México figura como uno de los países con mayor inseguridad en proyectos mineros. Según la Cámara Minera de México (Camimex), el 97 % de las empresas del sector han reportado haber sido víctimas de algún delito en 2025. Este alarmante dato revela una industria vulnerable ante una amplia variedad de ilícitos.
Gran parte de las afectaciones ocurre lejos de zonas urbanas. El robo hormiga, extorsión, extracción ilegal, robo de material y secuestros encabezan la lista de incidentes documentados. Además se han detectado robos de combustible, de suministros y asesinatos en puntos de traslado de minerales. Durango, Zacatecas y Guanajuato lideran el listado de entidades con más reportes.
Los impactos van más allá de los hurtos. Camimex indicó que estos delitos representan hasta un 5 % en aumento de costos y provocan hasta 7 % de mermas en la producción. Esa presión afecta directamente la rentabilidad y la percepción de riesgo entre inversionistas.
México también ocupa el lugar 84 de 86 en variables de seguridad del Fraser Institute durante 2023, lo que afecta negativamente a la inversión extranjera. Para revertir esta tendencia, la Cámara propone establecer mesas de trabajo con autoridades, mejorar el registro de denuncias y potenciar acciones preventivas localizadas en cada región.
A pesar de los riesgos, la minería permanece como una fuente potente de desarrollo. Genera empleo, aporta divisas, y mantiene cadenas vinculadas a tecnologías verdes, construcción y energías renovables. Enfrentar la inseguridad con iniciativas integrales garantiza no solo proteger activos, sino fortalecer comunidades locales y generar certidumbre para nuevos capitales.
