El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a combustibles es uno de los ingresos más relevantes para el Gobierno federal mexicano. A pesar de ello, su distribución entre los estados muestra un desequilibrio importante que afecta las finanzas públicas de las entidades que más lo consumen, pero no necesariamente lo recaudan.
Entre 2018 y 2023, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) reportó que tres entidades federativas concentraron más del 78% de la recaudación del IEPS por concepto de gasolinas y diésel: Ciudad de México, con el 41.6%; Veracruz, con el 26.6%; y Tamaulipas, con el 10.6%. A primera vista, parecería lógico que estas entidades fueran las principales beneficiarias de las participaciones federales derivadas de este impuesto. Sin embargo, la realidad es otra.
El IEPS no se distribuye según el consumo real
Una de las principales razones de esta discrepancia es que el IEPS se recauda con base en el domicilio fiscal de las empresas distribuidoras de combustible. Muchas de estas compañías, incluidas las grandes comercializadoras privadas y Petróleos Mexicanos (Pemex), tienen sus oficinas administrativas en la Ciudad de México, Veracruz o Tamaulipas, lo que concentra artificialmente la recaudación en esos puntos.
Sin embargo, eso no significa que esos estados sean los principales consumidores de combustibles. Por ejemplo, el Estado de México, con el 16.6% de los vehículos en circulación del país, y Jalisco, con el 7.9%, registraron una proporción promedio de apenas 0.0% en la recaudación del IEPS entre 2018 y 2023. Esto indica una disociación total entre consumo y recaudación, generando inequidad en la redistribución de los ingresos.
¿Cómo se redistribuye el IEPS?
Durante el periodo de 2018 a 2023, el gobierno federal transfirió un total de 142,894.8 millones de pesos a las entidades federativas derivados del IEPS a gasolinas y diésel. De esta cifra, 116,912.2 millones de pesos (82%) se entregaron en forma de participaciones ordinarias. El 18% restante, 25,982.6 millones de pesos, fue canalizado a través del Fondo de Compensación del IEPS (Foco).
Este fondo fue creado en 2007 con el objetivo de mitigar los impactos negativos por la disminución de ingresos petroleros y fortalecer las finanzas estatales. Los recursos del Foco se deben utilizar exclusivamente en proyectos de infraestructura vial, movilidad urbana, obras hidráulicas y protección ambiental. Es decir, tienen un destino etiquetado que limita su uso discrecional.
Durante esos seis años, un total de 13 entidades federativas recibieron recursos del Foco, aunque solo nueve los obtuvieron de manera constante. Esta selectividad refuerza la percepción de que el modelo actual favorece a ciertos estados por encima de otros, sin que existan criterios visibles de consumo o necesidades específicas.
El caso de Tamaulipas: un doble filo
Un ejemplo emblemático es Tamaulipas. Este estado fronterizo recaudó más del 10% del total del IEPS entre 2018 y 2023, lo que parecería indicativo de un alto consumo. Sin embargo, buena parte de esta recaudación proviene de la actividad de importación de combustibles por empresas establecidas en Reynosa y otros municipios fronterizos. Es decir, no es consumo interno, sino tránsito y logística.
Este tipo de situaciones complejiza aún más la correcta interpretación de los datos y pone sobre la mesa la necesidad de replantear los criterios de distribución, considerando factores como el número de vehículos, kilómetros recorridos por entidad y nivel de desarrollo económico.
¿Por qué importa esta desigualdad?
La correcta distribución del IEPS tiene implicaciones profundas en las finanzas estatales. Las participaciones federales representan una fuente vital de ingreso para los estados, especialmente aquellos con menor capacidad recaudatoria local. Si el IEPS no se distribuye con base en el consumo real, se perpetúan desigualdades estructurales entre entidades que tienen alta demanda energética y aquellas que solo concentran las sedes administrativas de las grandes comercializadoras.
Además, esta distribución ineficiente limita la capacidad de los gobiernos locales para invertir en infraestructura que permita una movilidad más eficiente o una mejor calidad del aire, especialmente en zonas metropolitanas con alto consumo de combustibles fósiles.
Propuestas para una distribución más justa
Algunos expertos han sugerido que se rediseñe el mecanismo de distribución del IEPS incorporando indicadores de consumo real, como el parque vehicular registrado, el consumo estimado por habitante y la infraestructura logística de cada estado. También se ha propuesto que las entidades puedan participar en la fiscalización y trazabilidad del IEPS para garantizar que los datos reflejen el uso territorial del combustible.
Por otro lado, se requiere una mayor transparencia en los criterios de asignación del Fondo de Compensación, incluyendo la posibilidad de ampliar su cobertura a más entidades y permitir cierta flexibilidad en el uso de los recursos, siempre que se mantenga el objetivo de sostenibilidad y desarrollo urbano.
Beneficios de una distribución más equitativa
Una distribución más equitativa del IEPS no solo fortalecería las finanzas estatales, sino que también incentivaría un mayor control local sobre la eficiencia del uso de los combustibles. También permitiría a los gobiernos locales implementar políticas públicas más eficaces en transporte, infraestructura y medio ambiente, directamente relacionadas con el impacto del consumo de combustibles fósiles.
Además, corregir esta desigualdad ayudaría a evitar tensiones políticas y sociales, particularmente en estados altamente motorizados que hoy no reciben una compensación proporcional a su consumo.
