El lunes 16 de junio de 2025, el tribunal comercial de Bamako ordenó la administración estatal temporal del complejo aurífero Loulo-Gounkoto, uno de los activos más importantes de Barrick Mining. La decisión marca un punto crítico en la disputa que la minera canadiense sostiene con el gobierno de Mali sobre impuestos y derechos de propiedad en uno de los principales yacimientos de oro del país.
¿Qué motivó esta decisión judicial?
El tribunal designó como administrador provisional a Soumana Makadji, exministro de Salud de Mali. La medida, que durará seis meses, responde a una solicitud formal del gobierno, que busca reactivar la mina ante los elevados precios del oro. El complejo ha estado inactivo desde enero, luego de que el gobierno bloqueó las exportaciones y confiscó tres toneladas de oro.
La disputa se remonta al año pasado, cuando Mali promulgó un nuevo código minero que incrementa la carga fiscal y permite al Estado ampliar su participación accionaria. Barrick considera que la medida judicial es injustificada, y anunció que apelará la decisión.
Impacto en la operación y el mercado
El complejo Loulo-Gounkoto representaba un 14 % de la producción global de Barrick. La paralización de actividades ha generado un impacto considerable, tanto operativo como financiero. La compañía estima que la mina podría haber generado más de mil millones de dólares este año, aprovechando los precios récord del oro. Sin embargo, los costos de mantenimiento en inactividad ascienden a unos 15 millones de dólares mensuales.
Como resultado, Barrick ya excluyó este activo de su proyección de producción para 2025, lo que afectó sus perspectivas bursátiles. Tras la noticia del control estatal, las acciones de la minera cayeron un 0.7 % en la Bolsa de Toronto.
Proceso legal y arbitraje internacional
En paralelo a la apelación judicial en Mali, Barrick ha iniciado un proceso de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial. Allí, busca defender sus derechos contractuales e inversiones, argumentando que Mali ha violado principios de equidad y previsibilidad jurídica.
La compañía también ha solicitado medidas provisionales para frenar cualquier acción que impida la recuperación de activos o dañe irreversiblemente su operación.
Negociaciones en paralelo
Pese al conflicto legal, ambas partes mantienen canales de diálogo. El gobierno permitió a Barrick repatriar hasta el 20 % de sus ganancias a cuentas internacionales, una concesión única entre los operadores extranjeros del país. Sin embargo, persiste un desacuerdo sobre la jurisdicción legal futura: Barrick exige arbitraje internacional, mientras que Mali insiste en que las disputas se resuelvan en tribunales locales.
Claves para el futuro
El conflicto se desarrolla en un contexto más amplio de nacionalización de recursos en África. Mali busca incrementar los beneficios fiscales derivados del oro, que representa una porción sustancial de sus ingresos públicos. No obstante, la actual disputa podría generar un efecto contraproducente: desalentar nuevas inversiones extranjeras y erosionar la confianza empresarial.
El permiso de operación de Barrick en Loulo-Gounkoto vence en febrero de 2026. Esto convierte los próximos meses en un periodo clave para definir no solo el futuro del activo, sino también el modelo de relación entre Mali y los inversionistas internacionales.
Este caso pone en evidencia los desafíos que enfrentan las empresas mineras en contextos donde la legislación cambia rápidamente. Barrick Mining deberá equilibrar su estrategia legal con la diplomacia empresarial para mantener su presencia en una de las regiones auríferas más ricas del mundo. Para Mali, el reto consiste en lograr una mayor participación en los beneficios sin perder la inversión extranjera esencial para su economía.
