Cuando una empresa minera proyecta su expansión, espera seguridad jurídica, estabilidad técnica y respeto a sus derechos de concesión. En el caso de MMG y el yacimiento Las Bambas, esas condiciones se han vuelto inciertas. En sus recientes reportes la compañía aumenta sus estimaciones de cobre perdido ante la acción de mineros informales, especialmente en el área donde planea abrir su próximo tajo, llamado Sulfobamba. Esa erosión de su recurso proyectado aparece ahora como una amenaza operativa, financiera y política para un proyecto clave.
MMG declara que durante los últimos quince años los mineros informales han sustraído aproximadamente 90,000 toneladas métricas de cobre, frente a una cifra previa de 74,000 toneladas hasta mediados de 2024. Esa diferencia no es trivial, pues implica que un tercio de esa extracción ocurrió en los últimos dos años, conforme se intensifica la actividad informal en zonas rurales pobres impulsada por los altos precios del metal.
Aunque esas pérdidas representan menos del 1 % de los recursos totales de Las Bambas, constituyen cerca del 7 % de lo estimado para el proyecto Sulfobamba. MMG sostiene que el impacto general es menor en términos de reservas globales, pero advierte que la minería informal podría afectar directamente la viabilidad de nuevos desarrollos. Ese tajo aún no está construido; la compañía debe adquirir tierras de la comunidad indígena de Pamputa, que hoy ya extrae cobre en esa zona bajo esquemas de minería artesanal.
La paradoja se vuelve más compleja cuando los mineros informales invocan derechos ancestrales, posesión de tierras y permisos temporales como marco legal para su labor. Su coalición de defensa relata que esas operaciones no son ilegales, sino que responden a condiciones históricas de apropiación tradicional y a la necesidad económica de comunidades marginadas. MMG, a su vez, ha presentado más de cien denuncias por minería ilegal contra esos actores, mientras esos mineros contratan abogados para resistir las demandas.
Este conflicto se desarrolla en uno de los proyectos más emblemáticos y costosos de Perú. Las Bambas, construida con una inversión cercana a los 10 mil millones de dólares y operativa desde 2016, representa casi el 2 % de la producción mundial de cobre. Esa magnitud convierte cada impacto, por pequeño que parezca, en asunto de atención global para inversionistas del sector.
Las implicaciones trascienden lo técnico. MMG y otras empresas activas en Perú han alertado sobre el efecto adverso que esta creciente minería informal podría tener en la percepción de seguridad jurídica del país frente a capitales externos. Si el Estado no interviene para proteger concesiones legales, el mensaje que reciben los inversionistas es negativo. “El Estado no protege lo que concesiona”, comentó Pablo O’Brien, exfuncionario del Ministerio de Energía y Minas y asesor de compañías que enfrentan conflictos sociales.
Además, el conflicto ya tiene manifestaciones políticas y sociales. En julio de 2025, MMG y la minera canadiense Hudbay advirtieron que una protesta de mineros informales podría afectar rutas de transporte críticas y, con ello, la producción nacional de cobre. Las empresas se reunieron con autoridades peruanas para plantear que el bloqueo de vías logísticas podría convertirse en un riesgo operativo real.
Perú ostenta el tercer lugar mundial en producción de cobre. Disrupciones en uno de sus grandes pilares minerales pueden generar efectos en cadena en la oferta global, en los compromisos contractuales internacionales y en la confianza de los mercados hacia el sector minero peruano.
