Los asesores del presidente entrante de Estados Unidos, Donald Trump, le recomiendan que renuncie a las revisiones medioambientales de los proyectos de minerales críticos financiados con fondos federales para impulsar la producción nacional de materiales utilizados en vehículos eléctricos, electrónica y armas, según un documento visto por Reuters.
La implementación reflejaría un cambio importante en la forma en que Washington revisa las minas propuestas en tierras federales y tiene como objetivo garantizar que los proyectos que reciben préstamos, subvenciones u otro tipo de apoyo gubernamental puedan ayudar a Estados Unidos a reducir la dependencia de China, el mayor minero y procesador de litio, cobalto y otros minerales críticos del mundo.
Los asesores, encargados por el equipo de transición de Trump de desarrollar ideas políticas en torno a las cadenas de suministro de vehículos eléctricos, instaron a Trump a renunciar a los requisitos de la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA) para acelerar la concesión de permisos y revisiones de construcción para la producción de minerales críticos, baterías e imanes, mostró el documento. La NEPA se aplica a proyectos en terrenos federales.
Trump tomará posesión de su cargo el 20 de enero.
Jason Miller, un asesor principal de la transición, dijo que Trump no ha indicado su postura sobre el tema y señaló que las recomendaciones provienen de «personas ajenas que no tienen ningún papel en el trazado de la política de la administración.»
Trump prometió a menudo en campaña recortar lo que considera extralimitaciones burocráticas. La semana pasada, dijo que agilizaría los permisos para cualquier empresa que invirtiera más de 1.000 millones de dólares en Estados Unidos. La mayoría de las minas propuestas en el país cuestan más que eso.
Promulgada por primera vez en 1970, la NEPA es la ley ambiental fundamental de Estados Unidos, que exige la revisión de los grandes proyectos que reciben permisos o financiación federales. La ley puede implicar la revisión de numerosas agencias federales y no está supervisada por ninguna oficina o funcionario, lo que aumenta su complejidad.
Las revisiones de la NEPA son impugnadas con frecuencia, y los litigios pueden retrasar la construcción de proyectos durante años, para consternación de las empresas mineras y los funcionarios republicanos. Un presidente no puede limitar unilateralmente las demandas contra proyectos mineros, aunque podría colaborar con el Congreso para hacerlo.
Los proyectos estadounidenses de minerales críticos propuestos por Antofagasta, Rio Tinto, BHP, Perpetua Resources y otros han estado en revisión regulatoria durante más de una década.
Durante su primer mandato, Trump y el entonces Secretario de Interior David Bernhardt limitaron las revisiones de la NEPA a no más de 300 páginas y dijeron que deberían hacerse más rápido, describiendo el proceso como «innecesariamente complejo.» Esos cambios se revirtieron bajo la presidencia de Joe Biden.
Si Trump adopta las recomendaciones, podría acelerar miles de millones de dólares en proyectos respaldados por el gobierno federal, incluidas minas de litio e instalaciones de procesamiento. Esto podría ayudar a igualar las condiciones con su rival China, que ha dominado los mercados mundiales con suministros de metales baratos y ha bloqueado las exportaciones de algunos materiales a Estados Unidos.
Los grupos conservacionistas y ecologistas sostienen que la NEPA ayuda a garantizar que se escuchen todas las voces cuando se concede el acceso a tierras federales, y que las consideraciones sobre el cambio climático y la justicia ambiental formen parte del proceso de revisión.
Además, algunos grupos conservacionistas se han quejado de que Washington aprueba de facto las minas cuando se conceden subvenciones o préstamos federales y se salta el proceso de revisión de la NEPA.
Las empresas mineras no pagan cánones a Washington cuando extraen metales de tierras federales, una peculiaridad de la legislación federal derivada de la Ley General de Minería de 1872. Las petroleras, en cambio, pagan cánones cuando operan en terrenos federales.
Trump apoyó ampliamente la minería durante su primer mandato y aprobó minas de Lithium Americas y otras, pero tomó medidas para bloquear un importante proyecto minero en Alaska de Northern Dynasty Minerals.
El presidente entrante ha insinuado otras acciones que podrían ayudar a los mineros estadounidenses, incluida la imposición de aranceles a todos los materiales de baterías a nivel mundial, con exenciones negociadas para los aliados.
Varias mineras estadounidenses han dicho que preferirían que se reformara el proceso de concesión de permisos en lugar de imponer aranceles de forma generalizada, una medida que, según un ejecutivo de Reuters, reflejaría un enfoque de «mazazo» a las cuestiones comerciales.
