Desde hace meses, un grupo de inversionistas y académicos han estado preparando una propuesta técnica y jurídica que podrían cambiar el rumbo de la minería de litio en México. El martes pasado, esa iniciativa cobró visibilidad pública cuando la Asociación de Mujeres Emprendedoras Innovadoras (AMEI) pidió formalmente a la presidenta Claudia Sheinbaum autorizar una coinversión supervisada por el Estado para extraer litio en Sonora y Chihuahua.
La propuesta no contradice la nacionalización del litio, aseguran sus promotoras, sino que pretende fortalecerla a través de un fideicomiso público‑privado llamado Fideicomiso Nacional de Litio Verde, en el que el Estado funja como garante y un órgano técnico llamado LitioMx como administrador. El diseño institucional busca mantener el control del recurso estratégico, al tiempo que incorpora inversión privada y capacidad técnica nacional.
Al presentar el plan, la AMEI dijo que ya cuentan con 600 millones de pesos para construir una planta piloto en los municipios de Sahuaripa (Sonora) y Satevó (Chihuahua). Esa planta serviría para extraer litio de forma inicial; luego se usaría el mineral para instalar una fábrica de baterías en territorio mexicano.
Académicos como la Universidad de Sonora, el IPN, el CINVESTAV y otros institutos participan en el proyecto. La patente denominada NIRHI — desarrollada por ese consorcio — permite generar energía limpia, desalinizar agua y optimizar el litio con un consumo mínimo de recursos. Para las empresarias involucradas, esa tecnología da credibilidad nacional al proyecto y reduce la dependencia técnica externa.
Uno de los elementos esenciales de esta propuesta consiste en que el Estado mantenga su rol rector y supervisado mientras se aprovecha la experiencia privada y universitaria. No se concibe la extracción del litio como una mera concesión liberal, ni como estatismo puro: emplea un modelo mixto. Las promotoras aseguran que es compatible con la visión constitucional de que el litio pertenece a la nación.
Las autoridades federales recibirán en los próximos días el expediente técnico, jurídico y financiero que soporta la propuesta. Se prevé su presentación a presidentes de dependencias como Energía, Economía, Gobernación y Medio Ambiente. Además, solicitan la firma de un convenio con LitioMx y la obtención de un crédito de garantía de innovación del Fondo de Financiamiento para la Innovación (FIFOMI).
Para sus promotoras, esta ruta abre la posibilidad de institucionalizar un modelo de industrialización del litio en México con participación pública, privada y académica. Aseguran que esa estrategia no solo provee legitimidad política, sino también respaldo técnico y recursos para escalar la cadena de valor hacia baterías.
Como analista del sector, veo que la iniciativa tiene virtudes claras. Permite desbloquear capital privado nacional, aporta capacidades técnicas locales, y podría acelerar la transición energética con soberanía. Pero hay obstáculos reales: la voluntad política del gobierno federal, la claridad jurídica sobre el rol de LitioMx, y la transparencia del fideicomiso. Además, será fundamental proteger derechos de comunidades locales y cumplir criterios ambientales rigurosos.
El litio es un elemento crítico para la electromovilidad y el almacenamiento de energía renovable. Si México logra estructurar una política de coinversión consciente del rol del Estado, puede posicionarse como suministrador confiable en cadenas globales de baterías. En ese contexto, el experimento de Sonora y Chihuahua podría marcar el camino hacia una política energética más autónoma y competitiva.
