El gobierno peruano ha reconocido por primera vez la existencia de minería informal de cobre a gran escala, señalando que los altos precios podrían fomentar su crecimiento en el futuro cercano. La atención se centra en la mina informal Apu Chunta, operada por la comunidad indígena de Pamputa, ubicada en un área donde los derechos mineros pertenecen a la mina Las Bambas, gestionada por MMG Ltd.
Apu Chunta produce anualmente unas 30,000 toneladas métricas de cobre, valoradas en aproximadamente $300 millones. Aunque la comunidad de Pamputa posee la tierra, Las Bambas tiene los derechos sobre el mineral extraído. La empresa minera planea construir una mina a cielo abierto en la zona en la década de 2030, lo que requeriría la compra del terreno a la comunidad.
La minería informal y los conflictos entre propietarios de tierras y concesionarios se han convertido en un tema clave para la industria minera peruana. El país, tercer productor mundial de cobre y principal productor de oro en Sudamérica, enfrenta desafíos para equilibrar el desarrollo económico con la legalidad y la sostenibilidad ambiental.
El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, ha señalado que la minería informal de cobre también está en aumento en las regiones de Apurímac y Arequipa, aunque su producción sigue siendo mínima en comparación con la minería formal. Proyectos de exploración de empresas como Southern Copper Corp., First Quantum Minerals Ltd. y Teck Resources Ltd. se han visto afectados por estas actividades informales.
La formalización de la minería artesanal podría ofrecer beneficios significativos, como la mejora de las condiciones laborales, la reducción del impacto ambiental y el aumento de los ingresos fiscales. Sin embargo, el proceso enfrenta obstáculos como la falta de recursos, la burocracia y la resistencia de algunos sectores.
La situación en Apu Chunta destaca la necesidad de políticas inclusivas que reconozcan los derechos de las comunidades indígenas y promuevan la integración de la minería informal en el marco legal. Un enfoque colaborativo entre el gobierno, las empresas mineras y las comunidades locales podría transformar los desafíos actuales en oportunidades para un desarrollo más equitativo y sostenible.
