A cien kilómetros al suroeste de Quito, en la región andina de Ecuador, un proyecto minero se acerca a su etapa decisiva. El desarrollo de La Plata, liderado por la canadiense Atico Mining, ha dado un paso crucial tras la firma de un Acuerdo de Protección de Inversiones (IPA, por sus siglas en inglés) con el gobierno ecuatoriano. Este instrumento, firmado oficialmente esta semana, blinda legal y fiscalmente una inversión total —actual y proyectada— de 157.9 millones de dólares estadounidenses.
El IPA no es solo un documento técnico. Representa un espaldarazo del Estado ecuatoriano a la inversión extranjera en el sector extractivo, una señal clara de apertura para el capital minero en un contexto regional donde la incertidumbre política ha enfriado múltiples iniciativas. Fue durante la convención PDAC de 2024, celebrada en Toronto, que Ecuador anunció su intención de concretar este compromiso, y ahora lo ha formalizado con una de las empresas que más ha apostado por su territorio.
El acuerdo ofrece una serie de garantías clave para Atico. En primer lugar, establece una reducción del impuesto sobre la renta en 5% durante la vigencia del contrato. También asegura acceso al arbitraje internacional en caso de controversias, y estipula protección contra la expropiación o confiscación de activos, salvo en casos excepcionales y bajo compensación justa, conforme a lo establecido por la Constitución ecuatoriana.
Desde su sede en Vancouver, Atico Mining confirmó que esta protección jurídica fortalece su planificación a largo plazo. La reacción del mercado, sin embargo, fue ambigua. Las acciones de la empresa repuntaron inicialmente tras el anuncio del miércoles, pero cerraron con pérdidas en la jornada siguiente. Para el cierre del jueves, su capitalización bursátil se ubicó en 42.3 millones de dólares canadienses, equivalentes a aproximadamente 30.6 millones de dólares estadounidenses.
Fernando Ganoza, director general de Atico, no ocultó su entusiasmo. En un comunicado, afirmó que el acuerdo es “un hito significativo” para La Plata, y destacó que el entorno estable que ahora garantiza el IPA refuerza la confianza de los inversionistas. También hizo hincapié en el compromiso de la empresa con el desarrollo sostenible y el crecimiento económico de Ecuador.
Y es que La Plata no es un proyecto menor. Consta de dos concesiones que en conjunto suman 23 kilómetros cuadrados a lo largo de un corredor mineralizado de 9 kilómetros. En esta franja se han identificado dos cuerpos tipo VMS (sulfuro masivo volcanogénico) y al menos nueve objetivos prioritarios para exploración adicional. Este tipo de depósitos suele concentrar minerales de alta demanda global, entre ellos cobre, zinc, plomo, oro y plata.
Un informe técnico de 2019 reveló que el depósito alberga 1.9 millones de toneladas de recursos con leyes promedio notables: 4.1 g/t de oro, 49.4 g/t de plata, 3.3% de cobre, 4.5% de zinc y 0.6% de plomo. Cifras que reflejan el potencial económico de una operación que, según la empresa, está a punto de obtener su licencia ambiental definitiva, uno de los últimos requisitos antes de iniciar la construcción de la mina.
Más allá de los números, el proyecto se inserta en un contexto regional complejo. Ecuador ha oscilado entre posturas ambivalentes frente a la minería: por un lado, promueve su desarrollo como vía de diversificación económica; por otro, enfrenta resistencias sociales y jurídicas, particularmente en zonas con presencia indígena o ambientalmente sensibles. La formalización de este acuerdo parece enviar una señal de voluntad política para avanzar con proyectos responsables y con respaldo internacional.
La experiencia de Atico en América Latina le da credibilidad. Su mina El Roble, en Colombia, lleva operando desde 1990 y ha sido fuente de ingresos constantes. Los flujos de caja generados por esa operación respaldarán financieramente el desarrollo de La Plata. Esa integración regional —Colombia y Ecuador trabajando en paralelo bajo un mismo operador— no solo diversifica el riesgo para la empresa, sino que también refuerza la visión de una minería continental moderna, eficiente y con estándares globales.
Uno de los aspectos más destacables de este acuerdo es la confianza mutua que supone. En un entorno donde las reglas del juego pueden cambiar con cada administración, contar con un instrumento que garantiza estabilidad legal y fiscal permite a las empresas planificar sin sobresaltos. Y para Ecuador, implica atraer capital que, de otra forma, podría dirigirse a jurisdicciones más previsibles.
Cabe recordar que el IPA no sustituye las obligaciones ambientales ni sociales que Atico debe cumplir. Pero sí crea una plataforma sólida sobre la cual avanzar. Los próximos meses serán decisivos: el otorgamiento de los permisos restantes marcará el inicio de una nueva etapa para La Plata y, quizás, para la minería ecuatoriana.
En una época donde la transición energética global depende en gran medida del acceso estable a metales estratégicos, proyectos como La Plata tienen un valor que trasciende las fronteras. El cobre, el zinc y el oro son más que commodities: son pilares de la infraestructura verde del futuro. Por eso, acuerdos como este no solo protegen capitales, sino que sientan las bases de una minería que puede ser motor de desarrollo, innovación y sostenibilidad en América Latina.
