas expectativas. No estamos incluyendo esos ingresos en nuestro presupuesto hasta que exista una definición clara”, explicó Chapman.
La estrategia del Ejecutivo parece orientada a reconstruir la legitimidad del proyecto. Se trata no solo de una cuestión contractual o financiera, sino de recomponer la relación entre el Estado, la empresa y las comunidades afectadas. En los meses previos al cierre, se registraron protestas masivas, bloqueos de vías y enfrentamientos con la policía, lo que refleja el profundo malestar generado por la forma en que se había estructurado el acuerdo original.
El contrato que fue anulado en 2023 había sido duramente criticado por organizaciones ambientales, sindicatos y comunidades locales. Se le cuestionaba por otorgar condiciones ventajosas a la empresa, por la falta de transparencia en su aprobación legislativa y por no garantizar una distribución equitativa de los beneficios. El nuevo gobierno, que asumió el poder en julio de 2024 tras las elecciones generales, ha manifestado su voluntad de corregir esos errores.
Además de la propiedad de los recursos, la nueva negociación deberá abordar otros aspectos fundamentales: regalías, normas ambientales, participación comunitaria, compromisos de inversión social y mecanismos de resolución de conflictos. Se espera que estos puntos formen parte de una propuesta integral que el gobierno presentará a First Quantum en las próximas semanas.
Desde el punto de vista geopolítico, la reactivación de Cobre Panamá también interesa a otros actores internacionales. El cobre es un mineral estratégico para la transición energética global, debido a su uso intensivo en redes eléctricas, vehículos eléctricos y tecnologías renovables. En ese sentido, la posible vuelta a operación de una mina de esta envergadura genera atención en mercados como Estados Unidos, China y la Unión Europea.
Sin embargo, el futuro del proyecto sigue siendo incierto. Aunque las partes han retomado el diálogo, no existe aún una hoja de ruta definida. La empresa no ha hecho públicas sus contrapropuestas y el gobierno ha reiterado que solo aceptará un acuerdo que garantice plena soberanía sobre el recurso.
Analistas consultados coinciden en que el caso de Cobre Panamá se ha convertido en un símbolo del debate más amplio sobre los modelos de desarrollo minero en América Latina. La búsqueda de un equilibrio entre inversión extranjera, rentabilidad económica, sostenibilidad ambiental y justicia social es hoy el desafío central de cualquier proyecto extractivo en la región.
La situación ofrece también una oportunidad para redefinir cómo se entiende la minería moderna. Si el proceso de renegociación logra integrar los intereses legítimos del Estado, la empresa y las comunidades, podría sentar un precedente positivo no solo para Panamá, sino para todo el continente. Una minería que genera valor, pero también respeto; que impulsa la economía, pero no atropella los derechos de los territorios.
En suma, lo que está en juego no es solo la reactivación de una mina. Es la posibilidad de construir un nuevo contrato social en torno a los recursos naturales, donde la riqueza del subsuelo se traduzca en bienestar tangible para la superficie.
