En un paso decisivo para la política minero‑energética chilena, la alianza entre Codelco y SQM avanza hacia su etapa final, consolidando un modelo de gestión estatal sobre el litio del Salar de Atacama. Este acuerdo públicas‑privadas otorga a la estatal mayoritaria participación en la explotación del mineral, a cambio de que SQM conserve derechos de producción hasta 2060.
Esta alianza, impulsada desde diciembre de 2023 dentro de la Estrategia Nacional del Litio, responde al objetivo de situar a Codelco al frente del sector más estratégico del país. SQM transferirá su control mayoritario sobre las operaciones en la cuenca de Atacama, mientras Codelco fortalece su presencia, alineándose con la visión del gobierno de Gabriel Boric para asegurar un liderazgo estatal significativo en la industria.
Las autoridades anticipan cerrar la operación antes del fin del gobierno de Boric en marzo de 2026. El ministro recientemente nombrado señaló que concluir antes de esa fecha es un objetivo inmediato. Paralelamente, ya se han conseguido diversas aprobaciones regulatorias, incluyendo la autorización para que SQM incremente su producción de carbonato de litio equivalente (LCE) sin extraer salmuera adicional, gracias a mejoras tecnológicas y operacionales.
Aunque el acuerdo avanza, enfrenta oposición parlamentaria. Un informe de la Cámara de Diputados propone dejar sin efecto el acuerdo, argumentando que no se siguió una licitación pública, lo que habría privado al fisco de ingresos iniciales importantes. En paralelo, organizaciones indígenas presentaron demandas ante tribunales para detener la consulta comunitaria que realiza Corfo, aduciendo que el proceso no respeta estándares de consentimiento ni otorga información suficiente a las comunidades afectadas.
Este tipo de críticas reflejan preocupaciones sobre la opacidad en la toma de decisiones y la falta de participación ciudadana, más aún después de que la Estrategia Nacional del Litio fue impulsada bajo el lema de que “el litio es de todas y todos los chilenos” . Para algunos observadores, el modelo de alianzas público‑privadas podría haber reemplazado la promesa de una Empresa Nacional del Litio, diluyendo los mecanismos de transparencia y control ciudadano.
En el plano judicial, en 2024 la CMF determinó que el acuerdo no requiere aprobación de los accionistas de SQM, lo que fue impugnado por Tianqi. Esta empresa, con alrededor del 20 % de participación en SQM, acudió a tribunales exigiendo un voto de accionistas y mayor transparencia. Sin embargo, la Corte Suprema chilena rechazó sus apelaciones, allanando el camino para que la alianza se concretara en 2025.
Desde una perspectiva nacional, esta alianza refuerza la posición de Santiago como actor clave en la extracción global de litio, lo que resulta esencial para el desarrollo de tecnologías limpias y para la transición energética mundial. El modelo permitirá que Chile mantenga y maximice ese rol, al tiempo que se espera un crecimiento en la producción sin comprometer recursos hídricos adicionales.
Este acuerdo marca un antes y un después en el control estratégico del litio, con Codelco consolidándose como líder estatal, mientras enfrenta desafíos políticos, sociales y judiciales relevantes antes de entrar en vigor plenamente.
