Canadá ya empezó a mover piezas para la revisión del T-MEC y colocó a México en el centro del tablero. Voces empresariales influyentes del oeste canadiense, con base en Calgary y Alberta, piden ajustes. Esas organizaciones reconocen la relevancia de México en las cadenas productivas, pero también suben el tono. En su diagnóstico, las políticas mexicanas en energía, minería y agricultura crean fricciones que pueden tensar la negociación.
El contexto importa. Canadá representa una proporción acotada del comercio total de México, pero el ruido político no sigue la misma escala. En cifras citadas por la propia discusión pública, Canadá aporta alrededor de 2% de las importaciones mexicanas y 3.3% de las exportaciones. Aun así, Ottawa y el sector privado canadiense buscan blindar intereses concretos rumbo a la revisión.
La presión llega en un momento delicado para Norteamérica. En 2025, México consolidó su lugar como principal socio comercial de Estados Unidos, con exportaciones récord hacia ese mercado. Esa posición fortalece a México, pero también eleva el escrutinio sobre su marco regulatorio. Cuando una economía se vuelve pieza clave, sus reglas también se vuelven tema regional.
El primer frente que Canadá pone sobre la mesa gira alrededor de la energía. La Cámara de Comercio de Calgary y el Business Council of Alberta describen un entorno que favorece a empresas estatales mexicanas, con Pemex como símbolo. En su lectura, ese sesgo reduce el acceso de capital extranjero y limita oportunidades para compañías canadienses. El señalamiento no critica la presencia del Estado, sino la falta de condiciones parejas y previsibles.
A esa inquietud se suma un tema técnico, pero decisivo, para quien invierte: la protección ante controversias. El empresariado de Alberta subraya que el T-MEC acota el arbitraje inversionista-Estado en varios supuestos, incluido el energético, y eso cambia el balance de riesgo. Cuando el contrato vive en un entorno regulatorio cambiante, la cobertura jurídica pesa. La discusión no se queda en abogados; termina en comités de inversión.
Canadá también impulsa una agenda que suena más cooperativa que punitiva. Calgary plantea que la revisión del T-MEC debería corregir distorsiones para facilitar cooperación en energía de bajas emisiones. Ahí entran captura y almacenamiento de carbono, hidrógeno, e incluso proyectos nucleares, según esa postura. El argumento busca competitividad regional frente a otros bloques que avanzan con reglas más estables.
El segundo frente se amarra a la minería y, en específico, a los minerales críticos. Alberta y Calgary colocan el litio, el cobalto y otros insumos estratégicos como piezas centrales. Los conectan con baterías, vehículos eléctricos, tecnologías avanzadas y sistemas de defensa. Con esa lógica, piden usar el T-MEC como plataforma para cadenas de suministro integradas y menos dependientes de China.
En ese punto, el reclamo se vuelve directo. Las organizaciones citan el control estatal de las reservas de litio en México como barrera para una integración plena. También expresan temor ante un “atajo” corporativo: filiales en México que den acceso al mercado norteamericano a capital chino. Por eso empujan reglas de origen más estrictas y una aplicación más severa de disposiciones laborales.
Aquí vale una precisión desde el ángulo minero. México sí puede ganar mucho si integra su minería a la estrategia industrial norteamericana, pero necesita certidumbre. La región compite por inversión para exploración, ingeniería, procesamiento y manufactura. Si México ofrece reglas claras, puede capturar más valor que la simple extracción. Esa ruta también abre espacio para mejores prácticas ambientales y trazabilidad, que hoy piden automotrices y tecnológicas.
El tercer frente llega desde el campo, con la canola como irritante principal. Calgary y Alberta cuestionan la prohibición mexicana a la importación de canola genéticamente modificada. La consideran una barrera no arancelaria incompatible con el espíritu del T-MEC. También advierten que la medida fija un precedente que erosiona un comercio basado en evidencia científica.
Lo llamativo es que, en paralelo a las alertas, México y Canadá también empujan una ruta de acercamiento. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el ministro canadiense Dominic LeBlanc hablaron de un plan de acción bilateral. Ese plan busca ampliar inversión, facilitar comercio y reducir obstáculos regulatorios, con foco en minerales críticos e infraestructura. Ambos gobiernos apuntan a presentarlo en el segundo semestre de 2026, mientras la revisión del T-MEC asoma en el calendario.
Ese doble carril, presión y cooperación, define el momento. Canadá no quiere romper el acuerdo; quiere renegociar espacios y cerrar “zonas grises”. México tampoco puede tratar el tema como un choque menor. La revisión del T-MEC funciona como termómetro de confianza, y la confianza mueve inversión, empleo y tecnología.
Desde mi punto de vista, México tiene una oportunidad si evita una postura defensiva automática. La respuesta más eficaz no pasa por slogans, sino por reglas verificables. En energía, el país puede explicar su modelo, pero también puede ofrecer claridad regulatoria y cronogramas realistas. En minería, el reto consiste en compatibilizar la rectoría del Estado con incentivos que atraigan capital y conocimiento. En agricultura, el país necesita sostener sus decisiones con argumentos técnicos robustos, para no regalar flancos comerciales.
También conviene ver el lado pragmático. México y Canadá no solo discuten aranceles; discuten cadenas de suministro. Eso incluye puertos, logística, seguridad, trazabilidad y cumplimiento. Si México consolida una minería responsable y conectada a manufactura regional, la conversación cambia. En lugar de “lista negra”, aparece un portafolio de proyectos con beneficios compartidos, y eso pesa en cualquier mesa del T-MEC.
!ATENCIÓN CANADIENSES ¡ en el tratado pedir que se autoricen nuevas solicitudes de concesiones mineras.