A partir de hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha implementado una medida crucial que afecta la industria minera en México. A través del acuerdo 3/2024, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la SCJN ordena a los tribunales del país suspender temporalmente el dictado de resoluciones sobre amparos y recursos en contra de la reforma de 2023 a la Ley Minera. Este acuerdo será vigente hasta que la propia SCJN determine la constitucionalidad de dicha reforma.
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La decisión de la SCJN fue acordada en una sesión privada el 11 de julio de 2024. Actualmente, la Corte tiene pendientes 11 recursos relacionados con esta reforma, entre ellos la acción de inconstitucionalidad 129/2023 y la controversia constitucional 86/2024, así como varios amparos en revisión. La SCJN ordena que en casos donde haya contradicciones de criterios o análisis de constitucionalidad sobre la reforma de la Ley Minera y otras leyes relacionadas, los tribunales deberán continuar el trámite hasta la etapa de resolución. Sin embargo, el dictado de la resolución debe aplazarse hasta que la SCJN establezca los criterios pertinentes y emita un acuerdo general.
El decreto impugnado introduce varias modificaciones importantes: reducción de concesiones mineras de 50 a 30 años, prohibición de otorgar concesiones en áreas naturales protegidas y zonas peligrosas para la población, restricciones en áreas sin disponibilidad de agua, y la reserva al Estado de la exploración y explotación de minerales y sustancias estratégicas. Estas medidas buscan equilibrar la actividad minera con la protección ambiental y la seguridad de la población, aunque han generado controversia y desafíos legales.
Las reacciones ante esta medida han sido diversas. Por un lado, defensores del medio ambiente y comunidades afectadas celebran las restricciones, mientras que la industria minera y sectores empresariales expresan preocupaciones sobre la seguridad jurídica y la inversión. Las empresas mineras argumentan que la reducción en la duración de las concesiones y las restricciones adicionales podrían afectar la viabilidad de proyectos a largo plazo y la competitividad de México en el sector minero global.
La decisión de la SCJN de congelar las resoluciones relacionadas con la reforma a la Ley Minera subraya la importancia de un análisis profundo y riguroso de su constitucionalidad. La resolución final de la SCJN establecerá precedentes cruciales para la regulación de la minería en México y el equilibrio entre desarrollo económico y sostenibilidad ambiental.
