En el corazón del Valle de Jequitinhonha, donde el litio ha comenzado a perfilarse como una de las grandes promesas económicas para Brasil, las tensiones entre desarrollo y derechos sociales han escalado. Esta semana, la Fiscalía Federal (MPF) solicitó a la Agencia Nacional de Minería (ANM) la suspensión inmediata de todos los proyectos de litio en la región de Araçuaí y sus municipios vecinos, aludiendo a graves omisiones en la consulta a comunidades locales y a impactos ambientales ya documentados.
La solicitud tiene un trasfondo contundente: las autoridades federales afirman que empresas como Atlas Lithium y Sigma Mineração avanzaron en sus operaciones sin cumplir con los principios básicos del consentimiento libre, previo e informado. Esos principios no solo son un requisito ético, sino una obligación legal para cualquier proyecto que afecte territorios habitados por pueblos indígenas, comunidades quilombolas o pobladores tradicionales.
El Ministerio Público no solo señala fallas formales. En su comunicado, cita informes técnicos que revelan consecuencias tangibles y preocupantes. En Calhauzinho y Passagem da Goiaba, comunidades rurales del municipio de Araçuaí, se han registrado cortes en el suministro de agua causados por obras viales del proyecto Neves, operado por Atlas Lithium. Las tuberías comunales, frágiles y vitales, fueron afectadas por maquinaria pesada. Aunque no hay evidencias públicas de acciones correctivas por parte de la empresa, el impacto ya se siente entre las familias que dependen de esas redes para sus actividades diarias.
El contexto geográfico no es menor. El Valle de Jequitinhonha, una de las zonas más pobres del país, también es una de las más ricas en litio, componente esencial para baterías de autos eléctricos y almacenamiento energético. La promesa de desarrollo económico ha atraído inversiones millonarias y atención internacional, pero también ha reavivado viejos fantasmas sobre el trato que reciben las comunidades rurales frente a los intereses extractivos.
Sigma Mineração, subsidiaria de Sigma Lithium, tampoco escapó al escrutinio. Un análisis técnico del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de su proyecto Grota do Cirilo, realizado en 2021, detectó deficiencias severas en la gestión de agua. El informe advierte que las dos minas a cielo abierto previstas podrían alterar el cauce del arroyo Piauí, fuente principal de agua para los habitantes de Araçuaí e Itinga, especialmente en temporadas de sequía.
El pronunciamiento de la Fiscalía deja claro que si la ANM no acata la recomendación en un plazo de 20 días, se iniciarán medidas legales. La pausa solicitada en los permisos incluye tanto la revisión de licencias ya otorgadas como la suspensión de nuevos permisos, hasta que se realicen consultas adecuadas.
Esta controversia pone en el centro del debate un dilema de largo aliento en América Latina: ¿puede haber una minería verdaderamente sustentable sin participación efectiva de las comunidades? Mientras las autoridades analizan los próximos pasos, la minería del litio en Brasil entra en una fase de introspección obligada.
Aunque este tipo de tensiones puede parecer un obstáculo al desarrollo, también representa una oportunidad para fortalecer las bases sociales de la industria minera. A largo plazo, integrar a las comunidades en las decisiones no solo es una obligación moral y legal, sino una estrategia inteligente para asegurar la viabilidad de los proyectos. La falta de consulta puede frenar inversiones, desatar conflictos y dañar la reputación de una industria clave para la transición energética.
Es crucial subrayar que el litio sigue siendo un mineral estratégico. Su aprovechamiento responsable podría transformar regiones marginadas como Jequitinhonha, generando empleos, infraestructura y desarrollo. Pero ese potencial solo se materializará si los actores públicos y privados priorizan el respeto a los derechos territoriales y ambientales.
Ni Atlas Lithium ni Sigma Lithium respondieron a las solicitudes de comentarios al cierre de esta nota. En cambio, el silencio empresarial contrasta con el ruido creciente de las comunidades que exigen ser escuchadas. La respuesta del Estado en las próximas semanas marcará un precedente no solo para Brasil, sino para toda la región.
