Una resolución ambiental de alto impacto ha sacudido al sector minero en Ecuador. El gobierno de Daniel Noboa ha revocado la licencia ambiental al proyecto aurífero Loma Larga, operado por la canadiense DPM Metals, tras intensas presiones sociales y políticas en la provincia de Azuay. La medida, anunciada oficialmente el pasado sábado, responde a preocupaciones técnicas y ambientales sobre los riesgos que la operación minera representaría para una de las principales fuentes de agua del sur andino: la reserva de Quimsacocha.
El Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador explicó que la decisión se fundamenta en informes presentados por las autoridades de Cuenca y Azuay, responsables de los sistemas de agua potable y riego de la región. En el comunicado emitido, el gobierno reafirmó su “compromiso con los derechos de la naturaleza y la defensa de las fuentes hídricas”, subrayando el principio de precaución como eje rector para garantizar el bienestar de las poblaciones locales.
Cuenca, tercera ciudad más poblada del país, ha sido durante años el epicentro de un movimiento ambientalista que ha puesto freno a varios intentos de expansión minera en su territorio. El alcalde Cristian Zamora celebró públicamente la revocación de la licencia, recordando que la oposición a Loma Larga no es reciente ni improvisada. “Ha sido una lucha de décadas”, expresó ante una multitud que lo aclamó como uno de los protagonistas de esta victoria ambiental.
Loma Larga, ubicado a más de 3.000 metros de altitud en plena cordillera andina, es un yacimiento de oro, plata y cobre que prometía una inversión inicial de 419 millones de dólares. Su proyección de producción superaba los 200 mil onzas de oro anuales durante sus primeros cinco años de operación. A pesar de ese potencial económico, el proyecto no logró superar el escepticismo técnico y la oposición local.
La empresa operadora, DPM Metals —subsidiaria de la canadiense Dundee Precious Metals—, adquirió el proyecto en 2021 como parte de su estrategia de expansión en América Latina. Desde entonces, enfrentó una serie de obstáculos normativos y sociales. En agosto pasado, el propio gobierno ecuatoriano había suspendido temporalmente las actividades del proyecto hasta que la empresa entregara un plan de manejo ambiental detallado. Sin embargo, la licencia ambiental había sido emitida apenas un mes antes, lo que desató críticas por parte de líderes comunitarios y académicos que calificaron esa contradicción como una falta de coherencia gubernamental.
Uno de los puntos más sensibles para la comunidad fue la ubicación del proyecto dentro de una zona ambientalmente frágil: el ecosistema de páramo. La reserva de Quimsacocha, donde se desarrollaría Loma Larga, abarca más de 3,200 hectáreas de altiplano húmedo, hogar de numerosas especies endémicas y, sobre todo, fuente vital de agua para miles de habitantes de Cuenca y cantones aledaños. Las nacientes allí ubicadas alimentan tres cuencas hidrográficas clave para el sur del país: Tarqui, Yanuncay y Tomebamba.
La polémica no es nueva. Desde hace más de 15 años, colectivos ciudadanos, organizaciones campesinas y universidades han advertido sobre el impacto potencial de la minería metálica en los páramos andinos. Los argumentos van desde la destrucción de la cobertura vegetal que retiene el agua, hasta la posibilidad de contaminación por metales pesados en los cuerpos hídricos.
Pero también hay otra cara. Ecuador, a pesar de su riqueza geológica, ha desarrollado muy poco su industria minera a gran escala. Apenas dos proyectos están actualmente en operación: Fruta del Norte, de la canadiense Lundin Gold, y Mirador, a cargo de la empresa china Ecuacorriente. Ambos han representado ingresos fiscales importantes para el país, en un contexto de déficit fiscal y necesidad urgente de divisas.
Desde una perspectiva de desarrollo económico, resulta evidente que Ecuador enfrenta una disyuntiva compleja: proteger su biodiversidad o aprovechar su potencial minero. El caso de Loma Larga es un ejemplo concreto de cómo esa tensión se resuelve, al menos por ahora, a favor del agua. Sin embargo, no se trata de un cierre definitivo, pues aún podrían existir caminos legales para la empresa, como arbitrajes internacionales, dado que se trata de una inversión extranjera con expectativas legítimas bajo tratados bilaterales.
Es indispensable observar cómo reacciona el mercado y, sobre todo, qué mensaje se envía a futuras inversiones mineras. Desde el punto de vista técnico, el cierre de proyectos en etapas avanzadas —cuando ya se han comprometido recursos y estudios— puede desalentar la exploración minera responsable, que sí es posible con regulación rigurosa y participación comunitaria efectiva.
Queda entonces la pregunta abierta: ¿puede Ecuador avanzar hacia una minería sustentable que conviva con la protección de su riqueza hídrica? Países como Chile y Perú han encontrado modelos intermedios que, si bien imperfectos, permiten extraer minerales con altos estándares ambientales. ¿Será capaz Ecuador de trazar su propio camino?
Lo cierto es que el debate no termina con la revocación de esta licencia. Por el contrario, apenas comienza una nueva etapa en la que Estado, comunidades y empresas tendrán que sentarse a redefinir las reglas del juego en un país donde la minería es promesa, pero también conflicto.
