La República Democrática del Congo (RDC), principal productor mundial de cobalto, sopesa extender por al menos dos meses más la prohibición a las exportaciones del metal, mientras trabaja en la implementación de un sistema de cuotas que reemplace la suspensión vigente. Así lo revelaron fuentes con conocimiento directo de las discusiones al interior del Ministerio de Minas.
El veto, impuesto inicialmente en febrero y extendido en junio, expira este domingo 21 de septiembre. Sin embargo, funcionarios del gobierno señalan que el entorno actual no es propicio para levantar completamente la medida. Aunque los precios del cobalto han mostrado señales de recuperación —pasando de los $10 a $16 dólares por libra en el mercado COMEX—, el gobierno argumenta que aún se necesita tiempo para estabilizar el mercado y estructurar un mecanismo de control de oferta más sostenible.
Según un funcionario de alto rango del Ministerio de Minas, la propuesta busca dos objetivos: consolidar la recuperación del precio y evitar un nuevo exceso de oferta que vuelva a presionar a la baja. La iniciativa, que aún requiere la aprobación de la Presidencia, ha generado tensiones dentro del sector, especialmente entre los gigantes Glencore y CMOC Group, los dos principales actores en el mercado congoleño del cobalto.
En un contexto de creciente demanda global por metales estratégicos, el cobalto se ha convertido en un insumo clave para la fabricación de baterías eléctricas, en particular para vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento energético. La República Democrática del Congo concentra más del 70% del suministro mundial, lo que la coloca en una posición estratégica dentro de la transición energética global.
No obstante, esta ventaja comparativa ha estado históricamente empañada por desafíos estructurales. La participación de la minería artesanal —fuertemente informal y con escasa supervisión— representa una porción significativa de la producción nacional. Esta situación complica cualquier intento de establecer mecanismos regulatorios como el sistema de cuotas que actualmente se está discutiendo.
El Ministerio de Minas ha sostenido reuniones con altos ejecutivos del sector, incluida una mesa de trabajo encabezada por el ministro el jueves pasado. La prioridad, según fuentes de la industria, es diseñar una asignación proporcional que permita un flujo regulado de exportaciones sin inundar el mercado ni perjudicar a los productores formales.
Glencore, el segundo mayor productor mundial de cobalto y uno de los actores dominantes en Katanga, ha respaldado la idea de un sistema de cuotas. Desde su perspectiva, la regulación podría brindar mayor previsibilidad a los precios y favorecer una competencia más equilibrada. Por el contrario, CMOC Group —la minera china con la mayor producción de cobalto global— se ha mostrado reticente, y según fuentes del sector, ha cabildeado activamente para que se levante el veto sin condiciones.
El contraste en las posiciones de ambos gigantes no es trivial. Mientras Glencore tiene una visión orientada a la estabilización del mercado a mediano plazo, CMOC apuesta por un enfoque de volumen, aprovechando economías de escala y contratos preferenciales con empresas chinas fabricantes de baterías. Esta diferencia estratégica influye de forma directa en la balanza del mercado internacional.
Un análisis reciente del Silverado Policy Accelerator, un centro de estudios estadounidense, cuestionó la efectividad del veto en su estado actual. Según el organismo, la prohibición no ha logrado reducir la oferta ni recuperar los precios de forma sostenida. Desde su óptica, levantar el veto sin un sistema de sustitución podría tener efectos igualmente limitados.
La situación se enmarca también en un contexto político y social volátil. La RDC continúa lidiando con la violencia en su región oriental, donde enfrentamientos entre el ejército y el grupo rebelde M23 han desplazado a cientos de miles de personas. Las autoridades atribuyen parte del conflicto a la explotación ilegal de minerales, incluidos el oro, el coltan y, en menor medida, el mismo cobalto. Regular la cadena de valor minera también representa, por tanto, un intento de frenar el financiamiento de grupos armados.
No es la primera vez que el país recurre a medidas intervencionistas en su política minera. En años anteriores, el gobierno ya había modificado esquemas de regalías y endurecido los requisitos para inversionistas extranjeros. Aunque estas medidas han generado críticas por parte del sector privado, también han sido vistas como intentos legítimos de capturar más valor para el Estado en un sector históricamente dominado por intereses foráneos.
Desde una perspectiva económica, la posible extensión del veto representa un arma de doble filo. Por un lado, ayuda a contener el exceso de oferta y podría contribuir a una recuperación más sólida del precio. Por otro, mantiene una atmósfera de incertidumbre que afecta la planificación de inversión, especialmente en nuevos proyectos de exploración o expansión. En ese sentido, el resultado de las negociaciones entre el Ministerio y la Presidencia será clave para definir el rumbo del sector en los próximos meses.
A pesar de los desafíos, la RDC continúa siendo un actor indispensable en la transición energética mundial. Su rol como principal proveedor de cobalto la convierte en un punto de tensión entre distintas potencias que buscan asegurar su acceso a minerales críticos. Mientras China ha consolidado su influencia a través de empresas como CMOC, Occidente sigue intentando reposicionar su presencia, tanto a nivel empresarial como diplomático.
La pregunta de fondo no es sólo si se levantará o no el veto a las exportaciones, sino cómo el país logrará equilibrar el desarrollo económico, la soberanía sobre sus recursos y el cumplimiento de estándares internacionales de gobernanza minera. Ese equilibrio, aún frágil, es el que definirá el papel de la RDC en el nuevo orden energético global.
